CERCO INTERNACIONAL AL GOBIERNO

Juan Páez Ávila

11-08-2017
 

Con la decisión de Mercosur de expulsar a Venezuela de ese organismo internacional por no cumplir con la normativa democrática establecida como obligatoria, Protocolo de Ushuaia, para poder ser miembro del mismo, más la declaratoria de 17 países del continente americano, de considerar que el gobierno de Nicolás Maduro alteró el orden constitucional, se profundiza el aislamiento de nuestro país del mundo democrático, porque la repercusión de esa medida, de inmediato fue respaldada por otras naciones europeas.


El desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente por ilegítima, violatoria de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y el reconocimiento a la Asamblea Nacional que preside Julio Borges, como la Carta Magna vigente y legítima, le crea un cerco político, pero fundamentalmente económico, que le cierra toda posibilidad de realizar algún contrato internacional, al gobierno de Maduro, sin la aprobación de la Asamblea Nacional.


Con la condena de la violencia oficial, a la persecución a los líderes opositores,  a la existencia de presos políticos y el respaldo a la Fiscal General de la República, de los que son solidarios la OEA, la ONU y la Comunidad Europea, Maduro se enfrentará en los próximos meses a una presión de dimensiones difíciles de resistir, sin avenirse a alguna negociación que conduzca al restablecimiento del Orden Constitucional.

           
Y aunque Nicolás Maduro piense que los cubanos resistieron un embargo por parte de los Estados Unidos, cuando tenían el apoyo de la Unión Soviética y de la mayoría de los países comunistas del universo, hoy existe una nueva correlación de fuerzas, desapareció prácticamente el comunismo  y la tendencia es a consolidar la democracia.


Todo parece indicar que este nuevo panorama político y económico mundial le resultará muy difícil a Maduro de derrotar. Se trata del 80% de los venezolanos que rechazan su administración por incompetente, hambreadora de la mayoría de la población nacional y por la violación de los Derechos Humanos; de una cantidad de países latinoamericanos ampliamente mayoritaria  que han expresado su rechazo a la política represiva  y criminal del régimen; a los Estados Unidos que ha comenzado a sancionar la cúpula militar civil que tiende a controlar todas las instituciones del país e imponer una dictadura; a la OEA que ya se enrumba a aplicarle la Carta Democrática Interamericana; a la ONU que se ha pronunciado contra la violación a los Derechos Humanos y por una negociación pacífica que conduzca al restablecimiento del Orden Constitucional; a la Unión Europea que prepara sanciones contra su régimen.


Ese cerco internacional, aunque el mayor esfuerzo es y debe ser de los venezolanos, crea las condiciones para obligar a Maduro a respetar la Constitución Nacional o de lo contrario a profundizar el conflicto que hoy viven los venezolanos, que tarde o temprano lo llevará su derrota.


El compromiso de todos los países democráticos del mundo occidental, de hacerle un seguimiento a la crisis venezolana, hasta coadyuvar a la oposición a buscar una solución pacífica, apunta hacia una solución en el menor tiempo posible, pero de no logarse los llevaría a  plantearla en la próxima reunión de la ONU con la finalidad de lograr otros apoyos y perseverar en una salida negociada y democrática.


 

jpaezavila@gmail.com




LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES

Juan Páez Ávila

05-08-2017

El gobierno nacional a través  de su Consejo Nacional Electoral (CNE) ha ordenado realizar elecciones para gobernados de los Estados durante el mes de diciembre, lo cual aparentemente permitiría realizar una larga discusión entre los partidos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acerca de si participan o no en las mismas,  pero le ha montado un nuevo obstáculo, al decidir que las inscripciones de los candidatos debe realizarse entre el 8 y el 10 de este mes de Agosto. No hay tiempo para mucho debate en la oposición: inscribe sus candidatos en la fecha fijada por el gobierno o deja en manos del oficialismo todas las gobernaciones, algo parecido a lo que sucedió en el 2005 cuando se abstuvo de concurrir a las elecciones legislativas, y el gobierno copó todas las curules, con las consecuencias que todos conocemos y que sufre mayoritariamente el sector más pobre del pueblo.


Y aunque el dilema de participar o no en dichas elecciones no resulta fácil de resolver, por la tendencia  de un buen sector de la oposición, que desde ya denuncia como una traición concurrir a las mismas, porque consideran que es incompatible con la lucha de calle, que ha cobrado más de un centenar de muertos, y que debe continuar presionado al gobierno hasta que Maduro abandone el poder. Pero cuando se plantea el peligro de entregarle al régimen todas las gobernaciones, surgen dudas y diversas interrogantes. Todo parece indicar que además de mantener la protesta cívica, constitucional, en las calles, se debe aceptar el reto del gobierno, fundamentalmente porque quien tiene la mayoría de los votos es la oposición, mientras la cúpula militar cívico posee la mayoría de los bombas lacrimógenas, las armas y la violencia institucional, responsable del centenar de muertos caídos en los últimos meses, además de los grupos paramilitares que actúan con la complicidad de la Policía Nacional y de la Guardia Nacional.


Una dirección política en momentos tan cruciales como los que atraviesa el país, según la experiencia mundial, no puede descartar ninguna forma de lucha. Los responsables de conducir la nación están obligados a una seria reflexión, en el menor tiempo posible, acerca de las formas de combate aplicadas en un momento determinado, obedeciendo a una estrategia única, que como todos lo han planteado se trata de rescatar el orden constitucional.

De la retórica indispensable para entusiasmar a las multitudes, de la fe en la victoria y de la creencia en que el régimen está caído ya, con todo el respaldo militar que has ostentado hasta hoy, hay que pasar a una evaluación realista del momento político que atraviesa el país, para acercar lo más posible el triunfo de la democracia. El secuestro de Leopoldo López y Antonio Ledezma, unido a centenares de otros presos políticos y la violación de los Derechos Humanos de miles de detenidos en las manifestaciones o los asaltos a hogares sin orden judicial, obligan no  sólo a reafirmar principios y valores democráticos, sino también a acertar en las batallas cívicas del momento. El gobierno de Maduro está cada día más cercado por el mundo democrático que desconoce la espuria Constituyente con la que pretende perpetuarse en el poder, y más del 80% de los venezolanos ha manifestado su repudio a su administración del hambre, de la inflación y de la inseguridad en la que vive la mayoría de la población. Pienso que la dirigencia política de la oposición debe discutir, incluso, la posibilidad de una negociación que abra el camino al rescate de la Constitución Nacional.


 

jpaezavila@gmail.com




NAUFRAGIO DEL SOCIALIAMO DEL SIGLO XXI
Juan Páez Ávila

30-07-2017

Cualquiera sea el resultado electoral de la inconstitucional Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro y no por el pueblo venezolano, el llamado socialismo del Siglo XXI, después de 18 años de políticas equivocadas, que condujeron al fracaso a todos los regímenes socialistas durante el siglo XX, naufragará sin muchas posibilidades de salvarse a corto o mediano plazo.


Sobre este tema escribí en artículo anterior: La capacidad de maniobra del gobierno de Nicolás Maduro sufre un desgaste  casi total, cuando no sólo ha perdido la credibilidad al llamar al regreso a la Mesa del Diálogo, sin que nadie se dé por aludido, sino que también parece que su accionar político se reduce al uso de la represión, a la amenaza a sus adversarios y al delirante  y fantasioso recurso del supuesto peligro de una invasión por parte de una potencia extranjera.


La Mesa  de la Unidad Democrática (MUD) le ganó la calle y sobre todo se ha hecho de un mayor respaldo de la sociedad civil, cada día que avanza en su propósito de obligarlo a cumplir los acuerdos aprobados en la última reunión del diálogo promovido por UNASUR  y el Vaticano, que comprende la  liberación de los presos políticos, el reconocimiento a las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, la apertura de una canal humanitario internacional para ayudar a millones de hambrientos que padecen  los rigores del desempleo, el alto costo de la vida y la escasez de medicinas; y el cronograma electoral.


El coraje, la valentía, con que las nuevas generaciones de jóvenes demócratas, y de veteranos de muchas batallas políticas y sociales que han hecho historia patria, en los últimos combates por la libertad y el progreso del país, lo han acorralado de tal forma, que si Maduro convoca a elecciones libre con observación internacional, no puede escapar de una segura y definitiva derrota constitucional y pacífica.


El cerco institucional que el mundo democrático, a través de Mercosur, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, le han tendido al gobierno de Maduro, ha sido y es un puntal de apoyo a las fuerzas internas que luchan por impedir la perpetuación en el poder tanto del Presidente de la República como de la camarilla incapaz y corrupta que le rodea.


La presión de calle y la presión internacional por una solución democrática y pacífica, debe ponerle   punto final a 18 años gobierno chavo-madurista, que dirigido por una cúpula  milmillonaria, enriquecida ilícitamente; convirtieron a Venezuela en uno de los  países más inseguro y corrupto del universo por incapacidad, dogmatismo estalinista y corrupción administrativa;  al país de las mayores reservas petroleras del mundo, en una nación de pobres: 83% según la última encuesta de las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello. 


Todas las luchas anteriores dirigidas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el secuestro de líderes como Leopoldo López, fundador de un partido democrático, como Voluntad Popular, y Antonio Ledezma, Alcalde Metropolitano, y centenares de viejos y nuevos secuestrados por manifestar pacíficamente, más centenares de exiliados, constituyen los fundamentales antecedentes del momento que vive o atraviesa la sociedad venezolana, en las proximidades de lograr un cambio constitucional y pacífico, para beneficio de todos los ciudadanos. Y aunque Maduro, el CNE y el Alto Mando Militar lograsen imponer la Constituyente mediante el fraude, ésta no será reconocida por los demócratas nacionales, ni por los gobiernos democráticos del mundo.


 

jpaezavila@gmail.com




ALGUNOS EFECTOS DE LA CONSULTA
Juan Páez Ávila

20/07/2017

La consulta al soberano convocada por la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la que sufragaron 7 millones y medio de ciudadanos, para rechazar la ilegal convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, realizada por el Presidente Nicolás Maduro, sin consultar el pueblo, ha tenido una repercusión nacional e internacional de gobernantes, legisladores y diversos sectores de la sociedad civil, que puede y debe llevar a un cambio político, económico y social, de una manera pacífica y electoral.

El precedente venezolano ha sorprendido a los más altos representantes del mundo democrático, que no sólo le han brindado apoyo a la oposición del país, sino que también le han solicitado al Presidente Maduro que desmonte el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, porque contraría el pensamiento y la voluntad de millones de ciudadanos, que tienen más 100 días manifestando masivamente en las calles de la principales ciudades del país, protestando lo que es una flagrante violación a la Carta Magna.

La sorpresa se hace mayor cuando varios ex presidentes democráticos y varios organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos y de la democracia en general, han podido presenciar la realización de un evento electoral, de forma impecable, sin la ayuda de un Consejo Nacional Electoral rector de  procesos semejantes, y sin un Plan República que moviliza decenas de miles de militares para resguardar el orden público y garantizar la realización de dichos eventos.

Y aunque la respuesta del gobierno de Maduro ha sido una brutal represión, violando los Derechos Humanos de miles de manifestantes y asesinando a casi 100 venezolanos, fundamentalmente jóvenes que han expuesto sus vidas luchando por la libertad y un mejor futuro, todos los gobernantes del universo democrático, solicitan un seria y transparente negociación entre el gobierno y la oposición, que conduzca al restablecimiento de la Constitución Nacional, a un verdadero Estado de Derecho en el que impere la justicia y no la venganza política.

Juristas y analistas políticos coinciden en que la insistencia del gobierno en aprobar una Asamblea Constituyente inconsulta con el soberano, está dirigida a perpetuar en el poder a Maduro y sus más cercanos colaboradores en la imposición de una dictadura militar, intento que tendrá que enfrentar a todo un pueblo que tiene apoyo internacional y disposición a luchar hasta alcanzar la libertad para todos los venezolanos.

Los resultados de la consulta al pueblo tiene efectos contundentes,  entre los que destacan: Maduro, su Alto Mando Militar, sus organismos represivos y sus paramilitares no podrán derrotar a cerca del 90% de los venezolanos que aspiran y están decididos a vivir en libertad; la solución de la crisis que atraviesa la sociedad venezolana, requiere de un entendimiento que garantice la independencia de los Poderes Públicos, la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados, el establecimiento de un canal humanitario para mitigar el hambre de millones de ciudadanos, mientras se le da impulso a la economía nacional; el desarme de los paramilitares y lucha contra la inseguridad de las personas y los bienes; un cronograma electoral que permita realizar elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible.

En síntesis, los resultados de la consulta al soberano indican el camino para consolidar la democracia, mediante el rescate de la Constitución Nacional, la paz entre los venezolanos y el establecimiento una sociedad y un gobierno civilizado.



 

jpaezavila@gmail.com




ALGUNOS EFECTOS DE LA CONSULTA

Juan Páez Ávila

20/07/2017

La consulta al soberano convocada por la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la que sufragaron 7 millones y medio de ciudadanos, para rechazar la ilegal convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, realizada por el Presidente Nicolás Maduro, sin consultar el pueblo, ha tenido una repercusión nacional e internacional de gobernantes, legisladores y diversos sectores de la sociedad civil, que puede y debe llevar a un cambio político, económico y social, de una manera pacífica y electoral.

El precedente venezolano ha sorprendido a los más altos representantes del mundo democrático, que no sólo le han brindado apoyo a la oposición del país, sino que también le han solicitado al Presidente Maduro que desmonte el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, porque contraría el pensamiento y la voluntad de millones de ciudadanos, que tienen más 100 días manifestando masivamente en las calles de la principales ciudades del país, protestando lo que es una flagrante violación a la Carta Magna.

La sorpresa se hace mayor cuando varios ex presidentes democráticos y varios organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos y de la democracia en general, han podido presenciar la realización de un evento electoral, de forma impecable, sin la ayuda de un Consejo Nacional Electoral rector de  procesos semejantes, y sin un Plan República que moviliza decenas de miles de militares para resguardar el orden público y garantizar la realización de dichos eventos.

Y aunque la respuesta del gobierno de Maduro ha sido una brutal represión, violando los Derechos Humanos de miles de manifestantes y asesinando a casi 100 venezolanos, fundamentalmente jóvenes que han expuesto sus vidas luchando por la libertad y un mejor futuro, todos los gobernantes del universo democrático, solicitan un seria y transparente negociación entre el gobierno y la oposición, que conduzca al restablecimiento de la Constitución Nacional, a un verdadero Estado de Derecho en el que impere la justicia y no la venganza política.

Juristas y analistas políticos coinciden en que la insistencia del gobierno en aprobar una Asamblea Constituyente inconsulta con el soberano, está dirigida a perpetuar en el poder a Maduro y sus más cercanos colaboradores en la imposición de una dictadura militar, intento que tendrá que enfrentar a todo un pueblo que tiene apoyo internacional y disposición a luchar hasta alcanzar la libertad para todos los venezolanos.

Los resultados de la consulta al pueblo tiene efectos contundentes,  entre los que destacan: Maduro, su Alto Mando Militar, sus organismos represivos y sus paramilitares no podrán derrotar a cerca del 90% de los venezolanos que aspiran y están decididos a vivir en libertad; la solución de la crisis que atraviesa la sociedad venezolana, requiere de un entendimiento que garantice la independencia de los Poderes Públicos, la libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados, el establecimiento de un canal humanitario para mitigar el hambre de millones de ciudadanos, mientras se le da impulso a la economía nacional; el desarme de los paramilitares y lucha contra la inseguridad de las personas y los bienes; un cronograma electoral que permita realizar elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible.

En síntesis, los resultados de la consulta al soberano indican el camino para consolidar la democracia, mediante el rescate de la Constitución Nacional, la paz entre los venezolanos y el establecimiento una sociedad y un gobierno civilizado.



 

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ENTENDIMIENTOS MÍNIMOS

Juan Páez Ávila

15-07-2017

Un grupo de personalidades muy respetables, venciendo el riesgo de que los acusen de colaboradores del gobierno, han publicado un documento muy racional y explicativo acerca de por qué es necesario  ponerle un valladar a la violencia, con algunos entendimientos mínimos, para impedir males peores, sin descartar una guerra civil.

Y aunque hasta hoy el autoritarismo gubernamental ha impedido  encontrar  una solución negociada, mediante un política de la manipulación para ganar tiempo, en la creencia de que Nicolás Maduro y sus colaboradores  más cercanos, tienen la verdad en sus manos, a pesar de haber sumido al país en una crisis económica, social, política y moral sin precedentes en nuestra historia republicana, llegará un momento en que como en Colombia y en otros países que han atravesado situaciones semejantes, necesariamente directa o indirectamente los factores de poder tendrán que negociar una solución democrática, constitucional, que garantice a todos los derechos que establece la Carta Magna: justicia y no  venganza.


Sobre este tema escribí hace muy poco tiempo, que d
esde que Nicolás Maduro asumió el poder por voluntad de Hugo Chávez moribundo, el gobierno profundizó la violación de los Derechos Humanos, y le puso un cerrojo a todos los presos políticos, dejando claramente sentado que en Venezuela el diálogo entre el alto gobierno y la oposición, se hacía imposible, porque existe un régimen autoritario, que concentra todos los Poderes Públicos en el Ejecutivo, con la excepción de la Asamblea Nacional después del 6 de diciembre del 2015, y de la Fiscalía Nacional de la República, considera que sus políticas, a pesar de la crisis  que han generado, pueden y deben ser impuestas mediante la manipulación de las leyes y de ser necesario apelando a la violencia.

En nuestro país no hemos escalado a  una guerra civil, porque la mayoría de los venezolanos es democrática y busca soluciones pacíficas y constitucionales,  pero existen peligrosas manifestaciones  de violencia ejecutada por la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y grupos paramilitares afectos al gobierno contra manifestantes pacíficos que  ejercen un derecho constitucional, al pedir que se respeten los Derechos Humanos y en general la Carta Magna. Esa violencia ha cobrado cerca de 100 muertos, fundamentalmente jóvenes que buscan un mejor futuro. Sin embargo, ese  estado de permanente violación de la  Constitución de la República, que alarma al mundo democrático, en  opinión de muchos venezolanos respetables y respetados requiere un diálogo de interés nacional, que conduzca a restablecer el Estado de Derecho.       

Y aunque más de 30 ex Presidentes y Jefes de Estado del mundo democrático, e incluso varios gobernantes,  han llamado a un diálogo nacional y a una negociación democrática, y  han solicitado la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados, el gobierno profundiza el autoritarismo, lo que indica que  todavía existe un largo trecho por transitar para que se vean los frutos de la aspiración de muchas familias venezolanas de recibir en sus hogares a sus seres queridos, que están tras las rejas o en el ostracismo.

Esa distancia hay que acortarla y lograr la reconciliación de los venezolanos, para buscar una solución conjunta a los graves problemas que sufre la mayoría de la población, particularmente los más pobres. Esa es sin duda la intención de los firmantes del documento que llama a un entendimiento mínimo, para bien de todos, y que los actores principales que dirigen el país, deben analizar con el interés que exige el momento histórico que vivimos.



 

jpaezavila@gmail.com




ADIÓS A VÍCTOR HUGO D’PAOLA

Juan Páez Ávila

 06-07-2017
                                                                                                                                                                                               Como a Pompeyo no lo matará el olvido.

Los demócratas que le conocimos y disfrutamos de su amistad y le acompañamos,  en algunas de sus luchas por la justicia social y en sus convicciones libertarias, nos arropa un sentimiento de pesar, no sólo porque ya no oiremos sus luminosas palabras en la política y la literatura, aunque  va  a encontrarse  con Pompeyo, en el reino de la inmortalidad,  sino también porque sabemos del profundo dolor con que lo despide Mayita, su compañera inseparable en el amor y en las ideas,  que ambos sostuvieron y esgrimieron con pasión, firmeza y conciencia a lo largo de sus vidas ejemplares.

Una Vida en la Izquierda, tituló uno sus libros fundamentales en el que narra los acontecimientos trascendentales que le tocó presenciar, desde su juventud hasta nuestros días. Su actuación en la Juventud Comunista y luego en el Movimiento Al Socialismo (MAS) la asumió como un compromiso   existencial y con conocimiento teórico acerca de las desigualdades de la sociedad venezolana, que era necesario corregir. Alcanzó las más altas responsabilidades como dirigente político, para cuyas tareas fue llamado o electo para ejecutar, tanto en difíciles circunstancias, como cuando participó en la lucha armada contra el gobierno democrático y Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, como cuando después de revisar con sus compañeros de combate, el error histórico en el que habían incursionado, se acogió a la Paz Democrática, durante la Presidencia del Dr. Rafael Caldera, y se desempeñó con eficiencia y rectitud como Diputado y Senador de la República.

Además de luchador incansable, Víctor Hugo reafirmó sus ideas democráticas y civilistas, que lo llevaron conjuntamente con Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff y centenares de dirigentes  del MAS, a abandonar sus filas, cuando  la mayoría de la última Convención Nacional de ese Partido, decidió apoyar la candidatura del Teniente Coronel Hugo Chávez Frías.

Como una demostración de que había abandonado un Partido Político, pero no sus ideas democráticas y progresistas, intentó como algunos de sus compañeros, crear una organización política acorde con su pensamiento. Las circunstancias del momento no favorecieron el intento, y volcó todas sus energías a contribuir a consolidar una Fundación (Espacio Abierto) para el debate político, y a escribir sus Memorias, recogidas en varios libros  de extraordinaria acogida por sus amigos y lectores acerca la historia política contemporánea.

En su vida, como en sus libros, Víctor Hugo nos deja también una estela de su honestidad política y literaria. Vivió de pie para preservar los valores de la política como una actividad decorosa, si no la más, una de las más trascendentes creadas por el ser humano, para servirle a la sociedad con desprendimiento y no por intereses subalternos o personales. Le acompañó también una inquietud por la escritura, cultivó una cultura literaria que le permitió publicar y dejar una obra escrita, para la posteridad. No lo matará el olvido.


 

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ACOSO A ALCALDES DEMOCRÁTICOS

Juan Páez Ávila

25-05-2017

Como parte del golpe de Estado madurista, que viola flagrantemente la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia en complicidad con el Poder Ejecutivo, ha dictado medidas cautelares que obliga a los Alcaldes democráticos de los Estados Miranda y Mérida, a cumplir algunas actividades, casi imposible de realizar, con el claro objetivo de tratar de justificar su destitución y encarcelamiento, tal como lo hicieron con Daniel Ceballos y Enzo Scarano.  Es evidente que  realizar un conjunto de actividades, para normalizar  la vida de los ciudadanos, en las difíciles circunstancias que vive el país, que ni la Guardia Nacional ni la Policía Nacional, son capaces de ejecutar, aún cuando emplean todo su poder represivo contra manifestantes pacíficos, son un indicador de que preparan la intervención de las mencionadas Alcaldías. Pero a los Alcaldes oficialistas, como el de Caracas,  no los obligan a recoger ni la basura, a pesar de  los altos presupuestos que reciben. 


Como puede una Alcaldía, con muy escasos recursos, darle protección a los ciudadanos, para referirme a una sola de las órdenes del TSJ, si los paramilitares del gobierno, llamados colectivos, disparan, reprimen y saquean, con la anuencia de la Guardia Nacional y la Policía Nacional que no sólo no impiden que cometan semejantes delitos, sino que se hacen los desentendidos y los dejan actuar impunemente.


El acoso a los Alcaldes democráticos como parte  del golpe de Estado, que viene ejecutando Nicolás Maduro, con el apoyo de los Poderes Públicos que controla, como al TSJ, el llamado Poder Ciudadano, con la excepción de la Fiscalía General de la República; el Alto Mando Militar y los organismos represivos como la Guardia Nacional, la Policía Nacional y el Sebin, se puede interpretar como un acto represivo que le echa más candela al fuego.


De allí que no es de extrañar, que mientras persista Nicolás Maduro en el empeño de perpetuarse en el poder, la represión será profundizada no sólo por los cuerpos policiales y militares, sino también por la acción inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que interpreta la Constitución Nacional, de acuerdo al interés y a las órdenes que recibe del Poder Ejecutivo.


El acoso a los Alcaldes democráticos de los estados Miranda y Mérida, constituye también otra arremetida del gobierno de Maduro contra la voluntad mayoritaria de los venezolanos, que eligió a esos altos funcionarios locales, como lo hizo con la Asamblea Nacional, que hoy representan y conducen en un Gran Frente Nacional en Defensa de la Constitución Nacional, a más del 80% de los electores, según las últimas encuestas realizadas por empresas serias y respetables. Por lo que la confrontación de una minoría gubernamental fuertemente armada, y una mayoría de ciudadanos que manifiesta pacíficamente,  solicitando un cronograma electoral, de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna vigente, será más crítica en los próximos días y meses.


Y como el gobierno no da señales de realizar una negociación confiable, si no que por lo contrario radicaliza la represión, una matanza de ciudadanos inermes, un baño de sangre de dimensiones incontrolables, puede presentarse este mismo año, excepto que la Fuerza Armada, sin incurrir en el clásico golpe de Estado, sino mediante la presión Institucional, como lo planteó el Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, haga respetar la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.


 

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FRENTE NACIONAL EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

Juan Páez Ávila

18-05-2017

Después de las masivas manifestaciones de protesta, dirigidas por la Mesa de la Unidad Democrática, contra el intento de Nicolás Maduro de convocar una Constituyente originaria violando la Carta Magna vigente, la invitación por parte de la Asamblea Nacional para crear un gran Frente Nacional en Defensa de la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, constituye  el hecho político, o el paso, de mayor trascendencia en la continuidad de la lucha por la recuperación del Estado de Derecho.


La presencia y participación en la sesión de la Asamblea Nacional convocada para oír a los representantes de diversos sectores de la sociedad venezolana, entre los que destacaron estudiantes, autoridades universitarias, directivos de gremios profesionales, de las Academias, de los sindicatos y del sector empresarial, señala un camino cierto hacia el consenso de la población nacional para  el restablecimiento del hilo constitucional, roto tanto por el Presidente de la República, el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ciudadano, con la anuencia de la camarilla militar y civil que se niega a cumplir con el principio constitucional de la Alternabilidad en el Poder, por temor a perderlo y quedar a merced de la justicia nacional e internacional.


Un Frente Nacional que debe ampliarse con la incorporación de sectores del chavismo, tal como lo plantea el primer comunicado aprobado en la Asamblea Nacional, puede llegar a consolidar una fuerza política de tal magnitud, que obligue al sector militar y cívico gobernante, a negociar una salida pacífica de la actual crisis que atraviesa el país o a  presionar para la renuncia de Nicolás Maduro.


Un Frente Nacional poderoso, representativo de sectores clave de la política y la economía nacionales, con el apoyo irrestricto de la Iglesia Católica y de los gobiernos democráticos del continente americano y la Unión Europea, si no es aceptado por el gobierno como un interlocutor válido para una negociación  en la que priven los intereses nacionales, puede provocar la intervención de la Institución Armada, no para un clásico  golpe de Estado, sino para exigir el cumplimiento de la Constitución Nacional de la República Bolivariana, con la finalidad de poner al conflicto que hoy viven y sufren los venezolanos.


Y aunque todo lo planteado es hipotético, lo que es cierto es que una mayoría de la población venezolana está en la calle, sin miedo y dispuesta a alcanzar un desenlace político, en el  que se instaure un gobierno de Unidad Nacional que restablezca el orden constitucional, democrático, respetuoso de los Derechos Humanos, que busque solución al problema del desarrollo económico para solucionar el hambre, el desempleo, la escasez de medicinas y alimentos, la inflación y la inseguridad de las personas y los bienes. Frente a un régimen militar cívico, minoritario, pero armado y dispuesto a defender sus privilegios de gobernara sin rendir cuenta de la administración de la riqueza nacional, la mayor de toda nuestra historia, que ha despilfarrado y robado  en gran parte, no resulta fácil una negociación en el marco de la Constitución y las leyes.


Sin embargo, de peores conflictos han salido victoriosos los pueblos que luchan sin desmayo, conscientes de que la sociedad moderna  requiere de una paz para todos, con justicia, pero sin retaliaciones ni venganzas por razones políticas.



 

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LA CONSTITUYENTE COMUNAL

Juan Páez Ávila

04-05-2017


La convocatoria hecha por el Presidente de la República, de una Constituyente comunal, no sólo viola flagrantemente la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela, sino que también persigue claros objetivos de perpetuarse en el poder, más allá del 2018, porque de acuerdo a como lo anunció y está concebida, le permitiría elegir una mayoría oficialista, mediante el voto corporativo, al estilo de la Italia de Mussolini, los soviets comunista de la antigua URSS y los CDI cubanos, con facultades para anular los Poderes Públicos, y en especial la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos.


De consumarse el proyecto constitucional de Nicolás Maduro, en principio le permitiría liquidar las elecciones regionales y municipales que deberían realizarse este año 2017, evitando una segura derrota, de acuerdo con todas las encuestas respetables que han consultado a los electores.Elegir una Constituyente Comunal, en la que el 50% o más de sus integrantes sean escogidos por las misiones, los Claps y las comunas, controladas por el gobierno, le otorgaría a Maduro todo el poder necesario, hasta para hacerse reelegir por la misma Constituyente, como ha sucedido y sucede en los regímenes comunistas y fascistas.


De allí que esta es la carta definitiva que están dispuesto a jugar y defender a muerte, tanto Nicolás Maduro como el grupo de militares y civiles marxistas leninistas estalinistas, que promueven el militarismo, el estatismo, el caudillismo, con una fachada de demócratas, luchadores por los pobres, el progreso y la paz de los venezolanos. En el fondo la Constituyente Comunal les serviría como instrumento para atornillar a la camarilla militar y civil que hoy gobierna y que ha fracasado estruendosamente. Preservarán sus privilegios políticos, económicos y sociales, hablando de igualdad mientras crece la pobreza; gritando contra el imperio norteamericano, mientras entregan nuestras riquezas a otras potencias, e incluso despilfarran gran parte de ella vendiéndosela a bajos precios a Cuba y otras naciones de la ALBA y de la CELAC; intervienen y confiscan buena parte del aparato productivo nacional, generando la quiebra de muchos, la escasez y el hambre de los más pobres.


De prosperar la Constituyente Comunal, Maduro y su gente llevarían el país hacia el totalitarismo, con las graves consecuencias que ello significaría, tales como un mayor rechazo de parte de la población venezolana, que hoy le ha ganado la calle y representa la mayoría de los habitantes del país; aislaría más a Venezuela del universo democrático y nos expondrían a sanciones de la OEA y de la Comunidad Europea, para un mayor sufrimiento del pueblo, al que dicen representar.


Roto el hilo constitucional por parte de Nicolás Maduro que controla y ordena, qué hay que hacer al TSJ y al CNE, cuyo orden la mayoría de los venezolanos lucha por restituir, que la comunidad internacional democrática recomienda restablecer mediante el diálogo y la negociación, no puede ni debe tener como respuesta por parte del gobierno, el recrudecimiento de la represión y la instauración de una dictadura, en una época de globalización, de integración de las naciones, de defensa de los Derechos

Humanos, del Estado de Derecho, de la democracia representativa.


De no encontrar una solución a la crisis actual, mediante negociación por intervención de varios gobiernos amigos, la confrontación puede llegar a límites indeseables e impredecibles.


 

jpaezavila@gmail.com




A CONFRONTACIÓN SE AGUDIZA

Juan Páez Ávila

08-04-2017

La ruptura del orden constitucional por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en conjunción o por órdenes del Presidente de la República, al despojar arbitrariamente a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales,  no sólo ha conmocionado al mundo democrático, sino que también han provocado la reacción de la oposición, que ha iniciado una protesta desde la calle y desde la propia Asamblea Nacional para denunciar la política autoritaria de los Poderes Ejecutivo y Judicial, y la criminal represión de la Guardia Nacional y de los grupos paramilitares del gobierno, llamados colectivos.


Y aunque la oposición viene denunciando que al auto golpe de Estado perpetrado por el Ejecutivo Nacional, lo han venido profundizando desde el 6 de diciembre del 2015, cuando los resultados electorales  favorecieron ampliamente, a la Mesa de la Unidad (MUD) con los 2/3 de sus diputados electos, la situación política se agudiza por la contundencia, aunque pacífica, de la respuesta opositora a la violencia de los aparatos represivos del gobierno.


Después de decenas de provocaciones del régimen, desde el TSJ anulando o desconociendo diferentes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, como la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, para lograr la liberación de los presos políticos, y una respuesta democrática de la oposición ajustada a los procedimientos que establece la Constitución Nacional y al diálogo promovido por la UNASUR y El Vaticano, la última sentencia de la Sala Constitucional en la que asumía las facultades de la Asamblea Nacional, además de romper el hilo constitucional, genera una condena al régimen de Maduro, de las instituciones democráticas mundiales, con las que se han firmado tratados internacionales de respeto al Estado de Derecho.


El auto golpe de Estado de Nicolás Maduro puede ser  el error político más grave que haya cometido en su gestión, porque lo ha llevado a perder todo el apoyo de diplomacia internacional que había conquistado Hugo Chávez, con su audacia y la chequera petrolera, incluso con su carisma, del que carece Maduro. En lo nacional y universal ha sido descubierta su política de la mentira y su talante autoritario, que también lo tuvo su mentor el difunto  comandante pero lo ocultaba con cierta habilidad política.


Enfrentado Maduro a la presión internacional, por más pacífica que sea, y como debe ser, y a la presión nacional en las calles de las principales ciudades del país, también de una forma pacífica, la repercusión que esta doble y contundente reacción puede tener el chavismo, que no lo quiere como mandatario y lo considera un fracaso, una conducta de clara diferenciación como la de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, puede llegar a la protesta y a la búsqueda de una salida negociada.


En un panorama adverso, que el propio  Nicolás Maduro se ha propiciado, por sus políticas equivocadas en  lo económico que ha llevado a la ruina al aparato productivo, que se expresa en la escasez de alimentos, en el desempleo y en la hambruna que ha matado a niños y ancianos;  por su dogmatismo e intolerancia política, que lo ha conducido a desconocer la alternancia el poder, tal como lo establece la Constitución Nacional Bolivariana, para tratar de perpetuarse en el mando de la nación; por su incapacidad y la de sus ministros para controlar el hampa desbordada, que azota a los pobres de los barrios populares y a toda la sociedad en general, coloca a su gobierno en el peor momento para su defensa.


Y finalmente, tratar de engaña al mundo con una fachada democrática, ya no le es posible. Rectifica, negocia o está definitivamente perdido.


 

jpaezavila@gmail.com




LA VALIDACIÓN DE LOS PARTIDOS

Juan Páez Ávila

16-03-2017


E
l gobierno de Nicolás Maduro seguramente ordenó al Consejo Nacional Electoral a montar un nuevo obstáculo a la oposición, aprobando un Reglamento que no sólo obliga a los Partidos Políticos a legalizarse nuevamente, sino también a crear condiciones para posponer las elecciones a gobernadores y consejos legislativos regionales, con el claro objetivo de prolongar su permanencia en el poder, porque de convocarlas en el primer semestre de 2017, tal como lo anunció la Presidenta del CNE en el mes de diciembre, perderían la mayoría de esas entidades públicas, que sin duda debilitarían más el poder centralista y autoritario del Presidente.

Ante esa realidad los Partidos Políticos son colocados frente a la alternativa de aceptar el desafío de concurrir a validarse, tratando de vencer los obstáculos que les pone el régimen autoritario  que actúa al margen de la Constitución Nacional, o dejar que mediante otro decreto arbitrario, el gobierno declare ilegales los partidos y a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convoca a elecciones con el PSUV como partido único, y posiblemente con algunos partiditos adecuados a sus intereses.

De allí que los Partidos Políticos con mayores posibilidades de vencer la maniobra ventajista del gobierno, hayan decidido convocar a sus militantes a validar su organización, con lo cual no sólo garantizan su presencia en la calle, sino que abren un camino hacia la derrota del gobierno, reiteran su vocación democrática de usar el voto como el mecanismo para liberar al país del autoritarismo y del militarismo, incluso garantizar a los partidos minoritarios su futura legalización y reconocimiento como parte importante de la democracia.

Y aunque es previsible que el gobierno continúe colocando trabas al proceso democrático electoral, la realidad política nacional indica que los Partidos Políticos están llamados y enfrentar las violaciones a las Leyes y a la Constitución Nacional, en el marco de lo que señala  la propia Carta Magna, sobre todo en estos momentos cuando la mayoría de los países miembros de la OEA analizan el documento que les presentó el Secretario General, Luis Almagro, en el que  considera necesario aplicarle  la Carta Democrática Interamericana al régimen que preside Nicolás Maduro.

Y aunque la solución de la profunda crisis económica, política y social que atraviesa el país, es responsabilidad de los venezolanos, en la época integracionista y globalizada, por decisión de los propios gobernantes que han aprobado los tratados internacionales, se garantiza la no intervención en los asuntos de la vida normal de las naciones, pero cuando se rompe la legalidad y se violan los acuerdos internacionales, el gobierno del país infractor se expone a sanciones diplomáticas y económicas. Las diplomáticas contemplan el rompimiento de relaciones de los países democráticos contra el régimen que delinque. Y en lo económico, la ruptura de intercambios comerciales.

A  una posible presión internacional contra el autoritarismo y el militarismo de Nicolás Maduro, los Partidos Políticos nacionales tienen el derecho a solicitar que el gobierno cumpla con la Constitución Nacional y ponga en manos y en la voluntad del pueblo soberano, el destino de la nación, convocando a elecciones.  Eso es lo que justifica que varios Partidos Políticos movilicen a sus militantes para renovar la legalidad de sus organizaciones y mantener la presión, con el voto y una nueva victoria  desde la calle.


 

jpaezavila@gmail.com




LA PRESIÓN INTERNACIONAL

Juan Páez Ávila


02-03-2017


Aunque la crisis política, económica y social que atraviesa nuestro país, después de aproximadamente casi dos décadas de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, tiene que ser resuelta por los venezolanos, en una época de integraciones regionales e incluso mundiales, apoyadas en tratados universales de obligatorio cumplimiento para los países cuyos gobiernos los han firmado y ratificado, la presión y la condena internacional contra los delitos de lesa humanidad, contribuye a crear condiciones para el éxito de la lucha de los pueblos contra los tiranos, y sus cómplices de violar los Derechos Humanos, de propiciar la corrupción, el tráfico de drogas y el terrorismo.


Durante el siglo XX y sobre todo en lo que va del XXI, los gobiernos democráticos no sólo han expresado sus preocupaciones por la existencia de regímenes autoritarios que descaradamente violan los acuerdos internacionales, sino también con aquellos, que como el impuesto por Maduro y sus más altos colaboradores, pretenden mantenerse en el poder con una fachada teórica de democracia, pero con centenares de presos políticos y control de los Poderes Públicos por parte del Ejecutivo.


La tendencia totalitaria del sector del gobierno que preside y encabeza Nicolás Maduro, tarde o temprano tendrá que enfrentar a más del 80% de los venezolanos que han manifestado en diferentes encuestas, que prefiere el sistema democrático, por lo cual no le será fácil perpetuarse en el poder, e imponer de una dictadura aún con fachada legal. De allí el rechazo a la utilización de los grupos paramilitares para impedir una manifestaciones pacíficas de estudiantes, trabajadores que reclaman sus derechos y de la sociedad civil en general.


La reorganización de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se ha planteado y ejecutado en función de dotar a la oposición de un instrumento y una dirección de lucha, de mayor eficacia tanto en lo electoral como en la movilización de la sociedad para tratar de lo alcanzar un cambio democrático por la vía pacífica y constitucional. Quienes hemos respaldado su exitosa actuación en las elecciones, confiamos en que la incorporación de otros sectores organizados le proporcione la fuerza necesaria para constituir una alternativa política de cambio.


El mundo democrático ya percibe la tendencia totalitaria del gobierno un como peligro real, porque Nicolás Maduro ha concentrado en sus manos y en su voluntad todos los poderes públicos, que en una democracia funcionan con independencia sin dejar de cooperar en la realización o materialización de cada uno. Los pasos que han dado algunos ministerios orientados a la imposición de un pensamiento único, han puesto sobre aviso a importantes sectores de la sociedad, por la intervención directa del Estado en el control de actividades como el deporte, la cultura, la educación, con especial referencia a la disposición a liquidar la autonomía universitaria, y la función institucional de la Fuerza Armada para convertirla en el aparato militar del Partido de gobierno.


De allí que no debe extrañarse, alguien bien informado, que la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) le aplique al gobierno de Nicolás Maduro, más temprano que tarde, La Carta Democrática Interamericana, con las consecuencias que ello generaría en el país y en la región, y sobre todo en la sociedad venezolana, que generalmente terminará pagando las secuelas de una política estalinista, equivocada y fracasada en todos los países en que los tiranos lograron imponerla.


 

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¡POR QUÉ LA PRESIÓN ELECTORAL!

Juan Páez Ávila

23-02-2018

 

La presión por la realización de elecciones para gobernadores y consejos legislativos en el primer semestre de este año 2017, se justifica plenamente no sólo porque se trata de obligar al CNE a cumplir con la fecha propuesta por 4 de sus miembros, después violar la Constitución Nacional al no realizarlas en diciembre pasado, sino también porque todo indica que el gobierno perderá la mayoría, y sobre todo porque permite una movilización de la población para protestar contra la catástrofe económica, social y política, a la que ha conducido la administración de Nicolás Maduro.

        
El triunfo de la oposición en la mayoría de los estados  más populosos y de mayor peso político y en  el resto del país, tal como sucedió en las pasadas elecciones para la Asamblea Nacional, conservaría cierto poder independiente y capaz de contener los desmanes políticos y económicos que viene cometiendo Nicolás Maduro, con la anuencia de unos Poderes Públicos controlados desde Miraflores, y acercaría la posibilidad de un cambio democrático en el país. Si en la mayoría de las principales ciudades del país el pueblo elige gobernadores y consejos legislativos autónomos, que apoyen y contribuyan a la movilización y protesta de la sociedad democrática, se puede impedir el continuismo de la cúpula corrupta e incapaz que gobierna en la actualidad.

        
Las disidencias en importantes sectores que apoyaron las políticas del difunto Comandante, no sólo son evidentes, sino que pueden adquirir una dinámica que los impulse  hasta el rompimiento, si tomamos en cuenta la prepotencia, la soberbia, con que actúan los incondicionales y oportunistas que rodean transitoria y circunstancialmente al  Jefe del Estado. Hoy una oposición unida, con más experiencia política y una nueva disidencia, nos llama a votar, para fortalecer la democracia social y enfrentar el totalitarismo.

        
En síntesis, votar es un ejercicio democrático que ha servido en el mundo civilizado para consolidar sociedades plurales, respetuosas de los derechos  humanos y ciudadanos en general, y en algunos casos, como puede ser el nuestro, evitar la prolongación del autoritarismo.

        
Los demócratas no tenemos otra alternativa, debemos acumular mayor respaldo de los venezolanos oprimidos y convencer al sector abstencionista a que se incorpore a la única actividad civilizada, que es el voto,  para decidir el futuro del país. La experiencia nacional e internacional indica que los autoritarismos son derrotables, aunque transitoriamente se mantengan en el poder mediante la utilización de la fuerza. Su perdurabilidad depende del espíritu y voluntad de resistencia de los hombres y mujeres que creen en las virtudes  del imperio de la ley,  del Estado de Derecho. Cada

demócrata en su área de influencia, con su palabra sincera y convincente puede y debe tratar de  persuadir a sus amigos y a familiares acerca de que es posible derrotar el autoritarismo y encontrar medios legítimos y dignos de vivir en libertad y con mejorar su calidad de vida.

        
El balance de  la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sobre errores y aciertos, cuyos integrantes, por razones obvias, son los más interesados en ganar y preparar las condiciones para continuar la lucha para derrotar a Maduro y a sus acólitos, debemos reconocerlo como producto de una investigación técnica y sincera, tanto por la confianza que hemos depositado en ellos, como por sus experiencia y capacidades.


Si no colaboramos ni votamos le estamos entregando el país a los llamados socialistas del siglo XXI, combinación del estalinismo y el fascismo.         

La victoria debe ser enfrentada con humidad y espíritu de reconciliación de todos los venezolanos, no más discriminaciones, no más odios, no más persecuciones por diferencias políticas
.

 

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LA CONTINUACIÓN DE FRAUDE

Juan Páez Ávila


17-02-2017

D
esde el inicio del gobierno de Hugo Chávez, con las primeras políticas económicas  aprobadas, quedó claro para muchos venezolanos, especialmente para especialista en la materia, que todo conduciría a la destrucción del aparato productivo nacional y a una mayor dependencia de las importaciones de bienes y servicios, y particularmente de alimentos. Creer en las promesas del candidato Chávez fue un gran fraude para quienes pensaron que mejorarían en lo personal, familiar y colectivamente.
 

Después de asegurarle a los venezolanos y al mundo que la economía nacional estaba   blindada, gracias a las políticas económicas que el gobierno había implementado, los miles de millones de dólares que ingresaron al Fisco Nacional por las exportaciones petroleras, fueron despilfarrados y robados, y llegó el momento en que no alcanzaron para  continuar  la venta con altos descuentos a otros gobiernos complacientes con los delirios de líder continental del difunto comandante.

 

La gran devaluación del siglo XXI al estilo neoliberal, del bolívar, que  tiene repercusiones negativas en la capacidad de compra de los más pobres, de la clase media y de todas aquellas personas que tengan un ingreso fijo, porque el bolívar ha perdido su valor superior al 200% para comprar algunos alimentos y de un 1.000% para comprar, por ejemplo, unos zapatos o una camisa. Continuación del fraude.

 

Un gobierno socialista o de cualquier otro signo ideológico que tenga como norte la defensa de los intereses de la población de menores ingresos, la devaluación como la que ha generado el Presidente de la República, sin tomar primero un serie de medidas, como aumento de sueldos y salarios, que compensen en parte, si no en su totalidad, el impacto negativo en el bolsillo de esos sectores populares ha desplomado la popularidad de Nicolás Maduro. Y aunque algunos creían que era posible que lo hiciera dentro de algunos meses, sobre todo cuando se acerquen algunas elecciones, ya el mal está hecho, y el nivel de consumo de alimentos y de algunos bienes necesarios como la  ropa de vestir hombres y mujeres, ha provocado no sólo malestar en la población de menores recursos, sino también hambre y miseria entre los más pobres o marginales. Los aumentos de sueldos y salarios aprobados por el Ejecutivo se han vuelto sal y agua anulados por la inflación, la más alta del mundo. Tamaño  fraude

                  

Y lo más grave de las medidas económicas aprobadas por el Presidente en reunión de gabinete, es que los grandes beneficiarios son en lo inmediato los especuladores, que esconden mercancías importadas a 10 bolívares por dólar, para luego venderlas a precio de mercado libre, 60 veces más caros, y algunos a precio de mercado negro a más de 300% por encima del que adquieren 10.
           
De allí que el bienestar de la población seguirá siendo una esperanza, y la mayoría de los venezolanos, si no lo había sentido en el bolsillo, ya puede constatar que el socialismo del siglo XXI, ha sido un gran fraude continuado. Tal como sucedió con el del siglo XX aplicado en la Unión Soviética donde fracasó rotundamente, y en China donde fue desechado para buscar una economía productiva que le dé bienestar a sus mil y tantos millones de habitantes.

Finalmente, el gobierno es el que obtiene más bolívares por cada dólar que vende a los importadores, a más de 600 Bs.,  quienes trasladan a los consumidores el aumento de sus importaciones, encareciendo el costo de la vida a límites desconocidos   en el país. Y aunque ha lanzado a la calle miles de millones bolívares devaluados para buscar votos y tratar de recuperarse,  según las últimas encuestas ya parece demasiado tarde para mantener el engaño
.

 

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EL VATICANO Y LA OEA

Juan Páez Ávila


09-02-2016


E
l carácter autoritario del gobierno cívico-militar que preside Nicolás Maduro, ha quedado en evidencia frente al mundo democrático,  mientras la convicción democrática de la Mesa de la Unidad (MUD) le ha demostrado, que la crisis política, económica y social que se vive y se sufre en nuestro país es responsabilidad de un régimen que no cree en la alternabilidad ni en la democracia como sistema de gobierno.

Aunque su Santidad el Papa Francisco y sus representantes en la Mesa de Diálogo en Venezuela, han actuado de buena y la oposición ha confiado en la posibilidad de que el peso de los valores espirituales de la Iglesia Católica podrían contribuir a encontrar un solución democrática, pacífica y electoral, a la severa crisis que atraviesa nuestro país, los resultados de esa mediación, acompañada por los expresidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos, Fernández y  Samper en nombre de Mercosur, no han sido ni serán cumplidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

Los presos políticos no sólo siguen tras las rejas, la mayoría que existía para el momento cuando se realiza el diálogo, sino que hoy hay más secuestrados políticos en las cárceles nacionales. Algunos con juicios amañados, como es el caso de Leopoldo López, o sin juicio alguno como el del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma. Más decenas de jóvenes contestatarios que reclaman el cumplimiento de sus derechos constitucionales por parte del régimen autoritario de Maduro.

La crisis humanitaria se ha agravado, porque el hambre se ha extendido a miles o tal vez millones de venezolanos, que no pueden satisfacer sus necesidades alimenticias y de salud fundamentales, lo que ha conducido a muchos a hurgar en las bolsas de basura en búsqueda de despojos  de restaurantes y casas de familia.

El Poder Legislativo sigue cercado política y económicamente, tanto por la utilización del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) como instrumento para boicotear todas las leyes que aprueba la Asamblea Nacional, como por ordenarle al Ministerio de  Finanzas que no le entregue el presupuesto que por disposición constitucional le corresponde.

El cronograma electoral aprobado en la Mesa del Diálogo, no ha sido elaborado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya mayoría sigue instrucciones del Poder Ejecutivo. Algunos analistas y políticos dudan que se puedan realizar las elecciones para gobernadores, cuyo período se venció en diciembre de 2016, y ya fueron pospuestas por el órgano llamado a defender el derecho de los ciudadanos a ejercer su voto.

Y ante este panorama, según palabras del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, al gobierno de Maduro, no ha podido avanzar, por respeto a la presencia del Vaticano y en espera de nuevos resultados, a pesar de que la crisis humanitaria y política se ha agravado en nuestro país.

De allí que tanto el diputado Henry Ramos Allup como otros importantes dirigentes de la oposición, hayan manifestado, con razón, que no se puede asistir o estar presentes en un diálogo que sólo ha servido para  otorgarle un poco de oxígeno a un gobierno que viola los Derechos Humanos y la mayoría de los artículos de Constitución Nacional. Para regresar a la Mesa de Diálogo es necesario que el gobierno cumpla con los acuerdos aprobados en sesiones anteriores de la Mesa respectiva. Y si el régimen no cumple, solicitarle al Secretario General de la OEA que adelante las gestiones para que la mayoría de los países latinoamericanos, resuelvan aplicarle la Carta Democrática.
 

 

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LA IGLESIA POR LA PAZ

Juan Páez Ávila

01-02-2017

La arremetida de altos funcionarios del gobierno contra la Iglesia Católica, ha incitado a los grupos paramilitares del oficialismo a invadir diversos recintos religiosos en el momento en que se imparte la santa misa, ha tratado a atemorizar a la jerarquía eclesiástica y sus sacerdotes en todo el país, pero se ha encontrado con una institución dispuesta a enfrentar el comunismo a lo soviético que pretenden imponer Nicolás Maduro y sus colaboradores, contra la mayoría  los venezolanos, incluyendo la base cristiana del chavismo.

 

El reciente llamado de los Arzobispos y Obispos de Venezuela a todos los venezolanos y en particular a los católicos, a defender una Constitución Nacional que sea patrimonio de los ciudadanos, sin exclusión alguna, se suma a la decisión de la mayoría de los encuestados que expresan en más del 90%  su rechazo a la tendencia autoritaria y a la ineficiencia de un gobierno que ha dilapidado miles de millones de dólares en la corrupción administrativa, en el reparto de nuestra de nuestra riqueza petrolera a gobiernos complacientes con sus políticas repetitivas del fracasado comunismo soviético, disfrazado de socialismo del siglo XXI, y sobre todo tratando de imponer un capitalismo de Estado, que ha provocado la ruina de la economía nacional.

           
La exhortación de los Arzobispos y Obispos del país a defender la libertad como un derecho fundamental innato en cada ser humano, lleva implícito no sólo la oración cristiana por el favor de Dios, sino también la participación en la lectura y discusión de las políticas propuestas y ejecutadas  por el oficialismo, que amenazan con que desaparezca todo vestigio de democracia, si no se produce un cambio fundamental en la conducción del Estado en los próximos meses.

           
La elección de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del 2015, es un hecho político que concierne a todos los ciudadanos de un país democrático, expresión de un pacto social que garantiza la convivencia, la pluralidad de pensamiento y de participación  en el marco de un Estado de Derecho. De allí el  rechazo a las políticas del Presidente de la República de arrogarse y controlar  poderes ilimitados, sin contrapeso de otros Poderes Públicos, que dejen abierto el camino hacia el abuso autoritario del Jefe del Estado contra adversarios políticos e incluso contra partidarios suyos que puedan  pensar y expresar alguna disidencia o idea contraria a sus decisiones unilaterales.

               
La conclusión de Arzobispos y Obispos de Venezuela ante la amenaza del régimen comunista que trata de imponer el gobierno, es moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. La intervención del Presidente de la República descalificándolos y no rebatiendo sus planteamientos, revela que estamos en uno de los momentos políticos trascendentales de nuestro tiempo. La Iglesia Católica por una Constitución para todos los venezolanos, y el gobierno por una política violatoria de la Carta Magna, que no le otorga poderes dictatoriales al Jefe del Gobierno.
           
Y aunque los ciudadanos tendrán la última palabra, expresada por cada uno en el ámbito de su circuito electoral, en las próximas elecciones, a gobernadores y alcaldes, con el respaldo de millones de electores que vigilarán dicho proceso electoral, para mayor abundamiento y satisfacción del pueblo venezolano católico, el Vaticano respalda irrestrictamente la posición de la alta jerarquía eclesiástica de nuestro país, en su llamado a luchar para vivir en paz y libertad.

 

jpaezavila@gmail.com




DIÁLOGO SIN MANIPULACIÓN                                   

Juan Páez Ávila

27-01-2017

En política, e incluso en guerra en cualquiera de sus modalidades: convencional o irregular, el diálogo siempre ha estado presente en momentos  de las más graves crisis sociales o políticas que enfrentan a sectores con diferentes formas de pensar, con claros y  mutuos intereses para buscar la solución que satisfaga a ambos contenderos. Es lo que sucede actualmente en Siria después de cinco años de guerra con centenares de muertos y destrucción de varias ciudades, que por la intervención de Rusia, Turquía y otras naciones del Medio Oriente, se han sentado a dialogar con el objetivo de ponerle fin a la guerra.

 

La denuncia permanente de algunos sectores minoritarios e incluso individualidades muy respetables, contra el sector mayoritario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) porque ha participado en un diálogo promovido por Unasur y el Vaticano con representantes del gobierno, resulta una manifestación de desconfianza en la firmeza y honestidad política de quienes representan a la mayoría de la oposición, lo cual constituye un error político, porque lo que debe condenarse es la manipulación que ha hecho el gobierno para ganar tiempo y evitar la salida constitucional de Nicolás Maduro.


En política el diálogo, se establece entre factores de poder, que generalmente  tienen profundas diferencias ideológicas  en cuanto a la conducción del Estado, con la finalidad de normalizar la vida política, económica y social de la nación. Por eso en las conversaciones que  se  realizaron  en Cuba entre representantes del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC, que tenía como objetivo buscar y encontrar la paz definitiva en el vecino país, se pudo lograr un acuerdo satisfactorio para ambos contrincantes.


En nuestro país tenemos que evitar que las  manifestaciones  de violencia en los barrios populares, entre bandas armadas de diferentes signos, aunque con predominio del hampa y de los paramilitares del gobierno,  que  amenazan   a toda la población, se desborde hacia una matanza indiscriminada. Si se restablece el diálogo tendría que realizarse  bajo estricta vigilancia nacional e internacional, del cumplimiento de los acuerdos y  de los términos establecidos en la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo que agrava la crisis que atraviesa el país, es que el gobierno cree que tiene la verdad en sus manos, lo que lo lleva a manipular el diálogo, para tratar  de continuar en el poder por tiempo indeterminado o por lo menos hasta el 2019. Los representantes de la   Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que tienen el respaldo  del 80% o más del electorado nacional, piensan que debe aprobarse una Agenda Electoral, tal como lo establece la Constitución  Bolivariana, aprobada por el chavismo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, refrendada por el voto popular.

           
Estos hechos revelan lo complicado y difícil de creer en la voluntad del gobierno para dialogar, así el llamado provenga del  propio Presidente, que trata de buscar su legitimación en el mundo económico y social, nacional e internacional, desconociendo el factor político, sin el cual no se podrá avanzar.


Por tales y muchas otras razones, para evitar males mayores resulta imprescindible, en nuestra opinión, acudir a un diálogo que garantice la realización de una Agenda Electoral y la aplicación de la  justicia y no retaliación al adversario, después de las elecciones, cualquiera sea el resultado, para restablecer el Estado de Derecho. Para ello es necesario renunciar a la agresión verbal, al insulto y que el gobierna cumpla con el acuerdo anterior de la liberación de los presos políticos.
 

 

jpaezavila@gmail.com




DIÁLOGO SIN MANIPULACIÓN

Juan Páez Ávila

25-01-2017

En política, e incluso en guerra en cualquiera de sus modalidades: convencional o irregular, el diálogo siempre ha estado presente en momentos  de las más graves crisis sociales o políticas que enfrentan a sectores con diferentes formas de pensar, con claros y  mutuos intereses para buscar la solución que satisfaga a ambos contenderos. Es lo que sucede actualmente en Siria después de cinco años de guerra con centenares de muertos y destrucción de varias ciudades, que por la intervención de Rusia, Turquía y otras naciones del Medio Oriente, se han sentado a dialogar con el objetivo de ponerle fin a la guerra.

 

La denuncia permanente de algunos sectores minoritarios e incluso individualidades muy respetables, contra el sector mayoritario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) porque ha participado en un diálogo promovido por Unasur y el Vaticano con representantes del gobierno, resulta una manifestación de desconfianza en la firmeza y honestidad política de quienes representan a la mayoría de la oposición, lo cual constituye un error político, porque lo que debe condenarse es la manipulación que ha hecho el gobierno para ganar tiempo y evitar la salida constitucional de Nicolás Maduro.


En política el diálogo, se establece entre factores de poder, que generalmente  tienen profundas diferencias ideológicas  en cuanto a la conducción del Estado, con la finalidad de normalizar la vida política, económica y social de la nación. Por eso en las conversaciones que  se  realizaron  en Cuba entre representantes del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC, que tenía como objetivo buscar y encontrar la paz definitiva en el vecino país, se pudo lograr un acuerdo satisfactorio para ambos contrincantes.


En nuestro país tenemos que evitar que las  manifestaciones  de violencia en los barrios populares, entre bandas armadas de diferentes signos, aunque con predominio del hampa y de los paramilitares del gobierno,  que  amenazan   a toda la población, se desborde hacia una matanza indiscriminada. Si se restablece el diálogo tendría que realizarse  bajo estricta vigilancia nacional e internacional, del cumplimiento de los acuerdos y  de los términos establecidos en la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo que agrava la crisis que atraviesa el país, es que el gobierno cree que tiene la verdad en sus manos, lo que lo lleva a manipular el diálogo, para tratar  de continuar en el poder por tiempo indeterminado o por lo menos hasta el 2019. Los representantes de la   Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que tienen el respaldo  del 80% o más del electorado nacional, piensan que debe aprobarse una Agenda Electoral, tal como lo establece la Constitución  Bolivariana, aprobada por el chavismo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, refrendada por el voto popular.

           
Estos hechos revelan lo complicado y difícil de creer en la voluntad del gobierno para dialogar, así el llamado provenga del  propio Presidente, que trata de buscar su legitimación en el mundo económico y social, nacional e internacional, desconociendo el factor político, sin el cual no se podrá avanzar.

Por tales y muchas otras razones, para evitar males mayores resulta imprescindible, en nuestra opinión, acudir a un diálogo que garantice la realización de una Agenda Electoral y la aplicación de la  justicia y no retaliación al adversario, después de las elecciones, cualquiera sea el resultado, para restablecer el Estado de Derecho. Para ello es necesario renunciar a la agresión verbal, al insulto y que el gobierna cumpla con el acuerdo anterior de la liberación de los presos políticos.

 

jpaezavila@gmail.com




E
L PLAN DE LA PATRIA Y LA INSEGURIDAD

Juan Páez Ávila

18-01-2017

La activación de seis líneas de acción de la Campaña Carabobo 2021 enmarcada en el Plan Patria Segura, presentada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para combatir la inseguridad, los venezolanos deberíamos apostar por su éxito pero esperar los resultados,  porque  existe la lamentable experiencia del fracaso de más de 20 planes aprobados y puestos en ejecución por el gobierno a lo largo de más 17 años por la administración Chávez-Maduro.


La inseguridad de las personas y los bienes se ha convertido en los últimos años, según diversas encuestas realizadas por diferentes empresas especializadas, en el problema más grave que confronta el venezolano frente al hampa desbordada y la  incapacidad y, en algunos casos, descomposición de los cuerpos policiales, más los crímenes cometidos por mafias paramilitares, en que han devenido algunos grupos de defensa de la revolución, creados por el gobierno.

           
Las medidas de alta policía anunciadas en varias oportunidades se han estrellado ante una realidad, que les resulta incontrolable, a tal extremo que el Presidente   ordenó graduar en los próximos meses 10.000 policías y 10.000 guardias del pueblo, y  la cooperación del Ejército para intentar de frenar  los hechos delictivos que afectan a todos los venezolanos. Y aunque el Jefe del Estado ha debido proceder a destituir, y no lo hizo,  a los responsables por la incapacidad demostrada para combatir el delito, el hecho de apelar a la participación del Ejército revela que el país ha entrado en una espiral de violencia hamponil, relativamente incontrolable y caótica.

La política de seguridad ha venido siendo enfocada equivocadamente por los más altos funcionarios de ese ramo, al atacar las consecuencias y no corregir las verdaderas causas de la proliferación de los actos criminales. Mientras existan millones de desempleados y una burocracia que no oculta su rápido y repudiable enriqueciendo ilegal; mientras no se combinen planes a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pobreza, se eduque para el trabajo a  millones de marginales y se creen las fuentes de empleo respectivas, de nada ha  servido, ni servirá una nueva policía nacional ni la intervención de la Fuerza Armada. Por lo contrario, esa policía y algunos guardias nacionales se han convertido  una fuente más de corrupción, como ha quedado demostrado en la actuación de algunos  de los integrantes de esos cuerpos policiales y militares en el contrabando, la extorsión y la represión a ciudadanos inocentes.

           
Y si a esta descomposición policial y social agregamos la proliferación de armas en manos de delincuentes comunes y políticos, el problema se puede tornar insoluble a corto plazo, si no se procede al desarme de la población civil, que según informaciones oficiales manejan varios millones de armas, incluyendo granadas militares, sin control efectivo de quienes por ley son los únicos que las pueden portar.

           
Y como  todos los  ciudadanos se sienten  amenazados por el hampa, no hay dudas de que muchas personas  apuestan por el éxito de este último plan de seguridad. Todos los ciudadanos de formación democrática esperan que no sea utilizado por reprimir manifestaciones por las reivindicaciones sociales, en momentos en que la inflación ha convertido en sal y agua los precarios sueldos y salarios que devengan. También esperan todos los ciudadanos que este plan no sea utilizados para perseguir la disidencia política, ni para reprimir sus manifestaciones pacíficas, garantizadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.


 

jpaezavila@gmail.com




LA MUD 2017
Juan Páez Ávila

12-01-2017

Cualesquiera sean los cambios que realice la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en su estructura e incluso en sus formas de lucha, se encontrará con, y tendrá que enfrentar, el mismo gobierno autoritario, comunista a lo cubano, por lo que la solución de los problemas políticos, sociales y económicos no serán resueltos sin un cambio de gobierno.

           
El gobierno solicita el diálogo, al cual concurrirá con el  mismo cinismo y la mentira como política de Estado, con el objetivo  de prolongarlo en el tiempo y desmovilizar a la oposición, incluso desmoralizarla al correr de los días, semanas o meses, liberando por cuenta gotas a algunos presos políticos, reprimiendo y encarcelando a otros  disidentes. En esas circunstancias, tienen razón Henry Ramos Allup y otros voceros de la MUD de manifestar que no hay condiciones para asistir al llamado al diálogo, mientras no cumpla el gobierno con la liberación de todos los presos políticos y permita el regreso de los exiliados en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, y otros acuerdos aprobados en la última reunión de la Mesa de Diálogo, presidida por el representante del Vaticano..

           
El hambre y la falta de medicinas seguirán matando a centenares, posiblemente a miles, de los venezolanos más pobres, porque sus salarios no les alcanzan  para comprar lo mínimo indispensble en alimentos y en los hospitales no encuentran  los remedios apropiados para sus males generalmente provocados por la desnutrición. La escasez y el alto costo de la vida no los superará el gobierno con las importaciones, destruyendo el aparto productivo del país.

           
Una opción política que tiene la oposición para provocar un cambio aunque parcial porque se encargaría el Vicepresidente, es el Referendo Revocatorio del mandato del Presidente, para cuya ejecución es factible contar con un amplio sector del chavismo descontento, que  puede profundizar la crisis en el madurismo y crear condiciones para negociar un gobierno de transición que convoque a unas elecciones generales.

           
La otra opción política que tiene la MUD la constituyen las elecciones para gobernadores y alcaldes, pospuestas arbitrariamente por el Consejo Nacional electoral, seguramente por órdenes de Miraflores, lo que demuestra que el socialismo del siglo XXI, es una réplica del comunismo del siglo XX, que convocan a elecciones cuando están seguros que las pueden ganar. No hay alternabilidad aunque la establezcan en la Carta Magna. Que el gobierno las posponga nuevamente es una posibilidad contra la cual la MUD también tendrá que combatir.

           
Si no abandonan la calle, como parece ser una decisión unánime de la MUD, puede incorporar a otros sectores de la oposición, que contribuyan   a modificar las condiciones políticas actuales, y obligar al régimen, con apoyo internacional, a abrirle cauce o grandes posibilidades a una transición democrática.

           
De no perseverar en la salida democrática, pacífica y electoral, las políticas gubernamentales de estatismo stalinista, quiebra de la economía nacional, violación de la Constitución Nacional, inseguridad de las personas y sus bienes, hambre y desempleo puede conducir a un régimen totalitario e incluso a un golpe de Estado.


 

jpaezavila@gmail.com




MADURO 2017
Juan Páez Ávila

29-12-2016

Aunque aumenten los precios del petróleo en el 2017, el fracaso de un conjunto de políticas económicas y sociales  del gobierno  en los últimos 17 años, asesorado por  algunos técnicos y políticos formados en la ideología dogmática que impuso Stalin a los partidos comunistas durante décadas, y Maduro las repite invariablemente, conducirá al país a una mayor ruina.   De nada le ha valido el derrumbe de la Unión Soviética y de todas los  gobiernos que siguieron sus pasos, y ni siquiera el giro de 180 grados que ha dado China hacia una política de desarrollo capitalista, que la ha convertido en la segunda potencia económica mundial, que ha sacado de la miseria a unos 400 millones de chinos y continúa en marcha hacia el ascenso social de otros centenares de millones de pobres, que encuentran trabajo, aún con bajos sueldos y salarios, en las miles de nuevas empresas nacionales e internacionales privadas que compiten en el mercado mundial.

Incluso, el dogmatismo estatista no los deja ver otros cambios científicos y tecnológicos que han transformado la sociedad contemporánea, en la que el conocimiento ha sustituido los viejos valores de la explotación del trabajo de los obreros y campesinos, para aumentar la riqueza de los capitalistas. No pueden entender que Bill Gates haya acumulado una riqueza de más de 40.000 millones de dólares, producto de su talento, de sus conocimientos y no de la explotación de sus  trabajadores. Y lo más concreto y sencillo para los venezolanos, tampoco han entendido que los pobres existen porque no han estudiado lo que estudió Bill Gates, y ni siquiera han alcanzado los niveles de esos técnicos medios, que aunque no hayan comprendido los cambios universales, por lo que estudiaron cobran 15 y último muy buenos sueldos que les permiten un mayor nivel de vida.

Y lo más grave para los venezolanos es que al aplicar las políticas del estatismo, han expropiado o confiscado más de 3 millones de hectáreas de tierras, la mayoría de ellas en plena producción, y las han convertido en improductivas, causa principal de la falta de escasez  de alimentos. Por eso no se encuentra la leche, el azúcar, el aceite y ni el café que desde la época de la colonia producíamos y exportábamos, hasta que llegaron los adoradores del Estado, se apoderaron de las torrefactoras y acabaron con esa pequeña e histórica riqueza.

Pero esto no es la única demostración de la capacidad destructiva del gobierno de Maduro, sino que también se ha hecho extensiva a la industria nacional, en la que existían unas 14 mil empresas antes de asumir el poder Hugo Chávez, y hoy apenas sobreviven unas 5 mil. E incluso la industria nacional representada en lo fundamental por PDVSA y las empresas de Guayana son ejemplos de la depredación de nuestras riquezas. PDVSA subsiste gracias al endeudamiento que ya va por los 80.000 millones de dólares, y las empresas guayanesas están todas prácticamente quebradas.

Y después de esta catástrofe creada por sus políticas anacrónicas e equivocadas, 2017 no será distinto. La demagógica de aupar el saqueo de algunas empresas privadas, tratando de recuperarse para tratar de ganar las elecciones de gobernadores, lo que estimula es un caos insuperable. 2017 puede ser peor si no hay un cambio político y un gobierno de unidad nacional del que formen parte, sin distingos de ideologías, venezolanos capaces y honestos de diferentes sectores de la sociedad.


 

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LA RESPONSBILIDAD POLÍTICA Y SALIDA DEL PRESIDENTE

Juan Páez Ávila

15-12-2016

Aunque constitucionalmente la Responsabilidad Política del Presidente, por haber roto el orden constitucional y conducido al país a una ruina económica y social de dimensiones colosales, no acarrea la destitución inmediata del Jefe del Estado, la resolución aprobada por la unanimidad de los diputados asistente a la sesión correspondiente, tendrá una seria repercusión nacional e internacional que puede colocar su salida de Miraflores al borde del abismo.

           
Esta hipótesis se fundamenta en los hechos inconstitucionales que no sólo ejecuta Nicolás Maduro, sino  también en la complicidad de los demás Poderes Públicos, con la excepción de la Asamblea Nacional, sobre todo con los que se refieren a la violación de los Derechos Humanos, la corrupción de altos funcionarios y su vinculación, según tribunales internacionales, con el tráfico de drogas, delitos de lesa humanidad que no prescriben en el tiempo.

           
A la violación del texto Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se suman el desconocimiento de tratados internacionales, suscritos y refrendados por nuestro país, cuyos organismos representativos han comenzado a actuar contra el gobierno de Maduro, como se desprende  de la cesación de nuestro país como miembro de Mercosur con todos sus derechos. Aunque no lo quieran admitir los acólitos del madurismo, su gobierno es el único responsable de la expulsión de Venezuela de dicho mercado común. Y lo más grave es que el derecho que podría tener para solicitar una reconsideración de la cesación como miembro pleno de Mercosur, ha sido ejercido con prepotencia y mentiras como la de haber cumplido con el 95 % de las normas que lo rigen, por encima del cumplimiento de sus fundadores, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, según expresión de la Canciller Rodríguez.

El régimen autoritario que preside Maduro, por su naturaleza represiva y antidemocrática, no cumple ni dentro ni fuera del país con el ordenamiento jurídico que rige a las naciones del mundo civilizado.

           
Y aunque la solución de la crisis corresponde a los venezolanos, si la Mesa de la Unidad (MUD) recibe el respaldo de la mayoría de los ciudadanos que la ha venido apuntalando, y atiende a algunas críticas respetuosas y constructivas que algunos oposicionistas han planteado, seguirá siendo la única alternativa válida, por los momentos, para impulsar el cambio que los demócratas aspiramos. La experiencia política mundial indica que hay que reforzar la unidad, para poder avanzar hacia objetivos estratégicos claramente definidos. No parecen viables nuevos inventos desesperados o angustiantes, la MUD goza de un gran prestigio nacional e internacional, no obstante algunos errores cometidos.

           
El universo democrática apoya a la MUD y a la Asamblea Nacional, que con la aprobación de la responsabilidad política del Presidente Maduro, si se genera la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, hasta muchos para no decir miles de chavistas pueden solicitar la salida de Nicolás Maduro, para salvarse como organización política y no hundirse en el tremedal donde tiende a ahogarse el Presidente.

           
Para algunos escépticos es posible que la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Responsabilidad Política del Presidente, no tenga mayor repercusión, pero en las condiciones en las que se encuentra el país, por el hambre, el desabastecimiento, la inseguridad y alto costo de la vida, cuando el 87 % de la población encuestada desaprueba la administración Maduro, la Agenda de la MUD y de la Asamblea Nacional, pueden conducir a la salida del heredero del extinto comandante.


 

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CESACIÓN EN MERCOSUR

Juan Páez Ávila

09-12-2016

El autoritarismo de la administración de Nicolás Maduro, que lo lleva a gobernar sin Ley y sin Constitución, es en lo fundamental  la causa de la decisión de los países fundadores de Mercosur, de expulsar o decretar  la cesación de Venezuela de ese mercado común,   porque en la época que vivimos, la violación de los Derechos Humanos es un delito de lesa humanidad condenado universalmente. En Venezuela la mayoría de los ciudadanos, más del 80%, rechaza las políticas represivas y económicas del gobierno de Maduro. Y aunque se mantiene en el poder por el apoyo del Alto Mando Militar, los aparatos represivos legales e ilegales como los colectivos paramilitares y el control de los Poderes Públicos, con la excepción de la Asamblea Nacional, ese aparataje no  le sirve para burlarse de los organismos internacionales, con los que Venezuela tiene firmados convenios de defensa de la democracia.


Aunque en los medios económicos, empresarios y técnicos en la materia, se discutió mucho acerca de las ventajas y desventajas que tendría el ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Hugo Chávez en ejercicio de la Presidencia de la República, se empeñó en ingresar ofreciendo villas y castillos tanto para los países fundadores: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, como la economía venezolana. Durante varios años  enfrentó la resistencia del Congreso de Paraguay, cuyos integrantes se oponían a su ingreso, por considerar que no cumplía con los requisitos que establecieron los fundadores, entre los cuales se encontraba el respeto a los Derechos Humanos, y varios sobre deberes de importación y exportación.

           
Y aunque contaba con el respaldo de los Kirnert en Argentina, Lula en Brasil y Tabaré Vásquez en su primer mandato, tuvo que aprovecharse de la suspensión temporal de Paraguay para poder ser miembro con  algunas condiciones que no cumplió, mientras sus amigos gobernaban en los países que lo apoyaban. Al producirse cambios en la Presidencia de Argentina y Brasil el panorama político e incluso reglamentario se volcó en su contra, porque unidos con Paraguay, ante la evidencias del incumplimiento de las normas que rigen la constitución de Mercosur, estos tres países convencieron a Uruguay de la necesidad legal de decretar la cesación de Venezuela como miembro pleno.

           
Muerto Hugo Chávez su heredero no fue capaz de crear las condiciones  exigidas por el Protocolo de la creación de Mercosur, sino que por lo contrario agudizó la violación de los Derechos Humanos y el incumplimientos de las condiciones requeridas por el mercado común. Los países fundadores no le permitieron ejercer la Presidencia de Mercosur y le dieron un plazo hasta el 1º.  de diciembre de 2016 para que cumpliera los requisitos de carácter obligatorio para poder continuar siendo miembro con todos los derechos establecidos. Vencido ese plazo, Maduro no sólo no cumplió sino que agravó las contradicciones políticas y económicas existentes con los países fundadores de Mercosur.

           
De allí que Venezuela está fuera de Mercosur por razones de política internacional, que aplican países con gobiernos de centro, de izquierda o de derecha, que creen firmemente en las bondades de la democracia, para exaltar la dignidad del ser humano y crear condiciones para el mutuo respeto entre corrientes políticas con pensamientos diferentes, y el progreso y bienestar de los pueblos, algo que el gobierno de Nicolás Maduro, sus seguidores o aprovechadores le niegan a los venezolanos, presentando una falsa fachada de demócratas, con la que ya no pueden engañar al mundo de hoy.

 

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INSEGURIDAD Y EJÉRCITO

Juan Páez Ávila

02-12-2016

 

Cada vez que el Ejército sustituye a la policía en funciones que no son de su competencia, se producen crímenes o violaciones a los Derechos Humanos, como lo acontecido en Barlovento recientemente, en el que murieron asesinados 12 o más jóvenes venezolanos sin antecedentes policiales, que aunque los tuviesen no tenían por qué morir en poder de ningún cuerpo represivo.


En los países con gobiernos democráticos en los que la Fuerza Armada está subordinada al poder civil, el combate al hampa común es una misión de las policías, las que en caso de emergencia, por no poder controlar con sus armas a los grandes capos del crimen, solicitan la cooperación de las Fuerzas Armadas

           
La inseguridad de las personas y los bienes se ha convertido en los últimos años, según diversas encuestas realizadas por diferentes empresas especializadas, en el problema más grave que confronta el venezolano frente al hampa desbordada y la  incapacidad y, en algunos casos, descomposición de los cuerpos policiales.

           
Las medidas de alta policía anunciadas como las OLP se han estrellado ante una realidad, que les resulta incontrolable, a tal extremo que el Presidente solicitó la intervención del Ejército para intentar de frenar  los hechos delictivos que afectan a todos los venezolanos. Y aunque el Jefe del Estado ha debido proceder a destituir, y no lo hizo,  a los responsables por la incapacidad demostrada para combatir el delito, el hecho de apelar al Ejército, compromete a la FANB en responsabilidades represivas para las que no está preparado ni les corresponde,  revela que el país ha entrado en una espiral de violencia hamponil, relativamente incontrolable y caótica.

           
La política de seguridad, expertos en la materia, ha venido siendo enfocada equivocadamente por los más altos funcionarios de ese ramo, al crear  una policía nacional y ordenar la intervención del Ejército,  sin antes establecer y tratar de corregir las verdaderas causas de la proliferación de los actos criminales. Mientras existan millones de desempleados y una burocracia que no oculta su rápido y repudiable enriqueciendo ilegal; mientras no se combinen planes a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pobreza, se eduque para el trabajo a  millones de marginales y creen las fuentes de empleo respectivas, de nada ha  servido la represión.

           
La utilización del Ejército ha dado lugar a por lo menos dos lecturas. Una que aparentemente esa puede ser una solución, si su actuación es de apoyo y se combina con el CICPC y las policías regionales, municipales y con las comunidades. Y otra que los oficiales y soldados del Ejército no han sido preparados para cumplir funciones policiales y se teme el aumento de la violación de los Derechos Humanos de los venezolanos que por una u otra razón sean detenidos, como sucedió con los jóvenes apresados por oficiales y soldados del Ejército, y luego asesinados, en Barlovento.

           
Y si a la descomposición policial y social agregamos la proliferación de armas en manos de delincuentes comunes y políticos, el problema se puede tornar insoluble a corto plazo, si no se aprueba una política de desarme de la población civil, que según informaciones oficiales manejan varios millones de armas, sin control efectivo de quienes por ley son los únicos que las pueden portar.
           
De lo contrario estaríamos entrando en un proceso de radicalización de la represión y la violencia, con consecuencias impredecibles, no deseadas para ninguna nación en la tierra, y en particular  para un país democrático y civilizado, como aspiramos a consolidar los venezolanos.

 

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DIÁLOGO SIN CUMPLIR ACUERDOS

Juan Páez Ávila

25-11-2016

El más grave problema crítico que atraviesa el país en estos días, antes de que se vuelvan reunir los representantes del gobierno y de la oposición, con la facilitación del enviado por el Vaticano y los expresidentes Rodríguez Zapatatero, Torrijos, Fernández y Samper, es el incumplimiento por parte de Nicolás Maduro de los Acuerdos aprobados el 11 de noviembre.

           
En primer término no han sido ´puesto en libertad los presos políticos ni el gobierno ha ordenado el regreso  los exiliados con todas sus garantías  constitucionales. Apenas sin han liberado a unos pocos presos que no tenían juicio abierto, ni siquiera para aparentar que los tribunales encontraron indicios de sus supuestos delitos. Hasta el momento de escribir este artículo continuaban tras las rejas cerca de un centenar de venezolanos por expresar ideas distintas a las del oficialismo, y varios centenares si no miles de estudiantes con orden de presentarse cada 15 días a los tribunales señalados. Los 61 presos políticos cuya libertad solicitó el Vaticano, tampoco para el momento han sido liberados.

           
En segundo lugar hay que destacar el acoso continuo contra la Asamblea Nacional, tanto por el verbo incendiario del Presidente de la República como de la acción inconstitucional del TSJ por órdenes del Ejecutivo. Es decir, continúa el control de los Poderes Públicos, con la excepción de la Asamblea Nacional, por el Ejecutivo Nacional. La independencia de los Poderes Públicos sigue siendo una burla a los demócratas nacionales e internacionales que aprobaron impulsar la separación de esos Poderes.

           
En tercer lugar la convocatoria a elecciones en Amazonas no se ha hecho por negligencia o complicidad de la Sala Electoral del TSJ y del CNE, que continúan actuando como instrumentos políticos del Miraflores, para retardar o boicotear cualquier proceso de elecciones que constitucionalmente o mediante acuerdo de la Mesa de Negociaciones, debe realizarse. Por todas las encuestas conocidas,  el partido de gobierno no obtendría más del 20% de los sufragios, contra un 80% que expresa que Maduro debe ser reemplazado por la vía democrática, pacífica y electoral.

            A estas alturas del diálogo, todo parece indicar que la gravedad de la crisis que atraviesa el país puede agravarse, si no se avanza en los acuerdos y su cumplimiento, para neutralizar aunque sea parcialmente la presión social. Las manipulaciones del gobierno para tratar de perpetuarse en el poder, sin solución de la inflación, del hambre que esta genera, la escasez, la persecución a los adversarios políticos y la inseguridad de las personas, expuestas al atraco, el secuestro y hasta la muerte crea un panorama catastrófico que hace insostenible, a un gobierno que con sus políticas equivocadas profundiza el caos en la población, y proyecta un posible estallido social.

           
De allí que el diálogo, la negociación, el entendimiento entre los responsables de conducir la política nacional se presentan como algo cada día más urgente, por lo que debe darse cumplimiento a lo acordado en la Mesa de Diálogo, para tratar de evitar que la confrontación se salga del cauce constitucional, y podamos vivir en  un país civilizado, capaz de insertarse en el proceso científico y tecnológico que impulsa el bienestar de la población, en la era del conocimiento.


 

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LO DIFÍCIL DEL DIÁLOGO

Juan Páez Ávila

17-11-2016

Aunque la experiencia mundial recoge como altamente positivo la realización del diálogo como mecanismo para encontrar solución a los graves conflictos políticos, en la Venezuela de hoy el dogmatismo de los más altos funcionarios gubernamentales, expresado en el sectarismo, la discriminación política y la creencia de que el modelo económico y político que han puesto en práctica, a pesar del fracaso evidente y conocido a escala universal, cierra toda posibilidad de entendimiento y de acuerdo. La presencia del representante del Vaticano y los ex presidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos, Leonel Fernández y Samper como facilitadores para que gobierno y oposición busquen la fórmula necesaria para poner fin a la crisis que atraviesa el país, se encuentran con  que al suspenderse la reunión después de llegar algunos acuerdos, el gobierno a través del TSJ los boicotea al desconocer la independencia y facultades de la Asamblea Nacional. A través de las policías continúa la represión y del discurso presidencial la incitación a la violencia, después de llamar a la paz.


En la oposición no todos comprenden las razones que motivan la posición de los representantes de la MUD, de encadenar los pasos necesarios para    crear las condiciones que obliguen al régimen a realizar elecciones generales que conduzcan a una salida electoral.

           
El diálogo se hace difícil porque el país requiere poner en vigencia todas las instituciones que caracterizan la democracia plena. Poner en libertad a los presos políticos, regreso de los exiliados, funcionamiento del Estado de Derecho que les dé autonomía a los Poderes Públicos, que los Jueces  juzguen y condenen a los culpables de delitos, por razones de verdadera justicia y no por venganza política. El gobierno no cree en la democracia y controla todos los Poderes Públicos, excepto la Asamblea Nacional.

           
En lo social se deben garantizar los derechos de la población de recibir servicios públicos eficientes como la electricidad, el agua y en particular una educación y una salud de calidad. Es urgente resolver el problema de la escasez y del alto costo de la vida que acosa a toda la ciudadanía y en mayor grado a los sectores de menores recursos. También es prioritario desmantelar las bandas criminales que actúan con impunidad contra el pueblo trabajador. En todo este el gobierno ha sido un fracaso y se niega a reconocer la realidad.

           
Y en lo económico se puede sintetizar que se requiere en el corto plazo estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y crear confianza para la inversión nacional y extranjera; devolver a sus legítimos dueños las empresas y haciendas expropiadas y no pagadas; aumentar la producción de PDVSA y nombrar una junta directiva capaz y honesta; trazar todas políticas que controlen la inflación, estimulen la producción nacional y  la exportación; desmontar los controles que ahogan la economía nacional y acabar con las mafias que se han enriquecido ilícitamente y con impunidad. En este aspecto el gobierno ha sido incapaz de rectificar.

                       
La reconciliación nacional es de interés para la vida democrática de jóvenes, adultos y viejos, pero el tiempo apremia. Si la generación política que ha dirigido el país en los últimos 17 años, responsable de la polarización y del fracaso de las políticas públicas aplicadas, no es capaz de contribuir a reconciliar a los venezolanos, Venezuela puede entrar en una crisis impredecible.


Para que los habitantes de una nación disfruten de una cultura de paz, se requiere de la formación de ciudadanos pacíficos, respetuosos del Estado de Derecho, capaces de rechazar todo llamado o simple insinuación a la violencia.

 

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EL DIÁLOGO Y LA CRISIS
Juan Páez Ávila

04-11-2016

El diálogo entre factores políticos con diferentes ideas e intereses, en una democracia funcional, en un Estado de Derecho, es algo cotidiano y normal que tiende a consolidar una relación civilizada entre ciudadanos de una misma república. Es el instrumento más idóneo que ha encontrado la humanidad, para que una nación alcance los más altos niveles de progreso y bienestar de la población en su totalidad, y sólo se rompe cuando un sector mayoritario o minoritario, pero poderoso y armado trata de imponer sus intereses, su ideología contra los ciudadanos que no comparten su posición, convirtiéndose en un régimen autocrático o en un dictadura.

Si el adversario a esa autocracia o dictadura es muy débil, la violencia oficial se instrumenta a través de jueces abyectos y el control de las instituciones que aparentemente le dan legalidad a las actuaciones despóticas y hasta criminales de los gobernantes. Pero cuando al adversario logra conquistar el mayor apoyo del pueblo a través de voto, tal como sucedió en nuestro país el 6 de diciembre de 2016, y se propone rescatar la democracia, el enfrentamiento adquiere niveles de tirantez que puede desencadenar la violencia, hasta una guerra civil.

Esta es la situación en la que se encuentra nuestro país, de allí la preocupación de los sectores democráticos nacionales e internacionales, por el peligro  que significaría el estallido de una confrontación violenta, que incluso afectaría a países vecinos de la región. Y de allí también la participación de El Vaticano y la UNASUR para tratar de evitar que la crisis se agudice y rompa los parámetros democráticos que establece la Constitución Nacional de Venezuela y los Acuerdos Internacionales, firmados por nuestros gobiernos, que tienen como objetivo preservar la democracia y la paz en el continente.

De allí también la actuación correcta, acertada, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de acudir al diálogo, a exigir que se liberen los presos políticos, se respeten los Derechos Humanos, se impulse el derecho al voto en un Referendo Revocatorio del mandato del Presidente Nicolás Maduro, o se realicen unas elecciones generales, en las que la oposición ganaría con una alta votación, se abra la posibilidad de un gobierno de transición, de unidad nacional, que siente las bases para la solución pacífica de todos los problemas  sociales y económicos que confronta la sociedad venezolana.

La desconfianza que algunos sectores democráticos de la oposición han expresado, con relación a la táctica del gobierno de utilizar el diálogo para ganar tiempo, coger oxígeno y prorrogar por varios meses la realización de las elecciones generales, se explica por la conducta represiva y el manejo de la mentira de los más altos funcionarios del gobierno, como una política de Estado. Pero si confían en la presión nacional e internacional para obligar al gobierno a respetar la Constitución Nacional de Venezuela, el diálogo se puede  convertir en el mejor instrumento civilizado para logar la paz y el bienestar de la mayoría de la población.


 

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GOLPE ELECTORAL CONTINUADO

Juan Páez Ávila

28-10-2016

Lo que ha enardecido y cargado de miedo al gobierno de Nicolás Maduro es el  primer golpe electoral que el 6 de diciembre le propinó la inmensa mayoría de los venezolanos, incluido por lo menos un millón de chavistas desengañados, y la amenaza que les corroe la mala conciencia a los depredadores del Tesoro Nacional, de la segura continuada de ese tipo de golpe si permiten la relación de otras consultas electorales.


De allí la profundización de la militarización del país, con la entrega al Alto Mando Militar del control de importantes empresas del Estado como las relacionadas con el llamado Arco Minero de Guayana, e incluso corre el rumor de una posible entrega de PADVSA tras el fracaso de su actual Presidente Eulogio del Delpino.  A la militarización de la Administración Pública, se agregra la criminal  represión de los cuerpos policiales y para policiales contra algunos dirigentes de la oposición, seleccionados según su importancia en el liderazgo nacional, como son los casos de Leopoldo López y Antonio Ledezma, más de un centenar de estudiantes y jóvenes dirigentes políticos en todo el país. Tanto la militarización como la represión tienen como objetivos amedrentar, aterrorizar a la población opositora y al ciudadano común, con la finalidad de tratar de lograr que se abstengan de participar en la lucha por el rescate de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela.


La suspensión o bloqueo del Referendo Revocatorio por la parte del CNE, utilizando varios jueces penales, carentes de competencia para tales fines, ratifica el miedo a perder todo el poder si se realiza antes del 10 de Enero cuando vence el período correspondiente para llamar a nuevas elecciones.  El golpe electoral ejecutado por más del 60% de los venezolanos que han manifestado su decisión de votar por la salida de Nicolás Maduro del poder, expondría a la cúpula civil y militar que ha violado los Derechos Humanos y ha sido señalada y enjuiciada por supuestas vinculaciones con el narcotráfico, por la justicia internacional, a la condena a prisión por delitos que no prescriben.


Las graves repercusiones que tendría la pérdida del poder por parte de la secta cívico militar que se han entronizado en el gobierno, debido a los crímenes cometidos contra la población nacional internacional, es lo que ha unido a todos los cómplices de esos delitos, a violar la Constitución Nacional Bolivariana en la creencia de que pueden derrotar a una mayoría de ciudadanos que ha tomado conciencia de sus derechos y se manifiesta dispuesta a rescatar el Estado de Derecho.

Y aunque la mejor salida en este tipo de conflicto, por lo confirmado por la  experiencia mundial, es un acuerdo nacional, para evitar que prospere la violencia, si el gobierno no reconoce la realidad política, económica y social que sufren los venezolanos, y se aviene a un acuerdo nacional, si retaliaciones pero con justicia, la crisis se agudizará.


 

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CONTRA LA VIOLENCIA

Juan Páez Ávila

20-10-2016

El llamado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a concurrir masivamente a votar los días 26, 27 y 28 del presente mes para recoger más del 20% de las firmas que se requieren para convocar al referendo Revocatorio, tiene como objetivo central no sólo demostrar  el inmenso repudio que tiene más del 80% de los venezolanos contra el regimen de Nicolás Maduro,  sino también la capacidad de la dirigencia opositora para conducir pacíficamente al pueblo a la conquista de un cambio significativo, plural e histórico para superar la crisis que atraviesa el país.

 

La experiencia del 6 de diciembre del 2015 cuando los electores venezolanos  lograron tener un rol protagónico, al lado de los partidos políticos y otras organizaciones democráticas del país, cuando sufragaron a favor de las 2/3 partes de la oposición en la Asamblea Nacional, reflejó que también  convencieron a muchos pesimistas de que la lucha pacífica y el voto son las armas más poderosas que  tiene la mayoría de la población para derrotar la tendencia autoritaria del gobierno. 

           
De allí que una de las  consecuencias que se derivan del triunfo de la mayoría de la oposición en las elecciones del 6 de diciembre, fue la derrota del espíritu agresivo de algunos de los integrantes de los grupos para policiales y para militares  que si bien  hirieron a algunos votantes, al final tuvieron que replegarse.

           
Millones de militantes democráticos del chavismo, se manifestaron convencidos de que han sido engañados con una prédica demagógica y una política fracasada que nos ha llevado a todos los venezolanos a una profunda crisis humanitaria, de escasez de alimentos y medicinas, a una inflación que anula todo los aumentos de sueldos y a una inseguridad que pone en peligro la vida de todos ciudadanos. En un artículo anterior escribí que incluso algunos que se sintieron estimulados por un discurso excluyente que  consideraba al adversario político como un enemigo al que se había  de destruir, y armados irresponsablemente por algunos altos funcionarios, en la creencia de que obedecerían vertical y ciegamente sus órdenes, trabajadores la mayoría en Alcaldías y Gobernaciones, se sumaron el 6 de diciembre a una multitudinaria concurrencia a las urnas electorales, derrotó pacíficamente la política violenta del madurismo, y celebró el triunfo llamando a la reconciliación de los venezolanos.

           
Hoy la mayoría de los venezolanos tiene más razones para pensar que solamente en una democracia avanzada, que perfecciona su funcionamiento en un Estado de Derecho, una parte de la población recibe autorización para portar armamento y emplearlo en defensa de la soberanía nacional, y contra la delincuencia cuando ésta se resiste a atender y reconocer la autoridad legítimamente constituida.

           
Lo que parece sencillo en la teoría aunque no de fácil aplicación en la práctica, un acto de profundo contenido democrático y pacífico como la recolección de firmas para  llamar a un Referendo Revocatorio del mandato del Presidente de la República, debería ser parte de un  aprendizaje para convivir en un contexto de respeto mutuo y  de libre ejercicio de los derechos constitucionales.

           
Una disidencia como la expresada por el grupo Marea Socialista, varios ex ministros de Hugo Chávez y algunos generales retirados, llamando a respetar el texto de la Constitución Bolivariana de Venezuela, por la realización de un Referendo Revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, confirma el rechazo a la arbitrariedad y a la violencia política, un NO a la guerra entre los venezolanos, para lo cual hay que avanzar en el desarme mental de quienes militan en los extremos.

 

 

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PROVOCACIONES AL DÍA

Juan Páez Ávila

15-07-2916

Una minoría gobernante dogmática, apoyada por un Alto Mando Militar que obedece órdenes de su Comandante en Jefe, por grupos paramilitares denominados colectivos y por los Poderes Públicos que controla el Ejecutivo, con la excepción de la Asamblea Nacional, ha venido poniéndole obstáculos al Referendo Revocatorio del mandato de Nicolás Maduro y realizando toda clase de provocaciones a    la mayoría de los venezolanos que delegó su soberanía en los parlamentarios que eligió el 6 de diciembre del 2015, con la finalidad de llevarlos a una lucha violenta.

 
Una mayoría que tiene el respaldo de más del 80% de los ciudadanos, cuenta con los votos, pero está y actúa desarmada confiando, no sólo en la fuerza del pueblo, sino también en el poder de la razón constitucional y el apoyo del mundo democrático, que condena los delitos de lesa humanidad que desde el gobierno se han cometido contra civiles inocentes y respetuosos de la legalidad, muchos de los cuales han denunciado ser víctimas de detenciones arbitrarias y torturas humillantes.


Las provocaciones son ya de larga data: las detenciones de Lepoldo López, Antonio Ledezma, Manuel Rosales, de Ceballos y varios Alcaldes de la oposición, tienen además del sello autoritario, tiránico del gobierno, el claro objetivo de torcer el rumbo democrático de los integrantes de la Mesa de la Unidad (MUD) que le permita una mayor y masiva represión policial y militar contra la mayoría disidente.

           
La experiencia mundial de los regímenes totalitarios, comunistas y fascistas, revela que para mantenerse en el poder, contra la voluntad de sus pueblos, utilizan todos los métodos represivos posibles, acusando a la oposición de fraguar actos de terrorismo, atentados a altos funcionarios y hasta golpes de Estado, algo que sólo los que tienen las armas legales o ilegales, pueden acometer. Han hecho y hacen de la mentira una política de Estado, para adjudicarles a sus adversarios todas las fechorías que ellos y únicamente ellos pueden realizar.

           
En esa escuela del dogmatismo, la represión y la mentira se han formado Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores, que en los actuales momentos, a sabiendas de que han perdido el apoyo de la mayoría que una vez acompañó al difundo Hugo Chávez, violan la Constitución Nacional de la República Bolivariana para evitar que se realiza el Referendo Revocatorio. Tratan de anular la Asamblea Nacional, que goza del apoyo mayoritario de los venezolanos, sustituyéndola por una Sala Constitucional del TSJ nombrada a dedo, apresurada y fraudulentamente  varios días después que perdieron las elecciones el 6 de diciembre. Despojan a los parlamentarios de sus sueldos y aprueban por decreto el Presupuesto Nacional. Sabotean con sus paramilitares a algunas manifestaciones y asambleas pacíficas,  convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

           
En síntesis, las provocaciones del gobierno llegan a tales extremos que atropellan todo el Ordenamiento Jurídico del país y los Tratados Internacionales, firmados por nuestro nación, afirmando que toda su política está orientada a defender la paz. Sin duda que pretenden imponer una paz del silencio, de la autocensura, del miedo,  hasta llegar a la paz de los cementerios. Y todo ello despreciando la conciencia democrática de la mayoría que le opondrá la desobediencia cívica, que conduciría al país a un desenlace imprevisible.


 

jpaezavila@gmail.com




LA CRISIS TERMINAL

Juan Páez Avila

09-09-2016

 

Las violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la movilización de la Mesa de la Unidad (MUD) en los 1.356 centros de votación escogidos por el CNE, para explorar la voluntad de los venezolanos de estar o no de acuerdo con que el Referendo Revocatorio se realice en el 2016, y las acciones drásticas contra el régimen actual, solicitadas por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, conforman un cuadro político de dimensiones críticas que pueden conducir a una transición democrática y al restablecimiento del Estado de Derecho en nuestro país.


La crisis puede ser terminal, aunque no se conozca el verdadero desenlace, por tres razones fundamentales: la primera se refiere a los disparates que el gobierno de Maduro comete todos los días en política económica, que aumentan la inflación y el hambre de los venezolanos, aunque sus más altos funcionarios niegan y hasta celebran que vamos por buen camino, cuando la realidad golpea brutalmente a los más pobres, liquida la clase media y agrava a conflictividad social, aupada por la escasez de alimentos y medicinas y la inseguridad que afecta a la totalidad de los ciudadanos, acosada por el hampa desbordada.


La presencia en 1.356 centros de votación de una oposición mayoritaria confirmando el dominio pacífico que tienen de la calle y el respaldo incuestionable de más del 80% de los encuestados por diferentes empresas especializadas, dispuesta a cumplir el mandato que recibiera en las elecciones del 6 de diciembre del 2015, sin caer en las provocaciones que montarán las bandas represivas del gobierno, revela que estamos en una encrucijada política, que tiene contra la pared al régimen que tranca el juego político, sin darse cuenta de que importantes sectores del chavismo no lo acompañarían si prohíbe el Referendo Revocatorio, y menos si aprueba el Presupuesto Nacional del 2017, al margen de la Constitución Nacional y aumenta la corrupción.

En tercer lugar el descalabro que sufrió el gobierno en Mercosur, no sólo al no permitirle que presida ese importante organismo de integración regional, sino también que ha sido sometido a una prueba definitiva para poder ser miembro con todos los derechos, por lo que tiene que dar claras demostraciones de respeto a los Derechos Humanos y en general cumplir con todos los requisitos democráticos establecidos en el Estatuto que rige el funcionamiento de dicho organismo de integración del Sur.


El aislamiento internacional del gobierno de Nicolás Maduro se agrava por la posibilidad de la aplicación de Carta Democrática Interamericana, a proposición del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, al observar la desaparición del Estado de Derecho, cuando el Jefe del Estado habla en nombre del Poder Electoral (CNE) al afirmar que no habrá Referendo Revocatorio; cuando desconoce las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional para conocer y aprobar el Presupuesto Nacional; cuando sostiene que las elecciones, incluso las de los gobernadores que tienen fecha fija en la Carta Magna, no son prioritarias para su gobierno; y en general cuando no cumple con los requisitos democráticos establecidos en Mercosur y en la OEA para poder pertenecer a dichos organismos.


Todo indica que estamos frente a una crisis terminal, que para ser superada requiere de un cambio democrático, de acuerdo a las exigencias de la mayoría de los venezolanos, e incluso de muchos latinoamericanos
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GRAN ACUERDO NACIONAL

Juan Páez Ávila

29-09-2016

Si después de 52 años de guerra, más de 200 mil muertos y millones de desplazados, los colombianos llegaron a un gran acuerdo nacional, entre el gobierno que preside Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que pone cese al conflicto y abre las perspectiva de una paz duradera, no puede ser descabellado pensar que en nuestro país, con la participación de destacados representantes del gobierno y la oposición, y de organismos internacionales interesados en superar  la mayor crisis económica, social y política que vive Venezuela, se encuentren mecanismos de negociación que conduzcan a la estabilidad de un estado de derecho.


El llamado a los venezolanos a un Acuerdo Nacional para la transición,  dirigido a todos los ciudadanos, sin distingo de ideologías o de su militancia política, interesados en procurar un cambio del régimen de tendencia totalitaria  por un gobierno democrático, que han propuesto diversos sectores pacifistas nacionales e internacionales,  puede interpretarse por su contenido general, como una convocatoria a restablecer la vigencia plena de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela.


De allí que la responsabilidad de lograr un gran acuerdo nacional deben asumirla,  en principio, tanto  quienes forman parte de la oposición al actual gobierno, como los independientes que observan hacia dónde marcha el país impulsado por una política oficial que ha generado la mayor crisis económica y social conocida hasta hoy, y los chavistas militares y civiles que de distintas maneras han expresado en público o en privado, su desacuerdo con un liderazgo gubernamental incapaz para superar la crisis actual, corrupto o cómplice de la corrupción que ha despilfarrado y defalcado los mayores presupuestos que ha tenido el país en toda su historia. Un Acuerdo Nacional en el que se oigan las voces de los trabajadores, los empresarios, los jóvenes, los gremios profesionales, los políticos, los académicos, las iglesias y la Fuerza Armada para promover la constitución de un gobierno democrático.


Un gran acuerdo  debe poner en vigencias todas las instituciones que caracterizan la democracia plena: libertad de los presos políticos, regreso de los exiliados; autonomía a los Poderes Públicos, que los Jueces  juzguen y condenen a los culpables de delitos, por razones de verdadera justicia y no por venganza política. En síntesis, que se cumpla la Constitución Nacional, la Carta Interamericana Democrática y todos los acuerdos internacionales en la materia aprobados y refrendados por Venezuela.


En lo social se deben garantizar los derechos de la población de recibir servicios públicos eficientes como la electricidad, el agua y en particular una educación y una salud de calidad. Es urgente resolver el problema de la escasez y del alto costo de la vida que acosa a toda la ciudadanía y en mayor grado a los sectores de menores recursos;  desmantelar las bandas criminales que actúan con impunidad contra el pueblo trabajador.


Y en lo económico se puede sintetizar que se requiere en el corto plazo estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y crear confianza para la inversión nacional y extranjera; devolver a sus legítimos dueños las empresas expropiadas y no pagadas; aumentar la producción de PDVSA y nombrar una junta directiva capaz y honesta; trazar todas políticas que controlen la inflación, estimulen la producción nacional y para la exportación; desmontar los controles que ahogan la economía nacional y acabar con las mafias que se han enriquecido ilícitamente y con impunidad.


 

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DIÁLOGO Y DESCONFIANZA

Juan Páez Ávila

20-09-2016

 

La denuncia permanente de algunos sectores minoritarios e incluso individualidades muy respetables, contra el sector mayoritario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) porque adelantan un diálogo exploratorio con representantes del gobierno, a la luz de la más elemental interpretación periodística, resulta una manifestación de desconfianza en la firmeza y honestidad política de quienes representan a la mayoría de la oposición.

           
En política, e incluso en guerra en cualquiera de sus modalidades: convencional o irregular, el diálogo siempre ha estado presente en momentos  de las más graves crisis sociales o políticas que enfrentan a sectores con diferentes formas de pensar, con claros y  mutuos intereses para buscar la solución que satisfaga a ambos contenderos.

 
En política el diálogo, como lo realizan los colombianos, se establece entre factores de poder, que generalmente  tienen profundas diferencias ideológicas  en cuanto a la conducción del Estado, con la finalidad de normalizar la vida política, económica y social de la nación. Por eso las conversaciones que  se han realizado en Cuba entre representantes del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC, previo acuerdo de que el mismo tiene como objetivo buscar y encontrar la paz definitiva en el vecino país, ya la firma está fijada para el 26 de este mes.


En nuestro país estamos enfrentados a peligrosas manifestaciones  de violencia en los barrios populares, entre bandas armadas de diferentes signos, aunque con predominio del hampa y de los paramilitares del gobierno,  que  amenazan  a la clase media y a toda la población. También existe un estado de permanente violación de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en  opinión de la mayoría de los demócratas nacionales e internacionales, requiere un diálogo de interés nacional, para restablecer el Estado de Derecho.

           

El gobierno cree que tiene la verdad en sus manos, lo que le debe permitir continuar en el poder por tiempo indeterminado o por lo menos hasta el 2019. Los representantes de la   Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que tiene el respaldo  del 80% o más del electorado nacional, piensa que debe convocarse a un Referendo Revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, tal como lo establece la Constitución Nacional Bolivariana, aprobada por el chavismo en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, refrendada por el voto popular.

           
Estos hechos revelan lo complicado y difícil de creer en la voluntad del gobierno para dialogar, así el llamado provenga del  propio Presidente, que trata de buscar su legitimación en el mundo económico y social, desconociendo el factor político, sin el cual no se podrá avanzar.  Nicolás Maduro y  la totalidad de su gobierno, incluyendo los parlamentarios oficialistas, no sólo actúan  al margen de la tendencia mundial  a la convivencia civilizada, sino también en contravención al Orden Jurídico Interamericano, cuando proceden con absoluta complicidad en la flagrante violación de la Ley fundamental de la República.


Por tales y muchas otras razones, para evitar males mayores resulta imprescindible, en nuestra opinión, acudir al diálogo y garantizar justicia y no retaliación al adversario, después del Referendo Revocatorio, que de acuerdo a las encuesta tiene ganado la oposición, para restablecer el Estado de Derecho. Para ello es necesario dejar de lado a los talibanes y extremistas del oficialismo y de la oposición, que desde posiciones muy  cómodas, por lo general exclusivamente teóricas, plantean a los líderes que conducen la administración pública y la lucha por un cambio democrático, que radicalicen sus enfrentamientos.


 

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CONTRA EL TOTALITARISMO

Juan Páez Ávila

09-09-2016

La utilización por parte del Presidente de la República, Nicolás Maduro, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para desconocer el poder que la mayoría de los venezolanos le otorgó a la Asamblea Nacional, y del Consejo Nacional Electoral (CNE) para impedir la realización del Referendo Revocatorio de su mandato como Jefe del Estado, es un claro indicio de que la camarilla civil y militar que nos gobierna, pretende mantenerse en el poder al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

El debilitamiento, y en nuestro caso el control de las instituciones fundamentales de la democracia, la violación permanentemente de las leyes, es decir, la inobservancia de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales firmados por nuestra nación y la mayoría de los países del universo, colocan al régimen madurista  en la vía hacia el totalitarismo.


Como un alerta sobre los peligros que corre la democracia en el mundo de hoy, especialmente en Latinoamérica, Fernando Mires escribió un libro, titulado Democracia o Barbarie, en el que examina las variantes y modalidades políticas que los partidarios de las dictaduras del caudillismo decimonónico y del capitalismo de Estado del siglo XX, utilizan para intentar liquidar la democracia e imponer la barbarie personalista, militarista y dictatorial. 

           
Como en la Venezuela del siglo XXI,  durante la primera mitad del siglo XX el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, emergieron a través de una fachada electoral y un lenguaje democrático, para establecer feroces dictaduras, derrotadas sólo por los Aliados al final de la Guerra Mundial. En América Latina, y no sólo en nuestro país, se corre el riesgo de una regresión a la barbarie, si las fuerzas democráticas no son capaces de unirse en la defensa del imperio de la Ley nacional y de todos lo convenios internacionales que tienen como mandato el respeto a los Derechos Humanos y en general a la preservación de la democracia.


Los planes de destrucción de las libertades públicas y de la propiedad privada para dar paso a un capitalismo de Estado que no sólo fracasó en la Europa comunista, sino que también llenó de pobreza y miseria a millones de personas, que si no quedaron desempleados, ganaban salarios de hambre, los tratan de imponer Maduro y el grupo de miliares que le apoya.

           
La judicialización de la política, con el enjuiciamiento, persecución, exilio forzoso o la inhabilitación para postularse a algún cargo de elección popular, de los adversarios políticos del  régimen, sobre todo cuando tienen posibilidades de derrotar a los candidatos del oficialismo, son indicadores muy evidentes de la tendencia totalitaria del gobierno, que además de ser denunciados, deben enfrentarse con coraje y firme decisión democrática.

           
Para impedir que una camarilla civil y militar  avance hacia el totalitarismo, los venezolanos tenemos que actuar unidos alrededor  de la Alternativa Democrática en las elecciones para el Referendo Revocatorio, en todas las elecciones que se presenten e incluso en el ejercicio del gobierno por varios períodos, una vez que pueda asumir el poder. En síntesis, apoyemos a la MUD, en la que se concentran  los demócratas del país, quienes tienen la responsabilidad de la conducción de la política nacional, regional y local, en estos tiempos turbulentos y decisivos para el futuro de la democracia venezolana, e incluso Latinoamericana.

 

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LA VIDA EN LIBERTAD

Juan Páez Ávila


02-11-2016
Las manifestaciones realizadas el 1o. de Septiembre ratifican la esperanza  y la voluntad de más del 80% de los venezolanos de vivir en libertad, plena para todos los ciudadanos, frente a  menos de un 20% que todavía respalda a una reducida camarilla de estalinistas civiles y  militares, que han hundido a la población en la más grave crisis económica y social conocida en nuestra historia republicana.

           
La toma de Caracas por centenares de miles de hombres y mujeres que constatan diariamente la falta de alimentos y medicinas, el encarecimiento del nivel de vida y la inseguridad de las personas y los bienes, debería convencer al Presidente Nicolás Maduro de que es necesario un cambio en la política nacional y abrirle paso a la consulta en las urnas electorales a la mayoría que solicita un Referendo Revocatorio. Pero como estamos gobernados por un grupo de civiles y militares dogmáticos, algunos fanatizados al extremo, que creen ser dueños de la verdad y por lo tanto del país, le ponen nuevos obstáculos a la salida democrática, negando la posibilidad de que Referendo se realice esta año.

 

El llamado de diversos sectores de la Comunidad Internacional, de la Conferencia de  Arzobispos y Obispos de Venezuela a todos los venezolanos y en particular a los católicos, de varios gremios profesionales y estudiantes a defender una Constitución Nacional que sea patrimonio de los ciudadanos, sin exclusión alguna, está en consonancia con la decisión de la mayoría de los encuestados que expresan en más del 80%  su rechazo a la tendencia autoritaria del régimen

           
La aprobación de la Constitución vigente  es un hecho político que concierne a todos los ciudadanos de un país democrático, expresión de un pacto social que garantice la convivencia, la pluralidad de pensamiento y de participación  en el marco de un Estado de Derecho. De allí el  rechazo de la Asamblea Nacional a dotar al Presidente de la República de poderes ilimitados, que dejen abierto el camino hacia el abuso autoritario del Jefe del Estado contra adversarios políticos e incluso contra partidarios suyos que puedan  pensar y expresar alguna disidencia o idea contraria a sus decisiones unipersonales.

 
Por eso el debate acerca de la transición política y de la necesidad de un Referendo Revocatorio del mandato del Presidente de la República, no es de exclusivo interés de los partidos políticos, ni un simple enfrentamiento entre oficialismo y oposición, sino algo de interés nacional, que afecta a todos los venezolanos.

               
La conclusión de los efectos de las dos manifestaciones realizadas en el 1 de septiembre, es que mientras Nicolás Maduro se dedicó a descalificar a la oposición,  no rebatiendo sus planteamientos, revela que estamos en uno de los momentos políticos trascendentales de nuestro tiempo. La oposición defiende la vigencia de la Constitución de todos los venezolanos, y el gobierno la viola asumiendo  poderes dictatoriales el Comandante en Jefe.           

Y aunque los ciudadanos tendrán la última palabra, expresada por cada uno en el ámbito de su competencia, y conducidos por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el  llamado a luchar para vivir en Libertad, sigue siendo un camino en el que la mayoría requiere de una gran madurez, objetividad y coraje como lo ha demostrado hasta ahora, para vencer la represión y la violencia oficial, tal como hicieron indígenas, minusválidos y miles de ciudadanos para superar las alcabalas que le puso el gobierno para impedir que llegaran y participaran en la toma de Caracas.

 

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LA PAZ Y DEBATE EN COLOMBIA

Juan Páez Ávila

25-08-2016

D
espués de la firma del Tratado de Paz en La Habana, entre el gobierno de Colombia y las FARC, que indica que el camino de la negocación era el único que podría poner fin a más de cincuenta años de guerra, se abre un intenso debate en la sociedad colombiana para que mediante el voto la mayoría decida si aprueba o rechaza los términos del acuerdo. Paralelamente la Conferecia de los Comandantes Guerrilleros de todos los frentes de las FARC se reunirán para decidir acerca de si refrendan o no el Tratado firmado por la alta jerarquía militar de esa organización que llama a la pacificación.

           
Y aunque el debate politico adquiera ribetes de polarización entre quienes tienen influencia importante en la conducción política de ese país, en torno a los términos del acuerdo, lo que queda fuera de toda discusion es el interés de la mayoría de los colombianos por  poner fin a una Guerra que ha destruido la vida de centenaries de miles de colombianos, sin que haya posibilidades de cambio por esa cruenta vía, y   alcanzar un estado de covivencia civilizada en el que impere la paz de una manera definitiva.

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La discusión interna que obligatoriamente debe producirse en todos los comandos de las FARC, como sucedió en todos los frentes guerrilleros de América Latina después de la muerte del Ché Guevara en la selva boliviana, repercusión que al parecer había resistido la guerrilla colombiana, ya produjo las primeras consecuencias políticas, y no por cobardía, sino por evaluaciones objetivas de una nueva realidad que racionalmente los inclina a buscar la paz, negociando con el gobierno de Juan Manuel Santos, quien ha ofrecido garantías para el ejercicio libre de la política por medios legales.

           
El final de la violencia en Colombia ya está más cerca de lo que piensan los más dogmáticos y fundamentalistas jefes guerrilleros, que abandonaron las principales banderas de la liberación nacional, de la construcción de una sociedad democrática con justicia social, para caer en el narcotráfico y en una guerra que violaba todas los derechos humanos mediante el secuestro  y asesinatos de inocentes trabajadores del campo que no se identificaban con sus ideas y acciones criminales. Y también una gran lección para algunos extremistas de la política, por lo que deben renunciar a su lógica de la venganza, en el interés de la nación colombiana.

           
Y si Colombia logra entrar en una etapa de pacificación que avance inexorablemente hacia un acuerdo definitivo, que inserte a la mayoría de los actuales guerrilleros en la lucha democrática, América Latina puede evolucionar, con mayores posibilidades de éxito  hacia una comunidad de naciones democráticas, que les permita superar el atraso económico, la dependencia de materias primas y la pobreza. Colombia y Venezuela una vez que se haya realizado el Referendo Revocatorio del mandato del Presidente Maduro, y producido un cambio democrático y de progreso social, también entrarían en paz y podrían actuar conjuntamente para impulsar la Unión de Naciones del Sur  (UNASUR)
           
Y aunque el debate revelará diversas diferencias, como corresponde a una sociedad democrática, la tendencia mundial hacia la globalización no sólo de la economía, sino también de la política democrática mediante la defensa de los Derechos Humanos, el combate al terrorismo, el narcotráfico y la corrupción, incorporará a Colombia al concierto universal de las naciones civilizadas, que le abra el futuro del primer mundo.


 

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EL VOTO CONTRA LA VIOLENCIA

Juan Páez Ávila

18-08-2016

Los electores venezolanos no sólo lograron tener un rol protagónico, al lado de los partidos políticos y otras organizaciones democráticas del país, en las elecciones del 6 de diciembre del 2015, cuando sufragaron a favor de las 2/3 partes de la oposición en la Asamblea Nacional,  sino que también convencieron a muchos pesimistas de que la lucha pacífica y el voto son las armas más poderosas que  tiene la mayoría de la población para derrotar la tendencia autoritaria del gobierno. 

           
De allí que una de las  consecuencias que se deriva del triunfo de la mayoría de la oposición en las elecciones del 6 de diciembre, y tal vez una de las de mayor contenido cívico en nuestra historia republicana, es el desarme del espíritu agresivo de algunos de los integrantes de los grupos para policiales que no sólo hirieron a muchos manifestantes pacíficos, en los días previos a la histórica elección, sino que  amenazaban con propiciar un conflicto violento de proporciones incalculables en el país.

           
Millones de militantes democráticos del chavismo, ya se manifiestan convencidos de que han sido engañados con una prédica demagógica y una política fracasada que nos ha llevado a todos los venezolanos a una profunda crisis humanitaria, de escasez de alimentos y medicinas, a una inflación que anula todo los aumentos de sueldos y a una inseguridad que pone en peligro la vida de todos ciudadanos. Incluso algunos que se sintieron estimulados por un discurso excluyente que ha considerado al adversario político como un enemigo al que se ha de destruir, y armados irresponsablemente por algunos altos funcionarios, en la creencia de que obedecerían vertical y ciegamente sus órdenes, trabajadores la mayoría en Alcaldías y Gobernaciones, se sumaron el 6 de diciembre a una multitudinaria concurrencia a las urnas electorales, derrotó pacíficamente la política violenta del madurismo, y celebró el triunfo llamando a la reconciliación de los venezolanos.

           
Una vez conocidos los resultados electorales debió percibirse una atmósfera política de menor tensión, que debería dar inicio a un  desarme mental, y preservarse como expresión de una conducta civilizada de quienes portando, incluso armas de guerra, no deberían sentirse inclinados a utilizarlas contra la ciudadanía que manifiesta pacíficamente. Pero solamente en una democracia avanzada, que perfecciona su funcionamiento en un Estado de Derecho, una parte de la población recibe autorización para portar armamento y emplearlo en defensa de la soberanía nacional, y contra la delincuencia cuando ésta se resiste a atender y reconocer la autoridad legítimamente constituida.

           
Lo que parece sencillo en la teoría aunque no de fácil aplicación en la práctica, un acto de profundo contenido democrático y pacífico como el realizado el 6 de diciembre pasado, resulta ser parte de un  aprendizaje para convivir en un contexto de respeto mutuo y  de tolerancia  en  la expresión de ideas diferentes.

           
Una disidencia como la expresada por el grupo Marea Socialista, varios ex ministros de Hugo Chávez y algunos generales retirados, llamando a respetar el texto de la Constitución Bolivariana de Venezuela, por la realización de un Referendo Revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, es un rechazo a la arbitrariedad y a la violencia política, un NO a la guerra entre los venezolanos, para lo cual hay que avanzar en el desarme mental de quienes militan en los extremos. De allí el llamado de la MUD a una gran marcha el 1º  de septiembre, que culmine con la toma pacífica de Caracas, para obligar al CNE a cumplir la Carta Magna y ponerle fecha al Referendo Revocatorio.

 

 

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DESAFÍO A LA SOBERANÍA POPULAR

Juan Páez Ávila

10-08-2016

 

El intento de la mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) de posponer el Referendo Revocatorio, además de ser una violación de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y del Reglamento elaborado por dicho Consejo, es un franco desafío a la soberanía popular expresada el 6 de diciembre de 2015, cuando a través del voto le otorgó a la oposición las 2/3 partes de los diputados que integran la Asamblea Nacional.        

           
Al quedar al desnudo la dependencia del Poder Electoral del Ejecutivo Nacional, para evitar que el mandato del Presidente Nicolás Maduro sea revocado en el 2016 y luego llamar a elecciones presidenciales, la oposición, que según todas las encuestas constituye una evidente mayoría, ha decidido ratificar la convocatoria a una marcha nacional para la toma de Caracas y obligar al CNE a respetar los lapsos que permiten claramente la realización del Referendo en el presente año.

           
La Mesa de la Unidad Democrática aún confía en la posibilidad de obligar al CNE a cumplir con la Constitución Nacional y el Reglamento que rige el proceso para realizar el Referendo, aunque ya se oyen algunas voces muy calificadas llamando a la desobediciencia civil.


El reconocimiento del Poder Popular como expresión del Soberano siempre ha estado presente en las campañas electorales, como expresión del Estado de Derecho, pero en la época del chavomadurismo el Poder Ejecutivo ha controlado los demás Poderes Públicos, en estos momentos con la excepción de la Asamblea Nacional, que luego algunos altos funcionarios lo ejercen en su nombre, aunque los beneficiarios sean unos pocos, una pequeña oligarquía política y económica que surge alrededor del Jefe del Gobierno. Esta constante que ha marcado la historia de América Latina, emerge en nuestro país acechada por la ilimitada ambición que estimula en los traficantes de la política, la existencia de una riqueza petrolera, de la que disimulada o descaradamente  se han venido apropiando ilícitamente los oligarcas de  siempre y los nuevos administradores del poder.

           
El saqueo de que hoy es víctima Petróleos de Venezuela (PDVSA), según denuncias hechas públicas y presentadas en la Asamblea Nacional, confirma  lo expresado en el párrafo anterior. A nombre del Poder Popular se inventa el socialismo del siglo XXI, promovido para crear un hombre nuevo y alcanzar la mayor suma de felicidad posible -según mandato de Simón Bolívar, para tocar la fibra nacionalista de  los venezolanos- mientras algunos altos jerarcas del Poder Ejecutivo amasan ilícitamente inmensas fortunas que generalmente trasladan a bancos extranjeros en los llamados paraísos fiscales.

           
Al Poder Soberano lo han convertido en una bandera fraudulenta, cuando desde el poder central del Estado se plantea la necesidad de violar la Constitución Nacional vigente y otorgarle al Jefe del Estado facultades de   fundar  comunas y nuevas jurisdicciones político-territoriales, crear Estados de Excepción sin la aprobación de la Asamblea Nacional y sin oír la opinión de los ciudadanos, de los electores que constituyen el verdadero Poder Soberano. Para continuar saqueando al país, pretenden perpetuarse en el poder, y evitar el Referendo Revocatorio en el 2016.

Para que el Poder Popular sea una realidad en la vida política de la nación, es imprescindible que se respete el derecho a elegir a sus gobernantes, pedirles rendición de cuentas y cambiarlos cuando lo consideren conveniente a los intereses del pueblo soberano. Que el Jefe del Estado dependa del Poder Soberano y no la inversa, es el desafío que tiene que enfrentar la mayoría de los venezolanos.
 

 

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El CAMINO AL MILITARISMO

Juan Páez Ávila

13-07-2016
E
l nombramiento del Ministro de la Defensa, General Padrino López, jefe de la Misión de Abastecimiento Seguro y Soberano, a quien deben rendirle cuenta la mayoría de los ministros del Gabinete de Nicolás Maduro, además de anular  las mayoría de las funciones del Vicepresidente Aristóbulo Istúriz, marca el rumbo militarista que el Presidente de la República se propone imponer a los venezolanos a corto o mediano plazo, según las circunstancias políticas que surjan del desafío gubernamental al país y al mundo democrático, que busca una salida constitucional y cívica a la presente crisis que afecta a la nación. 


Existen diversas  variantes y modalidades políticas que los partidarios de las dictaduras del caudillismo decimonónico y del capitalismo de Estado del siglo XX, utilizan para intentar liquidar la democracia e imponer la barbarie personalista, militarista y dictatorial. 

           
Sin que sea algo nuevo, porque durante la primera mitad del siglo XX, el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, emergieron a través de una fachada electoral y un lenguaje democrático, para establecer feroces dictaduras, derrotadas sólo por los Aliados al final de la Guerra Mundial, en América Latina y en el llamado Tercer Mundo se corre el riesgo de una regresión a la barbarie, si las fuerzas democráticas no son capaces de unirse en la defensa del imperio de la Ley nacional y de todos los convenios internacionales que tienen como mandato el respeto a los Derechos Humanos y en general a la preservación de la democracia.


El control de los Poderes Públicos por parte del Ejecutivo, y en algunos casos la liquidación, de las instituciones fundamentales de la democracia, la violación frecuente de las leyes, es decir, la inobservancia de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales firmados por la mayoría de los países del universo, colocan a nuestro país, en la vía hacia el totalitarismo.
Y aunque  la derrota del fascismo,  del nazismo y del comunismo y su difícil retorno con crímenes masivos y campos de concentración, parecen tragedias lejanas, el gobierno del madurismo ha realizado y realiza diversos intentos de destrucción de las libertades públicas y de la propiedad privada para dar paso a un capitalismo de Estado que no sólo fracasó en la Europa comunista, sino que también llenó de pobreza y miseria a millones de personas, que si no quedaron desempleados, ganaban salarios de hambre.

           
La judicialización de la política, con el desconocimiento de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional,  la cárcel, la persecución y exilio forzoso de los adversarios políticos del  régimen, son claras evidencias de la tendencia militarista y totalitaria del gobierno de Nicolás Maduro, que además de ser denunciados, deben enfrentarse con coraje y firme decisión democrática.


El rechazo a las políticas del gobierno, por más del 80% de los venezolanos, es un claro indicador de que existe la posibilidad de revocar el mandato de Nicolás Maduro, mediante el Referendo y restablecer las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, para que controle a los administradores de los dineros de la nación, legisle para restaurar el Estado de Derecho y crear un clima de reconciliación de los venezolanos, que le abra el camino a la prosperidad, el bienestar y la libertad de todos los ciudadanos, y que cancele definitivamente la ruta hacia el militarismo y la barbarie.


 

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NO AL TOTALITARISMO

Juan Páez Ávila

25-05-2016

La tendencia totalitaria del gobierno de Nicolás Maduro con la aprobación de un régimen de excepción y de emergencia económica,  tendrá que enfrentar a más del 80% de los venezolanos que han manifestado en diferentes encuestas, que prefiere el sistema democrático, lo cual no les hará fácil, a los que aspiran perpetuarse en el poder, la tarea de imponer  de una dictadura aún con fachada legal.

           
Gran parte de ese 80%  de venezolanos se formó en el período democrático denominado la IV República, después de derrotar la dictadura del General Pérez Jiménez, quien gobernaba a nombre de las Fuerzas Armadas. Ese mismo 80% también incluye un buen porcentaje de chavistas que votaron el 6 de diciembre contra el  actual Presidente, decepcionados de sus políticas económicas y sociales, que cada día desmejoran la situación personal de todos los venezolanos, que aspiran alcanzar el bienestar social y económico, preservando las libertades públicas. De allí su respuesta a los encuestadores cada vez que los interrogan en los sondeos de opinión que hacen especialistas en la materia.

           
La tendencia totalitaria es ya un peligro real, porque el Presidente ha concentrado en sus manos y en su voluntad todos los poderes públicos, excepto la Asamblea Nacional a la que trata de torpedear, que en una democracia funcionan con independencia sin dejar de cooperar en la realización o materialización de cada uno. Los pasos que han dado algunos ministerios orientados a la imposición de un pensamiento único, han puesto sobre aviso a importantes sectores de la sociedad. Varios analistas y actores políticos partidarios del sistema democrático- han denunciado la intervención directa del Estado en el control de actividades como el deporte, la cultura, la educación con especial referencia a la disposición  a liquidar la autonomía universitaria, y la función institucional de la Fuerza Armada para convertirla en el aparato militar del Partido del Presidente de la República. 

           
Y aunque lo más evidente es el militarismo, contraría incluso el pensamiento de Bolívar a cuyo nombre dice gobernar el actual el Jefe del Estado, porque el Bolívar  civilista sostenía y lo escribió para la posteridad que: ¨El sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es gobierno¨. Afortunadamente la lucha para impedir  el control total de la sociedad  comienza a unir a la izquierda y a la derecha democrática, para ponerle un valladar cívico a la hegemonía personalista y a la llamada dictadura perfecta, por su apariencia legal.

           
La movilización militar y de la milicia bolivariana tratando de justificarla por una posible invasión extranjera, que sólo existe en la mente de algunos dogmáticos del fidelismo, tiene como verdadero objetivo la ocupación militar del territorio nacional, para impedir la protesta cívica por la realización del Referendo Revocatorio, para lo cual Simón Bolívar expresó también una rotunda e histórica respuesta: ¨Es insoportable el espíritu militar  en el mando civil¨.

           
Del pensamiento bolivariano se desprende que la intervención militar en la política, sólo es justificable de una manera transitoria, como sucedió el 23 de Enero de 1958 en Venezuela, para llamar luego a la sociedad civil a que decida en elecciones su destino como nación.


 

jpaezavila@gmail.com




EL PRESIDENTE SIN BRÚJULA

Juan Páez Ávila
18-05-2016 

La derrota de Nicolás Maduro del 6 de diciembre, cuando la oposición ganó las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, le hizo perder la brújula de una manera tal, que lo conduce inevitablemente al fracaso, aunque amenace con una brutal represion politico militar, porque su insistencia en gobernar mediante el Estado de Excepción y la Emergencia Económica, según los primeros resultados, aumenta el alto costo de la vida, el hambre, la desesperación de la gente humilde, condenada a la muerte por la falta de medicinas y de insumos en los hospitales

           
Todas sus decisiones orientadas a recuperar el terreno perdido y avanzar en la materialización de su revolución, lo alejan cada día más de la realidad nacional e internacional, donde el extinto Comandante había logrado un importante apoyo con los aportes de su chequera de petrodólares. Todas  las resoluciones que ha tomado Nicolás Maduro lo han colocado en las encuestas en una estrepitosa caída, que es imposible referirse a todas en un breve artículo. Pero 3 ó  4 son suficientes para determinar el rumbo de su proyecto, que resulta indetenible hacia una derrota definitiva.

           
El cambio de gabinete, primera y gran oportunidad para dar señales de cambio en las políticas públicas que el momento le exigía para tratar de superar la inflación que agrava los niveles de vida de los más pobres, la inseguridad que azota a toda la sociedad, el desabastecimiento que llena de angustias a la mayoría de los venezolanos que no consiguen alimentos de primera necesidad, la falta de viviendas que ya produce visibles protestas de los propios chavistas engañados. Nada de eso lo podrá lograr con el enroque o el ascenso que hizo de algunos de sus amigos y subalternos, y algunos militares educados para obedecer lo que se les ordene.

           
La rendición de cuentas a la Asamblea Nacional, otro momento importante para explicarle al país los logros de su proyecto político de Emergencia Económica, se la prohibió  a sus ministros y a otros altos colaboradores, porque después de 16 años de revolución no hay leche, pollos, ni carne; porque la inseguridad, la falta de control de la inflación, la paralización de la construcción de viviendas, todas producto de las políticas públicas  ordenadas por él.

           
La movilización militar y especialmente de las milicias  orientada a comprometer a todos los militares con las sinrazones de un intento de golpe de Estado, y de una fábula de posible invasión extranjera, contribuye a ridiculizar su fanfarronería de Patria o Muerte, cuando varios de sus ex altos colaboradores están denunciando en los Estados Unidos la corrupción, la violación de los Derechos Humanos y el narcotráfico de prominentes funcionarios públicos.

           
Sin brújula o con ésta fija hacia un solo rumbo, impuesto por los dogmas del estalinismo que todavía impera en la mente de algunos de sus más inmediatos asesores, no podrá someter, mediante la dictadura, a un pueblo que ya se expresó el 6 de diciembre contra sus políticas fracasadas. Todo indica que Maduro sale por Referendo Revocatorio o porque lo sacan sus  principales colaboradores que ya no creen su discurso anacrónico, y no quieren enterrarse históricamente con un jefe transitorio y equivocado, muy lejos del mundo moderno y globalizado. 

 

jpaezavila@gmail.com




E
L PODER USURPADO
                                                               
Juan Páez Ávila

11-05-2016

Desde que Nicolás Maduro fue escogido por el extinto Presidente Hugo Chávez para que lo sucediera en la Primera Magistratura, como si se tratara de una Monarquía hereditaria, se coludieron todos los Poderes Públicos para imponer en Miraflores a un jefe único, a quien se someterían incondicionalmente los más altos funcionarios electos o nombrados a dedo, en abierta liquidación de la independencia de dichos Poderes y como consecuencia la instauración de un régimen autoritario.

Maduro usurpa los Poderes Públicos, excepto el Legislativo, que establece la Carta Magna y gobierna sin apego a ley alguna, aunque estableciendo una fachada democrática para consumo de ingenuos nacionales e internacionales, que cada día son menos y reaccionan contra el autoritarismo hasta convertir en minoría, lo que fue una esperanza de mucha gente que en otros tiempos sufragaba por Hugo Chávez.

Si a las violaciones a los Derechos Humanos por parte del régimen que  presidió Hugo Chávez, le agregamos una mayor y brutal represión del gobierno cívico militar de Nicolás Maduro, la complicidad con funcionarios públicos, señalados internacionalmente, de vinculaciones con la corrupción y el narcotráfico, con las mafias organizadas del hampa que controla las cárceles,  domina las calles y sobre todo los barrios más pobres donde asesinan a centenares de jóvenes  en una semana, a miles en un mes y a un total de más de 200 mil en los 16 años de gobierno autoritario, la mayoría que creyó que Chávez iba a arreglar el país y votó por él en varias oportunidades, comienza a buscar otro rumbo democrático y de progreso para todos los venezolanos, porque los herederos han resultados peores.  

Los venezolanos no disponemos de una  instancia nacional independiente  para defender nuestros derechos constitucionales,  desconocidos o violados por  funcionarios públicos en complicidad con diferentes poderes para abusar de los límites legales de sus atribuciones.

De allí que la salida democrática marcada por los resultados electorales del 6 de diciembre, en los que la inmensa mayoría de los venezolanos votó por un cambio pacífico y busca poner fin a etapas primitivas de gobernar sin sometimiento a las leyes nacionales e internacionales, a la voluntad personal del gobernante, que asume  ilegalmente todos los poderes del Estado, como en las antiguas satrapías  o en algunos regímenes personalistas, también señalan un rumbo de progreso y de paz que debe transitar nuestra sociedad contemporánea.

Afortunadamente,  nuestro país ha madurado en la conducción de la lucha pacífica y electoral de masas en la calle, según lo acordado por la Mesa de Unidad (MUD)  por unanimidad, que la llevó a participar en unas elecciones en las que la mayoría de los electores escogió las dos terceras partes de los  diputados integrantes  de la oposición  en la Asamblea Nacional, en la que la Alternativa Democrática, puede y debe contribuir a darle un vuelco a Venezuela,  restaurar el sistema republicano de independencia de los Poderes Públicos y poner en funcionamiento  las instituciones de una democracia moderna.

Después de 16 años de violación de los Derechos Humanos de venezolanos inocentes, sentenciados a 30 años de presidio por orden del desaparecido comandante eterno, Hugo Chávez, como en el caso de los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Forero y Vivas, los policías que también fueron encarcelados injustamente, la Juez Afiuni sentenciada por el ex-Presidente en un programa de televisión, la prisión injusta e ilegal de Leopoldo López, el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma y dirigentes populares  como el ex candidato presidencial Manuel Rosales, el ex alcalde Ceballos y centenares de estudiantes,  el país democrático puede y debe intentar  ponerle fin a semejantes arbitrariedades, y sobre todo impedir que las siga cometiendo el heredero Nicolás Maduro, revocando su mandato en el Referendo que debe realizarse este año.

 

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HACIA EL TOTALITARISMO ROJO
                              
Juan Páez Ávila

04-05-2016

La intolerancia y la indignación que provocan en Nicolás Maduro los avances de la oposición hacia la celebración del Referendo que lo revocaría del poder, que algunos políticos pueden calificar de simples disparates o incoherencia ideológica, ya resultan inocultables manifestaciones de enrumbarse definitivamente hacia un totalitarismo rojo.


El país atraviesa por uno de los peores momentos políticos en los que la represión gubernamental no sólo aumenta contra la oposición, sino  también contra  los disidentes del régimen que comienzan a ser víctimas por algunas de sus conductas o simples palabras expresadas sobre el acontecer nacional, en la creencia de que pueden hacer uso de la libertad de expresión.

Y aunque se trata de un sistema de gobierno que fracasó durante el siglo XX, en todos aquellos países en los que fue impuesto por la fuerza de las armas, así como el difunto Presidente Chávez -según sus propias expresiones- se consideraba el líder de dimensiones mundiales capaz de restaurarlo con todas las implicaciones que ello tuvo en el pasado, sus herederos piensan, y en esa dirección actúan, que esa desproporcionada y delirante aspiración del extinto comandante, les corresponde ejecutarla ellos y hacerla cumplir.  De allí que de prolongarse en el poder la  camarilla cívico militar por tiempo indeterminado, la sociedad venezolana sería sometida a un control total por parte del Estado, por la voluntad única del Jefe del Gobierno. Las primeras víctimas ya  son, desde luego, algunos líderes de la oposición, pero no escaparán, como no escaparon a la persecución, la cárcel y hasta de la muerte, los partidarios del “socialismo real” que resultaron sospechosos de diferir del máximo jefe de la revolución roja. De la lectura o relectura  del Informe de Nikita Kruschov al Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956, se puede deducir cual puede ser el destino de los disidente de la política estatista y represiva del gobierno de Maduro, que incluso pueden verse retratados entre las víctimas de las terribles purgas y ajusticiamientos de la mayoría de los miembros del Comité Central del PCUS, ejecutados por Stalin, el jefe único.

           
La arenga del Presidente de  la República y de varios ministros y de cuanto dirigente enchufado existe en altas posiciones gubernamentales estimulando a sus seguidores a la violencia y la venganza, además del escándalo nacional e internacional que ha producido, lo que ha hecho es confirmar la disposición del gobierno de instaurar un régimen totalitario, si la sociedad unida no es capaz de revocarle el mandato a Nicolás Maduro  en el Referendo, y derrotarlo en cualquier elección establecida en la agenda electoral.

           
El país democrático debe cerrar filas para impedir que un régimen totalitario pueda  instalarse en Venezuela, por acción u omisión de los electores. Quienes voten o contribuyan a  construir un estado policiaco, este  los puede hacer desaparecer selectivamente, acusándolos de agentes de la CIA, como lo hizo el régimen totalitario de la extinta Unión Soviética

 

Hoy, además de violar la libertad de expresión por diferentes mecanismos represivos, como incoar varios juicios contra El Nacional, La Patilla y el diario Tal Cual y perseguir a sus Directivos entre quienes está Teodoro  Petkoff, uno de los venezolanos ejemplares por su conducta ciudadana y su coraje para defender la democracia y las libertades en momentos críticos del país,  presenciamos la represión violenta  de los colectivos paramilitares, creados y armados por el gobierno, contra manifestaciones pacíficas que piden un cambio por la vía democrática y electoral. El terrorismo rojo tiene que ser detenido por la acción conjunta de todos los partidarios de la libertad y de la Constitución Nacional vigente de Venezuela, unidos en la calle y en las urnas electorales en la fecha que establece el ordenamiento jurídico de la nación y se realice el Referendo Revocatorio.

           
La Alternativa Democrática debe ampliar sus horizontes, como lo plantean los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y lo reitera su Secretario Ejecutivo, Jesús ¨Chúo¨ Torrealba, para movilizar la sociedad venezolana en una clara y consciente lucha por la  democracia y la libertad.


  

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EL REFERENDO

Juan Páez Ávila

30-04-2016

 

La convocatoria de un Referendo para revocar el mandato de Nicolás Maduro, ha comenzado con los tropiezos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es capaz de oponer para retrasar su realización, obedeciendo órdenes de Miraflores. Y aunque ya entregó las planillas para la recolección de firmas por parte de los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para solicitar su convocatoria y ejecución a finales de este año,  lo más seguro es que la mayoría del CNE siga las instrucciones del Poder Ejecutivo para colocar nuevos obstáculos con la finalidad de tratar de evitar que el Referendo  tenga lugar antes del período que señala la Constitución Nacional, para que la revocatoria obligue a nuevas elecciones presidenciales.

           
Entre las razones para la conducta obstruccionista del CNE, la fundamental es el miedo a perder el poder y tener que rendirle cuentas al país, porque  después del 6 de diciembre Nicolás Maduro tiene plomo en el ala y no está en capacidad de  ganar el referendo, en condiciones de igualdad, es decir, con un árbitro independiente y honesto, que no se preste a la manipulación fraudulenta  de los lapsos e incluso de una eventual manipulación de las máquinas electrónicas y haga respetar el voto de los electores.

           
Sin ir muy lejos en Venezuela existe el antecedente del plebiscito convocado y perdido por el General Marcos Pérez Jiménez, no obstante poder exhibir una importante obra de infraestructura material como la autopista Caracas-La Guaira, el desconocimiento de los resultados electorales que lo condujo al exilio, por decisión del Alto Mando Militar, recién nombrado por él entre sus más cercanos e incondicionales subalternos, le indica a Nicolás Maduro, que la obra que tiene que exhibir  es el alto costo de la vida, el desabastecimiento, las colas para comprar medicinas y alimentos, la inseguridad de las personas y los bienes, la pobreza en general que ha aumentado a niveles superiores al 70% , que su futuro puede estar seriamente comprometido, si no juega limpio.

           
La equivocación de sus políticas fundamentales en materia económica y social, y la incompetencia de su  equipo ministerial, hundió mucho más, en 3 años, un proyecto político que entusiasmó a millones de venezolanos que eligieron y reeligieron a Hugo Chávez con la esperanza de salir del desempleo, adquirir una vivienda digna de un ser humano y mayor seguridad  para una mejor calidad de vida.

 
La oposición   unida antes y después del 6 de diciembre, por mandato de más del 80% de los venezolanos que manifestaron querer un cambio, tiene no sólo la posibilidad de revocar el mandato de Nicolás Maduro, sino también, y  tal vez sea lo más importante, concurrir a las próximas elecciones, incluyendo la de gobernadores,      alrededor de un candidato que por su experiencia y capacidad, por su honestidad y coraje para enfrentar la crisis que atraviesa el país, enjuicie la obra del gobierno y proponga soluciones realistas y progresistas.

Si el   CNE asume una posición imparcial, Nicolás Maduro será revocado en su mandato, y en el caso de que continúe cumpliendo órdenes de un Presidente  que apenas tiene el 15% de apoyo de los venezolanos,  puede conducir el país a un destino incierto, de violencia por demás indeseable, con consecuencias nada favorables al bienestar de la población nacional, aun cuando la OEA pueda aplicarle al gobierno la Carta Democrática Interamericana.

 

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AUTORITARISMO IMPIDE EL DIÁLOGO

Juan Páez Ávila

21-04-2016

 

Desde que Nicolás Maduro asumió el poder por voluntad de Hugo Chávez moribundo, el gobierno profundizó la violación de los Derechos Humanos, y le puso un cerrojo a todos los presos políticos, dejando claramente sentado que en Venezuela el diálogo entre el alto gobierno y la oposición, se hace imposible, porque existe un régimen autoritario, que concentra todos los Poderes Públicos en el Ejecutivo, con la excepción de la Asamblea Nacional después del 6 de diciembre del 2015, y considera que sus políticas, a pesar de la crisis económica, social y política que han generado, pueden y deben ser impuestas mediante la manipulación de las leyes y de ser necesario apelando a la violencia.

           
El autoritarismo de  Nicolás Maduro le ha dado un giro a la política oficial, a tales extremos que no sólo no se reúne con la oposición política, sino que  rompió todo diálogo con el mundo económico y social independiente, y se ha limitado a dirigirse a los suyos para exigir obediencia a sus políticas desastrosas.


Los pasos que ha dado para un supuesto  diálogo con el sector empresarial estableciendo mesas en las que sólo se sientan algunos empresarios y representantes oficialistas, ha dejado la crisis en los mismos niveles de la falta de producción y  por lo tanto del desabastecimiento, el alto costo de la vida y la pobreza en general. Y aunque últimamente se ha reunido con la Alta Jerarquía de la Iglesia Católica, todo se queda en el saludo y el gesto protocolar, sin avanzar hacia la solución de la crisis nacional. Y aunque cada día es mayor su desprestigio, se sigue   negando a establecer un diálogo con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que hoy representa el 80% o más del electorado nacional.

           
Estos hechos revelan lo complicado y difícil que es  creer en la voluntad del gobierno para dialogar, así el llamado provenga del   Presidente República, que busca su legitimación, casi perdida, en el exterior, desconociendo el factor político, sin el cual no se podrá resolver la presente crisis.  

           
En nuestro país no hemos escalado a  una guerra civil, porque la mayoría de los venezolanos es democrática y busca soluciones pacíficas y constitucionales,  pero existen peligrosas manifestaciones  de violencia en los barrios populares entre bandas armadas de diferentes signos, aunque con predominio del hampa común que también amenaza a la clase media y a toda la población. Sin embargo, ese  estado de permanente violación de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en nuestra opinión requiere un diálogo de interés nacional, para restablecer el Estado de Derecho.

Y aunque más de 30 ex Presidentes y Jefes de Estado del mundo democrático  han llamado a un diálogo nacional, y  han solicitado la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados, el gobierno profundiza el autoritarismo, lo que indica que  todavía existe un largo trecho por transitar para que se vean los frutos de la aspiración de muchas familias venezolanas de recibir en sus hogares a sus seres queridos, que están tras las rejas o en el ostracismo.


Por tales y muchas otras razones, para evitar males mayores resulta imprescindible, en nuestra opinión,  respaldar  a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en su agenda política de la Enmienda y El Revocatorio del mandato del Presidente, sin descartar  un gran diálogo constitucional, entre representantes del gobierno, disidentes, independientes  y miembros de la oposición, para restablecer el Estado de Derecho. Cualquiera sea la conducta del  Presidente y de su incapacidad para seguir al frente de la  nación y resolver los problemas fundamentales que afectan a la mayoría de los venezolanos, los demócratas, tal como lo ha expuesto la MUD, debemos seguir indisolublemente vinculados y apegados al texto de la Constitución Nacional de la República  Bolivariana de Venezuela.


 

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ACUERDO DE GOBERNABILIDAD

Juan Páez Ávila

12-04-2016

Ante  la crisis política, social, económica y moral que atraviesa el país, como consecuencia de un intento de imponerle a los venezolanos un régimen autoritario, al estilo del cubano de los hermanos Castro, dirigentes de la Alternativa Democrática  intentan sentar las bases de lo que debería ser un gobierno de unidad nacional que represente a sectores democráticos del chavismo y de la oposición, a pesar de las provocaciones del TSJ del madurismo.

           
Un gobierno de unidad nacional deberá orientarse en primera a cerrarle el paso a todo intento de desconocimiento de  los resultados electorales e incluso de posibles conspiraciones en las filas de la institución armada, por algunos oficiales que participaron en los frustrados golpes de estado del 4 febrero y del 27 de noviembre de 1992, que no convengan en aceptar la democracia como el gobierno que exige la mayoría de la población, y que ha servido de plataforma a los países civilizados para impulsar su desarrollo y bienestar.

           
Un pacto de gobernabilidad debe en segundo término llamar a la reconciliación de todos los ciudadanos, civiles y militares, incluyendo a muchos de quienes han apoyado o se han visto obligados a solidarizarse con políticas antidemocráticas del gobierno de Nicolás Maduro. La democracia es también una escuela de pedagogía política, que en países subdesarrollados, dominados durante siglos por caudillos militares, gobernantes personalistas, han creado una cultura de obediencia ciega, prácticas ilegales, reparto y saqueo de las riquezas nacionales, por lo que se impone además de una política de castigo, de acuerdo con la legislación vigente, a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, también un política de educación para la vida en democracia.

           
En tercer lugar  emprender una gigantesca tarea de reconstruir un país, destruido en su infraestructura física, institucional y ética, para lo cual se requerirán varios períodos de gobierno unitario.

           
Las autopistas y carreteras, escuelas, liceos y universidades, construidas durante décadas, desde que el petróleo comenzó a aportar grandes cantidades de divisas en dólares, han sido destruidas por falta de mantenimiento en los 16 años de gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Las empresas de Guayana, donde se comenzó a sembrar el petróleo, son hoy inauditables, lo mismo que PDVSA.

Y aunque es verdaderamente grave lo que ha pasado con la infraestructura física, todavía podemos decir que es factible encontrar recursos económicos para reconstruirla, tal vez haya algo mucho deteriorado, porque toca la cultura política, como la dependencia de todos los Poderes Públicos, del Ejecutivo, de Miraflores, de un Presidente que gobierna como si la nación fuera un cuartel que obedece a su comandante.

           
En cuanto a la Institución Armada, hay que despolitizarla, para que no dependa de una tendencia política ni de  personalidad alguna, tal como lo establece la Constitución Nacional vigente. No puede ser sometida, por razones de obediencia, a vitorear consignas como ¨ Chavismo, Socialismo, antiimperialismo ¨  como ha sucedido desde  el gobierno de Hugo Chávez. Debe recuperar la institucionalidad y la meritocracia en los ascensos y ejercicio de cargos de jerarquía.

           
La Contraloría General de la República, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral (CNE) deben estar en manos de hombres o mujeres de probada independencia de partidos políticos y del Poder Ejecutivo, que en los últimos tiempos se ha convertido en un instrumento para atropellar derechos de los ciudadanos y cohonestar directa o indirectamente la corrupción administrativa y, algo más grave, la delincuencia organizada que ha penetrado casi toda la administración pública.

           
En síntesis, la ética política tiene que ser recuperada y colocada por encima de intereses personales o de grupos políticos e incluso privados. La libertad de conciencia y la libertad de expresión del pensamiento, por cualquier medio de comunicación, debe garantizársele a todos los venezolanos. El imperio de la ley debe ser ejercido por el Poder Judicial, sin distingo de posiciones políticas, económicas o sociales de quienes la infrinjan.

          
Si el madurismo no se aviene a una reconciliación para un gobierno plural, la mayoría democrática de la Asamblea Nacional,  tendrá que convocar a una Asamblea Constituyente, que designe a los representantes de los Poderes Públicos que no son electos por el voto universal, directo y secreto.

 

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BRASIL EN LA ENCRUCIJADA
Juan Páez Ávila


05-04-2016


D
espués de ser considerado, incluso por los Estados Unidos, como el país que podría guiar la integración latinoamericana y servir de ejemplo para el desarrollo económico, social y político de la región en un contexto democrático, durante el segundo período constitucional de Dilma Rousseff, Brasil atraviesa uno de los momentos cruciales, más complejos y difíciles de su desenvolvimiento como nación, sobre todo como la séptima economía del mundo que llegó a alcanzar, para esperanza de todo el sub continente americano.

La corrupción administrativa descubierta en su industria petrolera ha descalificado a gran parte de la alta dirección política del Partido de los Trabajadores, en ejercicio del gobierno, por su participación de unos y complicidad de otros, que ha colocado a la Presidenta Rousseff sino al borde de su renuncia, porque ésta es voluntaria, sí en los límites de la defenestración mediante un juicio iniciado en el Congreso de ese país.

Cualesquiera sean los resultados a que lleve la investigación abierta contra altos funcionarios gubernamentales, que de manera directa o indirecta afecta a la Primer Magistrada, lo que es evidente es que el liderazgo en América Latina, que pretendió ejercer o le asignaron algunos analistas e incluso varios jefes de Estado, se desvanece. Y aunque el ex Presidente Lula da Silva nunca intentó tener mayor influencia que Hugo Chávez, quien con su audacia, carisma personal y chequera petrolera lo superó en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y el Caribe, con su anacrónico y fracasado socialismo del siglo XXI, todo parece indicar que ha perdido hasta el prestigio que lo llevó al poder, como para ayudar a su pupila Dilma Rousseff.

Sin embargo, aun cuando pueda superar la crisis que atraviesa, el gobierno de Dilma Rousseff ha perdido al aura, el símbolo que Brasil había ganado como país emergente, no obstante haber arribado  al poder cuando Petrobras acababa de descubrir un gigantesco yacimiento petrolero que elevaría las reservas de ese país a 140.000 millones de barriles, lo que convertiría en el tercero en el mundo, después de Arabia Saudita y Venezuela, con las ventajas que le daría  la experiencia en la inversión y la reinversión de esa inmensa riqueza en el desarrollo del país.  Pero gran parte esta posibilidad se la llevó la corrupción y dejó de ser el epicentro de la política y la economía de América del Sur.

A lo que hay que agregar la posible  pérdida de lo que  algunos científicos brasileños llaman otra revolución verde lograda  por la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), que puso en producción a inmensas sabanas  improductivas y Brasil aumentó en los últimos  10 años la producción de 80 a 150 millones de toneladas de trigo y otros granos en una región tropical,. Se convirtió en exportador y no importador de alimentos, después de varios gobiernos democráticos que se han alternado en el poder.  La revista The Economist registró en su edición del 16 de octubre pasado que en Brasil  la producción agrícola, sin contabilizar la pecuaria, creció más del 8 % al año.

Hoy la recesión económica se ha convertido en la más difícil encrucijada que debe superar el gran país, que desde el ex Presiente Cardozo caminaba en un línea recta hacia el progreso y bienestar de millones de brasileños.


 

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ARGENTINA  HOY
Juan Páez Ávila

31-03-2015

Si los acuerdos firmados entre los Presidentes Barack Obama y Mauricio Macri, de Estados Unidos y de  Argentina respectivamente, en materia de comercio internacional, financiero,  defensa de los Derechos Humanos y de cooperación para el desarrollo económico y social, se materializan en un corto o mediano plazo, ante la debacle de Lula y la Presidenta Dilma Rousseff en Brasil, la República Argentina podrá convertirse en el epicentro de la integración latinoamericana, la democracia, las libertades públicas, la dignidad de las personas y el crecimiento a escala globalizada.


Si el Presidente Macri supera la cesación de pagos que  heredó de Cristina Kirnert, se la abre a la Argentina no sólo la posibilidad de un refinanciamiento de la deuda externa, sino también la de atraer inversiones internacionales que contribuirán al impulso de la economía de ese país y a la creación de miles de empleos para reducir la pobreza y el hambre a un límite máximo posible. Lo que las empresas extranjeras han dejado de invertir en Brasil debido a la crisis política y económica que amenaza la estabilidad del gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff, se trasladarán a la Argentina, dándole a este país la estabilidad económica necesaria para liderizar la democracia y la defensa de los Derechos Humanos en nuestro sub continente.


Y aunque muchos latinoamericanos no tengan simpatías por la Argentina conocida hasta hoy, al constatar el fracaso de Brasil como un supuesto líder en la región, algo que no supo o no pudo Lula da Silva impulsar,  y fue arropado por Hugo Chávez con su política de capitalismo de Estado, centralismo, autoritarismo  y   populismo  promovido con su carisma personal  y la chequera petrolera, que lo mantuvo varios años al frente  de lo que denominó Socialismo del siglo XXI, que por anacrónico y equivocado ha comenzado a ser rechazado por el voto mayoritario de los pueblos.


En este panorama emerge Mauricio Macri con una iniciativa y una firmeza inesperada y hasta sorpresiva, en defensa de los Derechos Humanos y de la democracia en general en  América Latina, revelando un liderazgo, del que careció Lula da Silva,  para señalar un camino de la prosperidad y el bienestar de las naciones que no han superado todavía los niveles económicos, sociales y culturales del llamado Tercer Mundo.   


Si a los progresos de Argentina unimos  la apertura de la Cuba de Raúl Castro a las inversiones extranjeras, al estilo de China y Vietnam, el populismo y el capitalismo de Estado disfrazados de socialismo del siglo XXI, a corto o mediano plazo, están condenados a desaparecer en América Latina. Muerto Hugo Chávez y moribundo políticamente Ignacio Lula de Silva, sus proyectos económicos y políticos también fenecerán no sólo por antihistóricos sino también por corruptos. Un nuevo liderazgo asoma en el sub continente, que será observado y enjuiciado de acuerdo a sus resultados.


 

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OBAMA EN CUBA
Juan Páez Ávila

23-03-2016

El viaje del Presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, a Cuba y luego a la Argentina, puede apreciarse como un intento para abrir un nuevo capítulo en las relaciones de la potencia del norte con América Latina, si tomamos en cuenta la repercusión que tendrá en la actividad económica, política, social y cultural en la mayoría de los países de este sub continente.

En lo económico no hay lugar a dudas que  existen intereses mutuos en el comercio y la transferencia de tecnología  que ha impulsado y continuará ahora con más énfasis después de la visita de Barak Obama a Raúl Castro, quien ha dado inicio a una apertura en el campo  de la actividad privada, aunque en incipiente  escala. Con la visita no sólo de Obama sino  también del  gran número  de empresarios que forma parte de de su comitiva y que se reunión con sus pares cubanos, podemos inferir  que en poco tiempo  las relaciones económicas superarán  las  expectativas de muchos. Y si tomamos en cuenta la experiencia China en la que el capitalismo le ha permitido a ese país crear 400 millones de nuevos empleos y las reservas internacionales más abundantes del mundo,  podemos concluir que América Latina y Estados Unidos comienzan a transitar las relaciones propias de un mundo globalizado, en que también se ampliará la transferencias de tecnologías.

En lo político seguirán existiendo profundas diferencias ideológicas y en particular sobre los Derechos Humanos, con la esperanza de los cubanos de poder defender con mayor libertad los atropellos y violaciones de que  puedan ser víctimas, llevando sus casos a organismos  internacionales que mandato de acuerdos multilaterales tienen esas funciones. Hoy pueden contar con aliados internacionales, por lo menos para amortiguar los extremos de los abusos de algunas autoridades. Aunque serán los propios cubanos como lo expresó Obama, quienes resolverán sus problemas, sin intervención extranjera, algo sobre lo que dio garantías el propio Presidente norteamericano.

En lo social y cultural es algo que ya ha comenzado cultivarse desde el mismo momento en que ambos mandatarios anunciaron al mundo el 17 de diciembre de2014 que darían comienzo  a una negociación y entendimiento que eliminaría los últimos vestigios de la guerra fría que había imperado entre Cuba y Estados Unidos. Los viajes de cubanos residenciados o exiliados en los Estados Unidos han sido facilitados para visitar sus familiares, e incluso viajes de ciudadanos norteamericanos han proliferado en abundancia, lo que es factible que mejoren las relaciones sociales y culturales de ambos pueblos.

Queda por resolver el embargo que afecta a algunos productos que necesita el pueblo cubano, porque el bloqueo ya no existe, lo cual constituye de parte de Barak Obama, quien ha solicitado su eliminación al Congreso de USA, un mensaje para el resto de los latinoamericanos, de cómo deben ser la relaciones entre las naciones en un mundo democrático,  civilizado y globalizado. Libertad de comercio y ninguna guerra económica;  preponderancia de la paz y ninguna amenaza de  invasión por los marines; relaciones de respeto mutuo  y ninguna injerencia extranjera. Por la paz en Colombia, en América y en el mundo. Contra todo pasado dogmático y violento, podría  ser una simbología generada  por el encuentro entre Barak Obama y Raúl Castro.    

 

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EL CONOCIMIENTO DEL SIGLO XXI
Juan Páez Ávila

16-03-2016

Aunque el tema  ha sido abordado por especialistas para referirse a las grandes transformaciones  económicas y sociales contemporáneas, incluso escrito en tratados y ensayos de especial profundidad, para concluir que gran parte del conocimiento científico y tecnológico ha sido motor fundamental para el progreso de la humanidad, en nuestro país el gobierno de Nicolás Maduro ha arruinado la economía y el nivel de vida de los venezolanos, tratando de imponer fórmulas dogmáticas que han fracasado en todos aquellos países, encabezados por la Unión Soviética, que por décadas las impusieron mediante la violencia oficial.

En una época en que el conocimiento se duplica  casi todos los años, el grupo de dogmáticos formados en los manuales estalinistas, que asesora al  Presidente Maduro, lo empuja cada día más hacia un desbarrancadero, aprobando políticas económicas y sociales que profundizan la recesión económica, la inflación, el desempleo y la inseguridad de las personas y los bienes, liquidando paulatinamente la propiedad privada. Y como la Universidad Autónoma, donde su produce el conocimiento, sigue siendo el centro crítico de la política y de la cultura en general, contrariando la verdad única que creen poseer quienes le acompañan en el gobierno, no encuentra otra forma de enfrentar la inteligencia que dirige la Universidad,  que estrangulándola con presupuestos deficitarios, sin descartar  la utilización de la violencia.
           
De allí las múltiples agresiones de que han sido víctimas las Universidades Autónomas, desde que Hugo Chávez decidió radicalizar su proyecto político dirigido a controlar todos los Poderes Públicos y las instituciones de la ciencia y la cultura, históricamente llamadas a enfrentar la barbarie del caudillismo militarista, disfrazado de socialismo del siglo XXI, que el Presidente pretendió imponerle a los venezolanos, cuya política ha continuado su heredero Nicolás Maduro.

El desconocimiento por parte de Maduro de los valores de la revolución científica y tecnológica, le impide comprender el proceso de globalización que experimenta la economía y el  mundo de hoy en general;  y su talante  autoritario, le impide a   algunos de sus  colaboradores que sí saben de las causas del desastre que sufre la sociedad venezolana, explicarle o sugerirle la necesidad de un cambio de su modelo político, económico y social, por temor a perder sus cargos y prebendas.

El dogmatismo lo conduce a negarse a un diálogo sincero y realista con la oposición para conjuntamente modificar las  las políticas económicas y sociales que lleva a la práctica y que han destruido el aparato productivo de la nación, provocado la mayor inflación del universo, la escasez, el desempleo, el atraso económico en comparación con otros países petroleros que también sufren la caída de los precios de los hidrocarburos, pero que no enfrentan los problemas de nuestra sociedad, porque hicieron ahorros millonarios cuando los precios estaban a 100 dólares por barril aproximadamente.

De allí la necesidad de acompañar a las Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en su agenda para provocar un cambio del gobierno, como única fórmula para superar por medios democráticos, constitucionales y pacíficos, la presente crisis económica, social y política que amenaza con llevar el país a un caos y a una violencia indeseable. Por un gobierno que comprenda que la revolución de nuestro tiempo es científica, tecnológica y  humanística. En síntesis, la revolución del conocimiento.


 

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LA RUTA DEL CAMBIO

Juan Páez Ávila

09-03-2016

La sociedad venezolana ha sido llevada, por el gobierno de Nicolás Maduro, al borde del colapso económico, político, social, incluso ético y  moral, con la participación de una cúpula cívico militar corrupta, protegida por el Tribunal Supremo de  Justicia, al tratar de prohibirle a la Asamblea Nacional que la controle e investigue, tal como lo establece la Carta Magna


Cumpliendo con un mandato de los venezolanos que se expresaron el 6 de diciembre del 2015, eligiendo 112 diputados de la oposición democrática a Asamblea Nacional, una mayoría calificada frente a 54 que obtuvo el oficialismo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó por unanimidad una Hoja de Ruta para el cambio de gobierno en este mismo año 2016. En una victoria sin precedentes en la historia política de nuestro país, los electores dotaron a la Asamblea Nacional de una mayoría de 2/3 que le permite iniciar un conjunto de mecanismos constitucionales para provocar la salida del Presidente de la República, Nicolás Maduro, por la vía democrática, pacífica y electoral, conminándolo en primer término a renunciar, para evitar que continúe el deterioro de la vida social y económica de millones de ciudadanos que no encuentran medicinas ni alimentos para subsistir.
           
Frente a esta nueva realidad, el gobierno no sólo trancó el juego institucional, sino que también trató de consolidar su poder autoritario obligando a varios magistrados a renunciar al Tribunal Supremo de Justicia, acogiéndose a una jubilación prematura, y nombrando de una manera ilegal a sus sustitutos, carentes de currículos adecuados a las exigencias de lo establecido en la Constitución Nacional vigente.  De allí que la Asamblea Nacional además de continuar cumpliendo con sus facultades constitucionales de legislar, controlar y debatir los principales problemas del país, haya decidido propiciar una enmienda constitucional para recortar el período de Nicolás Maduro a 4 años, para realizar elecciones a comienzos del 2017. Paralelo a la Enmienda Constitucional adelanta los pasos para consultarles a los venezolanos si están de acuerdo con revocarle el mandato al Presidente de la República.
           
Pero como estamos frente a un régimen autoritario que no respeta la Constitución Nacional y utiliza al TSJ como instrumento o aparato de choque, para tratar de frenar el rol constitucional de la Asamblea, bloqueando todas aquellas decisiones que apunten hacia un cambio en la conducción de la política en el país, la Mesa de la Unidad Democrática, aprobó que en caso de que el TSJ continúe boicoteando la función  legítima de la Asamblea, se convocará a una Asamblea Nacional Constituyente, para que el poder originario transforme toda la estructura institucional de la nación.



 

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PODERES AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN

Juan Páez Ávila

03-03-2016

La colusión del Poder Ejecutivo con el Judicial y el Ciudadano para actuar políticamente de acuerdo con los dictados de Miraflores, contra las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, no sólo es una violación flagrante de la Carta Magna, sino también una clara disposición de instaurar un régimen al margen del Estado de Derecho. En síntesis, un gobierno de pensamiento único, tratando de preservar alguna imagen de legalidad.

           
La última sentencia del TSJ tiene como finalidad ocultar la brutal represión del gobierno cívico militar de Nicolás Maduro, y el rotundo fracaso en materia de desarrollo económico del país y del bienestar de los venezolanos. Y sobre todo favorecer la complicidad con funcionarios públicos, señalados internacionalmente, con vinculaciones con la corrupción y el narcotráfico, con las mafias organizadas del hampa que controla las cárceles,  domina las calles y sobre todo los barrios más pobres donde asesinan a centenares de jóvenes  en una semana, a miles en un mes y a un total de más de 250 mil en los 16 años de gobierno autoritario.


Algo tan evidente que la mayoría que creyó que Chávez iba a arreglar el país y votó por él en varias oportunidades, comienza a buscar otro rumbo democrático y de progreso para todos los venezolanos, porque los herederos han resultados peores.  De allí los resultados de las elecciones del 6 de diciembre en las que la oposición obtuvo una mayoría calificada de 112 diputados y el madurismo bajó 2 millones de votos,  y solamente 54 parlamentarios.


Sin respeto alguno a fundamentales disposiciones constitucionales, no sólo  han destruido  las principales empresas públicas, como las de Guayana y PDVSA, más  las privadas expropiadas y otras amenazadas, sino también utilizado el Poder Judicial para condenar sin pruebas a dirigentes políticos  de la oposición, inhabilitar a otros seguros ganadores en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, si los dejaban participar en las mismas, y secuestrar a luchadores de prestigio popular indiscutible como Antonio Ledezma, Leopoldo López, Manuel  Rosales y al Alcalde Ceballos de San Cristóbal.


La primera manifestación de gobernar al margen de la Ley, fue la violación  de la orden o del testamento del todavía  Presidente de la República, Hugo Chávez, de que Nicolás Maduro terminara el período que se vencía el 10 de enero de 2013 y fuera escogido como su candidato en las elecciones que se realizarían de acuerdo a lo establecido en Constitución Nacional Bolivariana, con lo que se hizo  evidente  de hacia dónde nos conduciría la tendencia autoritaria  que impuso el difunto Comandante en  Jefe, desde su elección hasta diciembre de 2012,  cuando apoyado o inspirado en esa política, los poderes Públicos se coludieron para que el  Vicepresidente continuara en el poder usurpado.


Controlado el Poder Judicial por el Ejecutivo, los venezolanos no disponemos de una  instancia nacional independiente  para defender nuestros derechos constitucionales, desconocidos o violados por  funcionarios públicos en complicidad con diferentes poderes para abusar de los límites legales de sus atribuciones.

           
Son varios los casos conocidos públicamente de ciudadanos que han apelado a todas las instancias legales del país y se han considerado burlados en sus derechos legales, y han tenido que acudir a organismos internacionales investidos de autoridad por Acuerdos  y Convenios ratificados por Venezuela, para hacer valer sus derechos.

Nuestro  país no solo retrocedió  a etapas primitivas de gobernar sin sometimiento a las leyes nacionales e internacionales, sino a la voluntad personal del gobernante que asume  ilegalmente todos los poderes del Estado, como en las antiguas monarquías  o en algunos regímenes personalistas que se creen enviados por la Providencia o por mandato de una historia creada por ellos, incluso para traspasar dicho poder a sus descendientes.

           
Afortunadamente, una evidente mayoría de electores en el país está enrumbada hacia una lucha democrática, pacífica y electoral, según lo acordado por la Mesa de Unidad (MUD) coordinada por Jesús (Chúo) Torrealba como Secretario Ejecutivo. El triunfo de la Alternativa Democrática, puede y debe  darle un vuelco a Venezuela,  restaurar el sistema republicano de independencia de los Poderes Públicos,  poner en funcionamiento  las instituciones de una democracia moderna, aprobar una Ley de Amnistía para presos políticos y exiliados,  y superar la crisis inflacionaria, el desabastecimiento, la inseguridad y las humillantes colas para tratar de conseguir algunos alimentos y medicinas.

 

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LOS PASOS DE LA MUD
Juan Páez Ávila


25-02-2016


Aunque algunas voces, muy legítimas en un sistema democrático, de diversas personalidades que se expresan en los medios de comunicación social, revelan algunos signos de desesperación y angustia por salir de la pesadilla del madurismo, pueden equivocarse más fácilmente que la mayoría de los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, que con los resultados electorales del 6 de diciembre demostraron experiencia política y acierto en la conducción de la oposición para buscarle solución a la presente crisis.


Sin negar el derecho que todos los venezolanos tenemos para exponer libremente nuestras ideas y concepciones de la política del momento, resulta imprescindible evaluar la agenda que la MUD a través de la Asamblea Nacional viene ejecutando con el objetivo de enfrentar y derrotar a un adversario, que no sólo conserva el Poder Ejecutivo y controla al Judicial, sino que también provoca continuamente a la oposición para tratar de sacarla del marco constitucional, para justificar la violencia oficial.


Si confiamos en la capacidad de la MUD y por ende de la Mayoría de la Asamblea Nacional, como lo expresa el 54 % de los encuestados por la empresa Venebarómetro, para dirigir las acciones que conduzcan a un cambio nacional, lo más lógico sería que todas las proposiciones de valiosos opinadores, sin dejar de hacerlas públicas, las dirijan a la Mesa de la Unidad como honestas recomendaciones, excepto que algunos crean que su verdad es única, aunque no la pueda ejecutar individualmente.


El momento histórico más importante de los últimos años lo vive la oposición conducida por la Mesa de la Unidad Democrática, como quedó evidenciado el 6 de diciembre del 2015. Los pasos avanzados en la Asamblea Nacional pueden parecer lentos para quienes piensan que la política siempre tiene que ser frontal, sin evaluar el poder del adversario. Mientras no se neutralice el Poder Judicial, algunas de las disposiciones constitucionales para realizar un cambio en el Poder Ejecutivo, pueden ser anuladas o torpedeadas por lo que Ramos Allup llama el ¨Paredón de Fusilamiento¨ en que se ha convertido el TSJ, al servicio de Miraflores.


Incluso las investigaciones contra la corrupción administrativa que realiza la Asamblea Nacional, aunque políticamente pueden pulverizar a los jefes de la Administración Pública, seguramente serán conocidas por jueces nombrados a dedo y amenazados de su destitución, encarcelamiento y algo más, si sentencian contra algunos favoritos del Poder Ejecutivo.


De allí que el camino andado, victorioso hasta hoy al ganar la mayoría de la Asamblea Nacional, para avanzar se requiere preservar la unidad, analizar con sabiduría las manipulaciones del adversario, y actuar con la sensatez y aplomo que enseñan la experiencia política nacional e internacional. ¡Obra de muchos políticos, no de un solitario notable!

 

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EL PAPA EN MÉXICO

Juan Páez Ávila

17-02-2016

Después de su ascenso al Trono de Pedro, el Papa Francisco le ha dado a la Iglesia Católica  un giro espiritual que ha conmocionado no sólo al mundo cristiano, sino también al político del hemisferio occidental, con importantes repercusiones en el universo religioso en general. Cada gira confirma su pensamiento que abarca y actualiza la Doctrina Social de la Iglesia, que mediante la Encíclica Rerun Novarum el Papa León XIII alertó a la feligresía y a la jerarquía misma del catolicismo, de los peligros que corrían si no de desaparecer, de perder paulatinamente su influencia en millones de cristianos que  por los anacronismos de la época la abandonaban y no sólo le facilitaban la prédica a otras religiones desprendidas de El Vaticano, sino también  al comunismo, a cuyo Manifiesto de 1848 respondía su Santidad León XIII.


Después de un toque técnico, religioso y político en el Aeropuerto de La Habana, para entrevistarse con el Patriarca Kirill, de la Iglesia Cristiana Rusa y dejar un Mensaje de Unidad Cristiana, convivencia con todas las otras religiones y de paz para  la humanidad, Francisco I siguió su viaje a México,  el país de habla hispana con el mayor número de católicos, apostólicos y romanos, donde tuvo un impacto trascendental tanto religioso como  político,  al referirse  a los problemas espirituales que confronta la Iglesia Católica en el mundo de hoy,  a los problemas socio económicos que enfrentan millones de pobres en América Latina y en el universo, y en particular a las desigualdades de la sociedad mexicana.


La palabra del Papa Francisco ratificó, como lo hizo en todas sus giras, la necesidad de acabar con una iglesia burocratizada que  circunscribe o limita a muchos de sus sacerdotes   a decir o cantar una misa, sin vincularse con los más humildes hombres y mujeres que padecen una inhumana y anticristiana miseria que los induce a toda clase de delitos para sobrevivir. Como en Brasil y otros países como Bolivia, Ecuador y Paraguay reiteró el llamado a sus pastores para que bajen del mundo celestial a que los induce un evangelio divorciado de las nuevas realidades que fenómenos como la globalización y las nuevas tecnologías de la comunicación social crean en la sociedad contemporánea.  Con el rescate  de la Doctrina Social de la Iglesia su Santidad Francisco ha iniciado un profundo cambio en el seno del catolicismo. Quiere que vuelva a sus orígenes de humildad y de práctica de un verdadero apostolado, como la planteó el Papa Juan XXIII en el Concilio Vaticano II.


Pero si bien la prédica del Papa Francisco ha estado dirigida en lo fundamental a los sacerdotes que forman parte de la estructura eclesial, como corresponde a su rol de Santo Padre de la Iglesia, la repercusión de sus palabras ha tocado también a los políticos, que aplicando ideologías fracasadas, han engañado, explotado y mantenido en la miseria  humana a millones de seres que no han vivido ni encontrado las condiciones necesarias y favorables  para  superarse.   


Para un cristiano con sensibilidad social, cualquiera sea la posición que ocupe en los rangos creados en la sociedad moderna, la presencia y la palabra del Papa francisco en América Latina, debería resultarle una guía para orientar y conducir  sus actividades religiosas, de acuerdo a una nueva prédica que rescata la Doctrina Social de la Iglesia, abandonada por muchos pastores,  más influenciados por la tradición de la inercia y las invocaciones a una fe, sin contenido social. El Papa Francisco exige el riesgo de vivir al lado de los más necesitados, aunque sea en el interior de una favela brasileña o en un barrio pobre de Venezuela.


En tierra de los Aztecas se pronunció por un nuevo México, del que no se tenga necesidad de emigrar para buscar una vida mejor, por la inclusión de los indígenas al progreso que ha impulsado la ciencia y la tecnología de nuestro tiempo, contra el narcotráfico, traficantes de la muerte.


Del contenido de los discursos del Papa Francisco se deduce que estamos en presencia de un gran líder mundial y de la Iglesia Católica, que marca una pauta no sólo para los sacerdotes, sino también para los laicos. El llamado a la paz en Colombia, a la juventud para que  defienda su futuro, para que no se lo deje quitar por parte de políticos inescrupulosos, que buscan el poder para beneficio personal, constituye una nueva doctrina para la civilización universal.


Todo indica que el nuevo liderazgo de su Santidad Francisco no sólo va dirigido al rescate de una Iglesia penetrada por la indiferencia ante graves faltas de algunos de sus pastores, sino también a contribuir a un  mundo más humano, al servicio del hombre y no de las ideologías.


 

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90 AÑOS DE
GUILLERMO MORÓN

Juan Páez Ávila

11-02-2016

Guillermo Morón acaba de cumplir 90 años de edad, sin dejar de ser un hombre polémico, dotado de una sabiduría y un verbo crítico para defender sus ideas con la pasión de un venezolano convertido en un verdadero patrimonio cultural de nuestro país  y del mundo hispanoamericano contemporáneo, a quien muchos caroreños  y cuiqueños  se lo disputan en silencio, pero  con honor como hijo predilecto de Carora y de Cuicas. Hijo de una maestra de escuela, Rosario Montero de Morón, y alumno de un maestro de juventudes, Chío Zubillaga, recibió de ambos una permanente y sistemática orientación para el estudio y la disciplina en el trabajo intelectual.

           
Desde muy joven comenzó a escribir artículos y reportajes para El Diario de Carora y El Impulso de Barquisimeto, mientras terminaba sus estudios de bachillerato en  ambas ciudades. Según carta de Chío Zubillaga que yo reseñé en la biografía sobre el maestro y humanística caroreño, éste le recomienda estudiar historia, convencido de la capacidad de Morón para analizar e interpretar los hechos del pasado y del presente que reflejaba en sus trabajos periodísticos. Ingresó al Instituto Pedagógico Nacional de Caracas del que egresó como Profesor de Historia y Geografía. Después de una breve pasantía como profesor del Liceo “Lisandro Alvarado”, en cuyas aulas tuvo como alumnos a Rafael Cadenas y a Manuel Caballero, entre otros jóvenes destacados, quienes siempre, ayer y hoy, le han manifestado aprecio y respeto por sus ideas, compartiéndolas o no.  Secretario Privado de otro de sus maestros, el Dr. Carlos Felice Cardot, Gobernador del Estado Lara, en 1949 su madre lo conminó  a abandonar el país por el temor a que fuera arrastrado por la vorágine de la dictadura que se veía venir. Felice Cardot lo ayudó a conseguir una beca y se fue a España y luego a Alemania donde realizó estudios de Historia y Filosofía respectivamente. A estos estudios debe Guillermo Morón su excepcional formación en ambas disciplinas y en idiomas modernos e incluso en latín y griego.

           
Su regreso al país con una visión universal de la historia y la cultura en general, ejerció la docencia en la Universidad Simón Bolívar y dedicó el mayor tiempo posible a escribir la Historia General de Venezuela y su obra narrativa, en la que destacan Historia de Francisco y otras Maravillas, El Gallo de las Espuelas de Oro, Catálogo de Mujeres, Los Hechos de Zacarías y Ciertos Animales Criollos, los cuales serán reeditados por la Editorial Planeta.

           
Tanto su obra historiográfica como narrativa ha despertado polémica entre expertos y neófitos. En los primeros porque tienen una óptica diferente a la de Morón para enfocar los problemas del hombre  y de las luchas sociales y política en los grandes escenarios y acontecimientos de nuestra historia. Sin embargo, su obra histórica permanece como un testimonio de quien se ha dedicado con seriedad a la investigación en archivos nacionales e internacionales y a la observación directa de nuestro acontecer, para crear una conciencia aproximada al hecho histórico, sin la distorsión y los dogmas que lo han deformado por prejuicios y posiciones ideológicas intolerantes.

           
Y en torno a su narrativa la polémica también ha estado presente, aunque sin una trascendencia crítica contraria a sus valores literarios. Por lo contrario, su obra ha sido recibida con respeto y admiración por quienes conocen la originalidad y el dominio de la lengua que exhibe en sus mejores páginas, en las que la imaginación trasciende la realidad, en un juego controvertido propio de la narrativa moderna.

           
A los 90 años conserva el vigor intelectual, digno de su maestro Chío Zubillaga, que le permite realizar una oposición  frontal al gobierno de Hugo Chávez ayer, y al de Nicolás Maduro en la actualidad, vistos y analizados con su marida de observador e investigador de la historia contemporánea, como una tiranía feroz, que ha denunciado en aquellos medios de comunicación social que se le han acercado para entrevistarlo. En ningún momento ha rehuido el combate de las ideas. Al chavismo madurismo lo percibe como en su etapa decadente, en lo que coincide con el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, a quien considera el líder más apropiado para poner punto final a este régimen destructivo de la economía nacional, de las instituciones independientes y de la vida de convivencia humana de los venezolanos.

 

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MADURO DESAFIANTE

Juan Páez Ávila

05-02-2016

Una vez conocida su derrota en las elecciones del 6 de diciembre y la decisión de la Mesa de la Unidad Demcorática (MUD) de que sino se produce un cambio importante  en las políticas gubernamentales acerca de ajustarse a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que comprendieran la liberación de los presos políticos, el regreso de los exisiados, el control de la inflación y el alto costo de la vida, la inseguridad de las personas y la garantía de la propiedad privada tal como lo establece la Carta Magna, la mayoría calificada buscaría una salida democrática, pacífica y electoral de la presente crisis, Nicolás Maduro ha asumido una posición desafiante, de confrontación contando con los poderes públicos que nombró a dedo.


Tal actitud quedó corroborada en el acto de celebración del Año Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en el que magistrados y representantes del llamado poder moral, manifestaron sin rubor alguno, su apoyo incondicional al jefe del poder ejecutivo. Lo  indica que al recibir una mayor concentración de poder en su persona, se siente autorizado  no sólo para violar disposiciones expresas de la Constitución Nacional vigente, sino también, y como consecuencia de esta trasgresión, para realizar un permanente  desafío y una provocación a la Asamblea Nacional, con la finalidad de boicotear sus decisiones.

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Maduro desafiante se juega su aspiración de un futuro continuista,  porque la sociedad civil salió a votar masivamente en su contra. Si todo transcurriese, como es de esperarse, pacíficamente, Nicolás Maduro sabe, por las encuestas que ha mandado a realizar, que  puede ser derrotado en un referendo y más aún revocado por una Constituyente, que si se implementa podría  generar una impredecible desestabilización de su régimen, que lo obligue a rectificar o a renunciar antes de someterse a la revocatoria de su mandato.


El otro objetivo de la colusión de los poderes Ejecutivo, Judicial y Moral contra la Asamblea Nacional  puede ser provocar una reacción violenta de algunos sectores de la sociedad, que desesperados llamen al desconocimiento del gobierno, lo cual le permitiría al heredero del extinto  Comandante profundizar la represión. Y de allí en adelante burlar  el Ordenamiento Jurídico vigente,  violando la Carta Magna de la República de Venezuela, contra toda la oposición y los disidentes del chavismo sin Chávez.


Por la experiencia nacional e incluso mundial, cualquier protesta debe mantenerse en el marco de la legalidad, porque las políticas que puede aprobar Maduro, afectarán a la mayoría de la población, incluyendo sectores democráticos disidentes del maduro-cabellismo, que está en capacidad de modificar  la correlación de fuerzas y provocar un cambio significativo que neutralice o derrote su tendencia autoritaria y militarista.


El gobierno atraviesa su peor momento, cuando el mundo democrático condena la violación de los Derechos Humanos, el Presidente de los Estados Unidos,  Barack Obama,   investiga decenas y sanciona a 7 altos funcionarios acusados de atropellar y torturar a centenares de estudiantes y ciudadanos que les acompañaron en sus protestas pacíficas, solicitando, como la establece la Constitución la renuncia de Maduro. Cuando el universo democrático también condena la utilización de grupos parapoliciales y paramilitares armados para reprimir y disparar contra manifestantes pacíficos. Y para agravarle la crisis al gobierno se destapó la olla podrida del robo a Cadivi y el lavado de dineros públicos por parte de altos ejecutivos de  PDVSA en bancos europeos y latinoamericanos, cuyas consecuencias son difíciles de prever, porque son decenas o centenares de altos funcionarios corruptos los descubiertos, más los protegidos por la DEA, quienes acusan de tráfico de drogas al llamado Cartel de los Soles. Todo parece indicar que el gobierno de Maduro no sólo está frente a una
peligrosa bomba de tiempo, sino que su actitud desafiante es, como ha señalado el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, señal de  los  estertores de una etapa terminal.

 

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PETRÓLEO Y GASOLINA REGALADOS
Juan Páez Ávila

31-01-2016

Desde que el comandante ¨eterno¨ decidió vender petróleo a precios subsidiados a los países de la ALBA y de PETROCARIBE, la mayoría de estos países no sólo mejoraron sus economías, sino que hoy disfrutan de un crecimiento superior al de Venezuela, a cuyo Fisco Nacional dejaron de ingresar, según cálculos  de algunos especialistas, unos 18 mil millones de dólares, con los que se hubiesen podido resolver problemas como la educación y la salud en nuestra nación. En estos momentos con el agua al cuello el gobierno de Maduro busca fórmulas y asesoramiento para aumentar el precio de la gasolina, sin pagar un precio político después de arruinar sueldos y salarios de los venezolanos, que atraviesan la peor crisis social y económica de nuestra historia republicana, por la inflación más alta del mundo, una escasez sin precedentes, que incluye alimentos y medicinas.

Y lo más alarmante es que piensan aumentar el precio de la gasolina a los venezolanos, pero no dicen nada acerca de qué van a hacer con la regaladera de petróleo a Cuba, que experimenta mejorías por sus nuevas relaciones con los Estados Unidos y el mundo occidental, sin descartar China ni Japón, y a los demás países que conforman la ALBA y PETROCARIBE, a los que debieran cobrárseles las deudas que tienen  contraída con PDVSA y venderles a precio de mercado internacional. Y no por falta de solidaridad latinoamericana, sino porque sus economías  están en mejores condiciones de desarrollo que la nuestra.

Y lo más grave es que a Venezuela le hacen falta dólares para cumplir compromisos con acreedores nacionales e internacionales, dólares que en parte los pueden obtener con el cobro de la deuda de los beneficiarios de los regalos que estableció el comandante extinto para buscar apoyo internacional a sus sueños de líder continental. Y lo que menos necesita son los bolívares que recibiría por el aumento del precio de la gasolina, porque, además de la maquinita de fabricar bolívares en que el gobierno ha convertido al Banco Centra (BCV) es factible que se siga consumiendo casi la misma cantidad del producto y queden muy pocos barriles para vender en dólares en el exterior.

En Venezuela ricos y pobres somos dueños del petróleo que está en el subsuelo, de donde lo extraen PDVSA y las transnacionales socias –que el gobierno ha contratado pero que trata de ocultar, por su antiimperialismo ideológico, al que le vende y cobra de contado en dólares gran parte de la producción-  que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco y por Ley deben obtener sus dividendos, pero la regalía pertenece a los venezolanos, aunque siempre la han administrado los gobiernos sin consulta con la ciudadanía, para aumentar los ingresos del Fisco Nacional e incluso para el tráfico de influencias.

Con la caída de los precios del petróleo se acabó la posibilidad de seguir regalando los hidrocarburos que producimos, se golpeó seriamente a la economía rentista y le hizo descubrir al gobierno –aunque parece demasiado tarde para su supervivencia-  que es necesario impulsar una economía productiva, nacional, para el consumo nuestro, reducir la importación, promover la exportación  y generar riqueza y empleos de calidad de los habitantes del territorio venezolano. ¡Amanecerá y veremos!



 

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LA SALIDA DE MADURO

Juan Páez Ávila


14-01-2016

           
La crisis política del cabellomadurismo generada por  las políticas equivocadas y las contradicciones de los herederos del Comandante extinto, no sólo han provocado las protestas de amplios sectores  de sociedad civil y de la oposición, sino también la crítica de centenares o miles de militantes  del partido de gobierno, que no encuentran alimentos ni medicinas, aún después de hacer largas y humillantes colas en diferentes mercados y supermercados, produjo la derrota estruendosa de los candidatos del oficialismo en las elecciones del 6 de diciembre. Los incondicionales de otros tiempos, cuando los arengaba Hugo Chávez y creían en la infalibilidad de su palabra y en el cumplimiento de sus promesas, con su voto empujan a Nicolás Maduro a la renuncia o   hacia su sustitución a través del voto mayoritario de los venezolanos, en posible referendo revocatorio.

           
Un porcentaje importante de candidatos a la Asamblea Nacional de los llamados jefes de brigadas chavistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)  seleccionados previamente por Diosdado Cabello y el Presidente de la República, para conocimiento de los militantes de esa organización política al momento de depositar su voto en las urnas correspondientes, provocó la rebelión de algunos que se habían ganado el respaldo de sus compañeros de la base y fueron derrotados por los favoritos de la dupla Cabello-Maduro.


Esa insubordinación produjo consecuencias  negativas muy graves para los candidatos impuestos por el dedo de la cúpula Cabello-Maduro, que quedaron en minoría en la Asamblea Nacional. Y si a ello se agrega la organización y cuestionamiento de dirigentes agrupados en la Marea Socialista y de varios ex –ministros, quienes también, hasta ahora, han sido subestimados y agredidos por los herederos del difunto  Comandante en Jefe, la salida de Maduro para inevitable.    

           
Ya no es posible que las intimidaciones o enjuiciamientos de algunos funcionarios públicos que no se sometan a los dictados de los nuevos gobernantes, contribuya a callar algunas voces, de los sin tierras, sin viviendas, sin empleo, amenazados  por el hampa todos los días, a quienes se les  dijo que el socialismo es para todos, que tenían derecho a participar y a ser protagonistas de la historia. Después de  16 años de oír mentiras, se mantendrán protestando en las calles y  no  votaron  por los candidatos del oficialismo que  impusieron para las elecciones parlamentarias del 2015, muchos se abstuvieron y otros sufragaron en contra.

           
Todo indica que estamos en presencia de una crisis política que se origina en las contradicciones de una prédica socialista y una práctica capitalista de Estado, que ha mantenido engañados a miles de venezolanos a quienes no se les han solucionado sus problemas económicos y sociales, pero que ven muy  de cerca cómo muchos de los jerarcas del gobierno, que Chávez llamaba pata en el suelo, se enriquecen de la noche a la mañana. El verbo hipnotizador de los  herederos del Presidente no existe  e incluso su voluntad de hacer algo por su pueblo, se ha estrellado, después de 16 años de gobierno, contra una realidad económica y social que no admite políticas equivocadas que ya fracasaron en otros regímenes totalitarios o de simple tendencia autocrática.

           
En el supuesto de que a los diputados que ganaron 54 curules en las elecciones en 2015,  los  obliguen a aplicar la misma política de hegemonía de la cúpula Cabello-Maduro, negándole al pueblo el ejercicio de los derechos que la Constitución del 99 les otorga, la crisis política no podrá ser contenida con las dádivas que ya no permiten los bajos precios del petróleo, y generan colas desesperantes para conseguir comida y medicinas,  y una inflación incontenible.

           
La mayoría de sus políticas, las más importantes, aprobadas mediante  la última Ley Habilitante, sin consultar y menos orientar a un cambio  económico, social y político, profundizará seriamente  la crisis del cabellomadurismo, lo que constituirá un rotundo fracaso del personalismo, del autoritarismo, también por obsoleto y antihistórico, que conducirá a una segura salida del Presidente mediante un posible referendo  revocatorio.
 

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FINAL DEL AUTORITARISMO

Juan Páez Ávila

06-01-2016

La tendencia totalitaria de un sector del gobierno tendrá que enfrentar a más del 80% de los venezolanos que no sólo  manifestaron en diferentes encuestas que prefieren el sistema democrático, sino que también votaron  el 6 de diciembre por una Asamblea Nacional con mayoría calificada de la Alterativa Democrática, con lo cual  les cierran el camino, a los que aspiran perpetuarse en el poder e imponer  una dictadura  con fachada legal.

           
Esa mayoría  de venezolanos se formó en el período democrático denominado la IV República, después de derrotar a la dictadura del General Pérez Jiménez, quien gobernaba a nombre de las Fuerzas Armadas. Esa inmensa mayoría, más los jóvenes que sufren los embates del autoritarismo, también incluye un buen porcentaje de chavistas que votaron por el actual Presidente, en la  creencia de que la situación personal de  ellos mejoraría en cuanto a bienestar social y económico, preservando las libertades públicas. De allí su respuesta a los encuestadores cada vez que los interrogaban en los sondeos de opinión que hacían especialistas en la materia, y el voto castigo a la Administración de Maduro por el desastre económico, social y político al que condujo al país.

           
La tendencia totalitaria aún es un peligro real porque el Presidente todavía  concentra en sus manos y en su voluntad  los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, que en una democracia funcionan con independencia sin dejar de cooperar en la realización o materialización de cada uno. Los pasos que han dado algunos ministerios orientados a la imposición de un pensamiento único,  pusieron sobre aviso a importantes sectores de la sociedad.


La elección de una Asamblea Nacional Autónoma, cuya mayoría democrática ha manifestado su firme decisión de ponerle fin al presente gobierno por la vía constitucional, cesará la intervención directa del Estado en  actividades como la estatización de la economía, el control de la cultura, la educación con especial referencia a la disposición  a liquidar la autonomía universitaria, y la función institucional de la Fuerza Armada para convertirla en el aparato militar del Partido del Presidente de la República. 

           
Y aunque lo más evidente es el militarismo, contrariando incluso el pensamiento de Bolívar a cuyo nombre dice actual el Jefe del Estado, porque el Bolívar  civilista creador de constituciones republicanas ha sido anulado, la marcha hacia el control total de la sociedad  unió a la izquierda y a la derecha democrática, para ponerle un valladar cívico a la hegemonía personalista y a la llamada dictadura perfecta, por su apariencia legal.


Por tales y muchas otras razones, para evitar males mayores resulta imprescindible, iniciar un diálogo constitucional, después de las elecciones parlamentarias, entre representantes del gobierno y de la oposición, para restablecer el Estado de Derecho. Para ello es necesario dejar de lado a los talibanes y extremistas del oficialismo y de la oposición, que desde posiciones muy  cómodas, por lo general exclusivamente teóricas, les piden a los líderes que conducen la administración pública y la lucha por un cambio democrático, que radicalicen sus enfrentamientos. Cualquiera sea la conducta del impopular Presidente Maduro  y de su incapacidad para seguir al frente de la  nación y resolver los problemas fundamentales que afectan a la mayoría de los venezolanos, los demócratas debemos seguir indisolublemente vinculados y apegados a las soluciones establecidas en el texto de la Constitución Nacional vigente.

En política el diálogo, como se realiza entre los  colombianos, se establece entre factores de poder, que generalmente  tienen profundas diferencias ideológicas  en cuanto a la conducción del Estado, con la finalidad de normalizar la vida política, económica y social de la nación. Por eso las conversaciones  se adelantan en Cuba entre representantes del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC, previo acuerdo de que el mismo tiene como objetivo buscar y encontrar la paz definitiva en el vecino país.           

En nuestro país, afortunadamente no estamos en guerra, pero existen peligrosas manifestaciones  de violencia en los barrios populares entre bandas armadas de diferentes signos, aunque con predominio del hampa  y de colectivos armados que también amenazan a la clase media y a toda la población. Sin embargo existe un estado de permanente violación, por pate del gobierno,  de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en nuestra opinión requiere un diálogo de interés nacional, para restablecer el Estado de Derecho. De no lograrse dicho diálogo, ya lo anunció el veterano, inteligente y corajudo Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, de acuerdo con lo aprobado por la Mesa de la Unidad (MUD) se aplicará lo establecido en la Constitución Nacional vigente, en lo relativo al cambio de gobierno.

 

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RECONCILACIÓN E INTERÉS NACIONAL

Juan Páez Ávila

31-12-2016

Los tiempos y el clima político en que millones de venezolanos participaron en el proceso electoral del 6 de diciembre,  cuyo resultado impactó al país y al mundo democrático, no sólo por la contundente derrota del partido de gobierno, sino  también por su estilo pacífico  en el que abordaron diferentes aspectos de la realidad nacional como la inseguridad, el desempleo, la inflación, la libertad de expresión y el derecho a manifestar libre y pacíficamente, corren el peligro de desaparecer por la virulencia del discurso del  Presidente de la República y del Capitán Diosdado Cabello, presidente de la moribunda Asamblea Nacional.

           
Desde que la Alternativa Democrática comenzó a  quitarle la calle al partido de gobierno, éste cerró toda posibilidad de debate, no sólo porque  no podían defender su colapsada obra de gobierno, sino también porque  la muerte del Comandante Chávez los dejó sin el liderazgo  que una vez tuvo a su lado, miles de personas que lo vitoreaban y se le acercaban a saludarlo en las principales ciudades de país.

           
Sin embargo, a estas alturas del proceso de transición que se avecina, lo importante es como convencer a los chavistas de que no habrá persecución ni discriminación por parte de la mayoría calificada que ganó la oposición en la Asamblea Nacional e incluso de un posible   gobierno de la Alternativa Democrática, cuyos principales dirigentes  han dirigido varios mensajes a sectores e instituciones fundamentales del país, garantizando el pleno ejercicio del Estado de Derecho.

           
Y aunque también es obvio que la carga política para contener la tendencia autoritaria del régimen no puede descansar exclusivamente en los hombros de los diputados de la Alternativa Democrática,  ya  centenares o  miles de venezolanos han manifestado su voluntad de contribuir  a la reconciliación nacional. Igualmente los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y gremios independientes, han dejado claro que no renunciarán  a la lucha por eliminar la discriminación política en cuanto a quiénes tienen derecho a transitar, visitar y realizar manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional.

           
La reconciliación nacional es de interés para la vida democrática de jóvenes, adultos y viejos, pero el tiempo apremia. Si la generación política que ha dirigido el país en los últimos 16 años, responsable de la polarización y del fracaso de las políticas públicas aplicadas, no es capaz de contribuir a reconciliar a los venezolanos, nuestra sociedad puede entrar en una crisis impredecible.

           
El 6 de diciembre  no sólo se eligió  una nueva Asamblea Nacional con mayoría calificada, democrática, que sorprendió tanto al gobierno como al mundo democrático,  sino que también generó una violenta, aunque tardía reacción, en la cúpula maduro-cabellista y sus seguidores comprometidos o señalados como incursos en delitos de corrupción, narcotráfico y de lesa humanidad. El país puede enfrentar una dura prueba entre las instituciones fundamentales de la nación, si la provocación de grupos paramilitares que apoyados desde el gobierno tratan de crear un caos generando actos de violencia contra el nuevo parlamento u otros organismos clave para que la ciudadanía viva en paz.

           
Para evitar actos de violencia o reducirlos a su mínima expresión, es imprescindible que las instituciones básicas de la nación, reflexionen y crean en la palabra de los dirigentes de la Mesa de la Unidad (MUD), que  se han comprometido a legislar sin discriminación política. Se tiene que eliminar la prédica de la división de la sociedad y de la descalificación de quien no piense como el gobernante del momento, tal como lo ha venido haciendo el heredero de Hugo Chávez desde la Presidencia de la República.  La experiencia de la mayoría de los integrantes de la Alternativa Democrática  y la convicción de que para alcanzar el progreso del país se requiere una atmósfera de paz, confianza y trabajo mancomunado del gobierno con empresarios y trabajadores, es fundamental garantía que la nueva Asamblea Nacional ofrece a los venezolanos, para el reencuentro y la reconciliación, para contribuir a la creación de una vida civilizada en una nación libre y soberana.


Concluyo con lo que afirmé en artículo anterior: Para que los habitantes de una nación disfruten de una cultura de paz, se requiere de la formación de ciudadanos pacíficos, respetuosos del Estado de Derecho, capaces de rechazar todo llamado o simple insinuación a la violencia.


 

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ACUERDO CONSTITUCIONAL

Juan Páez Ávila

04-12-2015

Lo que parece y en el fondo es un verdad de Perogrullo, porque todo país democrático debe funcionar de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna, un Acuerdo Constitucional, después del 6 de diciembre, adquiere    hoy una connotación no sólo nacional sino también internacional,  si involucra a todos los ciudadanos, sin distingo de ideologías o de su militancia política, interesados en procurar un gobierno democrático, en el que se cumpla y se haga cumplir  la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.


Un Acuerdo Nacional en el que se oigan las voces de los trabajadores, los empresarios, los jóvenes, los gremios profesionales, los políticos, los académicos, las iglesias y la Fuerza Armada para promover la constitución de un gobierno democrático, de reconciliación nacional, en el que no hayan perseguidos ni perseguidores, descartada la retaliación o la venganza política.

           
Para lograr un  régimen democrático se requieren varias agendas que deben ser ejecutadas por venezolanos democráticos y honestos en la conducción de la Administración Pública. En lo político se deben poner en vigencia todas las instituciones que caracterizan la democracia plena. Poner en libertad a los presos políticos, regreso de los exiliados, funcionamiento del Estado de Derecho que le dé autonomía a los Poderes Públicos, que los Jueces  juzguen y condenen a los culpables de delitos, por razones de verdadera justicia y no por venganza política. En síntesis, que se cumpla la Constitución Nacional, la Carta Interamericana Democrática y todos los acuerdos internacionales en la materia aprobados y refrendados por Venezuela.

           
En lo social se deben garantizar los derechos de la población de recibir servicios públicos eficientes como la electricidad, el agua y en particular una educación y una salud de calidad. Es urgente resolver el problema de la escasez y del alto costo de la vida que acosa a toda la ciudadanía y en mayor grado a los sectores de menores recursos. También es prioritario desmantelar las bandas criminales que actúan con impunidad contra el pueblo trabajador.

           
Y en lo económico se puede sintetizar que se requiere en el corto plazo estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y crear confianza para la inversión nacional y extranjera; devolver a sus legítimos dueños las empresas y haciendas expropiadas y no pagadas; aumentar la producción de PDVSA y nombrar una junta directiva capaz y honesta; trazar todas políticas que controlen la inflación, estimulen la producción nacional y  la exportación; desmontar los controles que ahogan la economía nacional y acabar con las mafias que se han enriquecido ilícitamente y con impunidad.

                       
La reconciliación nacional es de interés para la vida democrática de jóvenes, adultos y viejos, pero el tiempo apremia. Si la generación política que ha dirigido el país en los últimos 16 años, responsable de la polarización y del fracaso de las políticas públicas aplicadas, no es capaz de contribuir a reconciliar a los venezolanos, Venezuela puede entrar en una crisis impredecible.

El 6  de diciembre no sólo elegiremos una nueva Asamblea Nacional sino que también el país debe enfrentar la crispación en que ha caído la política nacional porque algunos altos funcionarios han sido  señalados como incursos en delitos de corrupción, narcotráfico y de lesa humanidad, lo cual constituirá una dura prueba para las instituciones fundamentales de la nación.  Incluso es factible que grupos paramilitares traten de crear un caos generando actos de violencia.

           
Para evitar actos de violencia o reducirlos a su mínima expresión, es imprescindible que las instituciones básicas de la nación, reflexionen y   decidan  gobernar sin discriminación política. Se tiene que eliminar la prédica de la división de la sociedad y de la descalificación de quien no piense como el gobernante del momento. Consolidar la convicción de que para alcanzar el progreso del país se requiere una atmósfera de paz, confianza y trabajo mancomunado del gobierno con empresarios y trabajadores.

Para que los habitantes de una nación disfruten de una cultura de paz, se requiere de la formación de ciudadanos pacíficos, respetuosos del Estado de Derecho, capaces de rechazar todo llamado o simple insinuación a la violencia.



 

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EL SECUESTRO DEL ALCALDE

Juan Páez Ávila


25-11-2015

En todos mis artículos publicados en varios medios de comunicación social del país y algunas páginas web, relacionados con la brutal represión del régimen de la dupla Nicolás Maduro-Diosdado Cabello, he expresado mi solidaridad con todos los detenidos y exiliados políticos. Sin dejar de reiterar mi respaldo a todos los encarcelados, exiliados y perseguidos, la publicación del libro EL SECUESTRO DEL ALCALDE, por Manuel Malaver, me ha inclinado a referirme en particular a Antonio Ledezma, segunda autoridad civil y política de Venezuela, electa y reelecta por más de 700.000 votos, en la Gran Caracas.


El secuestro  del Alcalde Mayor del Área Metropolitana de Caracas, además de arbitrario e inconstitucional, sin una orden de un tribunal competente, constituye una provocación a la Mesa de la Unidad Democrática, para tratar de inducirla a realizar protestas violentas que justifiquen una mayor represión y un decreto, por parte del gobierno, de un Estado de Excepción, como ya lo hizo en la zona fronteriza con Colombia, que pudiera  impedir la realización de las elecciones parlamentarias, en las que se sabe derrotado por una amplia mayoría, con la cual debería entenderse como sucede en todos los regímenes democráticos.
           
La arbitrariedad, escribí en anterior artículo, es ya un procedimiento característico del gobierno de Nicolás  Maduro, en lo que supera a su mentor el extinto Presidente Hugo Chávez y lo acerca a la dictadura cubana de los hermanos Castro, de la época de los peores momentos de la represión contra el pueblo de la Isla de Martí. Por eso Antonio Ledezma le había comunicado a varios de sus amigos, que presentía una detención de naturaleza brutal, por lo que estaba preparado para enfrentarla con el coraje y la dignidad de  un hombre de firmes convicciones democráticas, forjador de una historia que Maduro y Cabello y  ninguno de sus verdugos  pueden exhibir. Incorporado a la lucha social desde su adolescencia ha sido electo diputado, senador y alcalde, en cuyos cargos siempre dio demostraciones de fiel  servidor público, y en los que le tocó manejar un presupuesto grande o pequeño, lo hizo con transparencia y honestidad, lo que le ha permitido pasar ileso  todas las investigaciones que La Contraloría General de la República y los sabuesos del gobierno han realizado a sus administraciones.
           
L o inconstitucional de la detención de Ledezma es obvio, se trata del Alcalde Metropolitano electo, con el rango legal de un Gobernador, por lo que  requiere de ante juicio de mérito. La  permanente violación a la Carta Magna por parte del Ejecutivo Nacional se ha extendido a casi todos sus artículos fundamentales. De allí que el Presidente ordena la detención y después le pide a un juez provisorio y sumiso que expida la orden respectiva, con lo que ratifica que quien manda es el Jefe del Gobierno, y los jueces y demás funcionarios de otros Poderes Públicos, obedecen.
           
La solidaridad nacional e internacional de los sectores democráticos con Antonio Ledezma, como la que ha recibido Leopoldo López, otra víctima de la política represiva del gobierno, ambos cabezas del nuevo liderazgo que ha surgido en los últimos tiempos, producto de una consecuente y  justa lucha por la democracia y el bienestar de la mayoría de los  venezolanos, ha dejado al desnudo la política dictatorial de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. De allí que es factible que en un futuro mediato algunos Organismos Internacionales como el Mercosur e incluso la OEA y Unasur  puedan discutir y aplicarle al gobierno la Carta Democrática Interamericana, como ya lo sugerido el Presidente Electo de Argentina, Mauricio Macri.

Y como los auténticos líderes no sólo no se doblegan, sino que tampoco caen en provocaciones y tienen claro el objetivo y futuro  de la nación, ambos reafirman su vocación democrática y desde la prisión llaman a votar en las próximas elecciones parlamentarias, por lo que la  decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de buscar una salida democrática, pacífica y electoral a la crisis que atraviesa el país,  es el camino correcto para prepararse y derrotar el autoritarismo maduro-cabellista.

Y como la crisis política y económica del gobierno se agrava, tanto por la incapacidad de sus altos funcionarios, como por el modelo fracasado en otras naciones, que quieren imponer, la desesperación los puede inclinar a más detenciones, para lo cual hay que responder con firmeza, pero con cabeza fría. Los atajos los ha tomado el gobierno y no es descartable que los enfrentamientos internos los conduzcan a una mayor violencia, a un desbarrancadero.

 



 

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GOBIERNO SIN CONSTITUCIÓN

Juan Páez Ávila


20-11-2015


Si a las violaciones a La Constitución de la República Bolivariana por parte del régimen que  presidió Hugo Chávez, le agregamos una mayor y brutal represión del gobierno cívico militar de Nicolás Maduro, y el rotundo fracaso en materia de desarrollo económico del país y del bienestar de los venezolanos, la complicidad con funcionarios públicos, señalados internacionalmente, con vinculaciones con la corrupción y el narcotráfico, con las mafias organizadas del hampa que controla las cárceles,  domina las calles y sobre todo los barrios más pobres donde asesinan a centenares de jóvenes  en una semana, a miles en un mes y a un total de más de 200 mil en los 16 años de gobierno autoritario, la mayoría que creyó que Chávez iba a arreglar el país y votó por él en varias oportunidades, comienza a buscar otro rumbo democrático y de progreso para todos los venezolanos, porque los herederos han resultados peores.  


Sin respeto alguno a fundamentales disposiciones constitucionales, no sólo  han destruido  las principales empresas públicas, como las de Guayana y PDVSA, más  las privadas expropiadas y otras amenazadas, sino también utilizado el Poder Judicial para condenar sin pruebas a dirigentes políticos  de la oposición, inhabilitar a otros seguros ganadores en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, para que no puedan participar en las mismas, y secuestrar a luchadores de prestigio popular indiscutible como Antonio Ledezma, Manuel  Rosales y al Alcalde Ceballos de San Cristóbal.


La primera manifestación de gobernar al margen de la Ley, fue la violación  de la orden o del testamento del todavía  Presidente de la República, Hugo Chávez, de que Nicolás Maduro terminara el período que se vencía el 10 de enero de 2013 y fuera escogido como su candidato en las elecciones que se realizarían de acuerdo a lo establecido en Constitución Nacional Bolivariana, con lo que se hizo  evidente  de hacia dónde nos conduciría la tendencia autoritaria  que impuso el difunto Comandante en  Jefe, desde su elección hasta diciembre de 2012,  cuando apoyado o inspirado en esa política, los poderes Públicos se coludieron para que el  Vicepresidente continuara en  el poder usurpado.


Controlado el Poder Judicial por el Ejecutivo, los venezolanos no disponemos de una  instancia nacional independiente  para defender nuestros derechos constitucionales,  desconocidos o violados por  funcionarios públicos en complicidad con diferentes poderes para abusar de los límites legales de sus atribuciones.

           
Son varios los casos conocidos públicamente de ciudadanos que han apelado a todas las instancias legales del país y se han considerado burlados en sus derechos legales, y han tenido que acudir a organismos internacionales investidos de autoridad por Acuerdos  y Convenios ratificados por Venezuela, para hacer valer sus derechos.

               
De allí que la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ordenada por  el extinto Presidente Chávez, no solo retrocedió  nuestro  país a etapas primitivas de gobernar sin sometimiento a las leyes nacionales e internacionales, sino a la voluntad personal del gobernante que asume  ilegalmente todos los poderes del Estado, como en las antiguas monarquías  o en algunos regímenes personalistas que se creen enviados por la Providencia o por mandato de una historia creada por ellos, incluso para traspasar dicho poder a sus descendientes.

           
Afortunadamente, una evidente mayoría de electores en el país está enrumbada hacia una lucha democrática, pacífica y electoral, según lo acordado por la Mesa de Unidad (MUD) coordinada por Jesús (Chúo) Torrealba como Secretario Ejecutivo, y a unas elecciones en las que los venezolanos  escogerán los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, y en las que la Alternativa Democrática, puede y debe triunfar para darle un vuelco a Venezuela,  restaurar el sistema republicano de independencia de los Poderes Públicos,  poner en funcionamiento  las instituciones de una democracia moderna, aprobar una Ley de Amnistía para presos políticos y exiliados,  y superar la crisis inflacionaria, el desabastecimiento, la inseguridad y las humillantes colas para tratar de conseguir algunos alimentos y medicinas.

           
Después de 16 años de violación de los Derechos Humanos de venezolanos inocentes, sentenciados algunos a 30 años de presidio por orden del desaparecido ¨comandante eterno¨, Hugo Chávez, como en el caso de los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Forero y Vivas, los policías que también fueron encarcelados injustamente, la Juez Afiuni sentenciada por el ex-Presidente en un programa de televisión, el país democrático puede y debe intentar  ponerle fin a semejantes arbitrariedades, y sobre todo impedir que las siga cometiendo el heredero Nicolás Maduro, sin una instancia internacional a la cual apelar, derrotándolo en en las elecciones del 6 de diciembre.


 

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TOTALITARISMO CONTRA LA UNIVERSIDAD

Juan Páez Ávila

13-11-2015

 

El acuerdo de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional solicitándole al Tribunal Supremo de Justicia que investigue a las autoridades universitarias sobre el paro de profesores que exigen condiciones  mínimas para poder comenzar las clases, está claramente orientado a intervenir las universidades autónomas, porque las autoridades no han llamado a paro alguno. El problema es gremial porque el gobierno se ha negado a discutir la tabla de sueldos y salarios de los trabajadores de las universidades, que atienda a las necesidades perentorias de viven profesores, empleados y obreros, por los bajos ingresos asignados que no les permiten cubrir la cesta alimentaria y menos la básica.


En la totalidad de los países donde se han instaurados regímenes totalitarios mediante golpes de Estado, en la historia contemporánea, o a través de asaltos al poder, una de las  primeras medidas represivas las han dirigido contra las universidades, especialmente contra aquellas que disfrutan de autonomía. Y en algunos casos como el que estamos viviendo en nuestro país, cuando  se pretende imponer un régimen de pensamiento único,  y no se les puede controlar desde adentro, porque sus candidatos han sido derrotados en las pocas elecciones que se han realizado, se les trata de ahogar económicamente restringiéndoles el presupuesto que por ley les corresponde, o interviniéndolas por la fuerza para someterlas a los planes dictatoriales del gobierno.

           
La suma de agresiones a la Universidad Central de Venezuela, la ULA, LUZ, UDO, USB, UNEXPO y otras casas de estudios superiores como la UPEL en varias ciudades del país, sin lugar a dudas que responde a una política, por demás equivocada, del gobierno del Nicolás Maduro para tratar de someterlas y obligarlas a ponerse al servicio de su  ¨proyecto revolucionario¨, que denominan Socialismo del siglo XXI, a pesar del fracaso que el mismo  experimentó en todos los países del este de Europa y en otras naciones del mundo, donde regímenes tiránicos intentaron implantarlo.

           
La utilización de grupos paramilitares para aterrorizar a estudiantes y profesores y crear las condiciones de anarquía provocada por la violencia, para después de acusar a las autoridades de ser las responsables de una supuesta o real ingobernabilidad, seguramente esté dirigida para luego propinarles el zarpazo definitivo, posiblemente ordenándole al TSJ una aparente intervención legal, porque la Asamblea Nacional ya está moribunda y no puede emprender una modificación de la Ley de Universidades o de Educación en general, para destituir a las autoridades electas democráticamente y proceder a su intervención militar. Y aunque el dogmatismo estalinista les haga creer que poseen la única verdad que existe en el mundo,  para imponerla a los centros de la inteligencia, donde no sólo se cultiva la ciencia, la tecnología y el saber humanístico, sino también el pensamiento crítico, la paz y la democracia, podrán ocuparla militarmente y atropellar estudiantes y profesores, pero no lograrán ponerla al servicio del atraso, del personalismo y del militarismo.

 
En una época en que el conocimiento se duplica  cada dos años, el grupo de dogmáticos formados en los manuales de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que asesora al  Comandante en Jefe, lo empuja cada día más hacia un desbarrancadero, aprobando políticas económicas y sociales que profundizan la recesión económica, la inflación, el desempleo y la inseguridad de las personas y los bienes, liquidando paulatinamente la propiedad privada. Y como la Universidad Autónoma sigue siendo el centro crítico de la política y de la cultura en general, contrariando la verdad única que cree poseer el heredero del poder y jefe  de quienes le acompañan en el gobierno, no encuentra otra forma de enfrentar la inteligencia que dirige la Universidad, que la utilización de la violencia.


De allí las múltiples agresiones de que han sido víctimas las Universidades Autónomas, desde que el extinto Hugo Chávez decidió radicalizar su proyecto político dirigido a controlar todos los Poderes Públicos y las instituciones de la ciencia y la cultura, históricamente llamadas a enfrentar la barbarie del caudillismo militarista, disfrazado de socialismo del siglo XXI, que el Presidente pretendió imponerle a los venezolanos. Pero como lo indica la experiencia, todavía reciente, del fracaso de los Hitler, Mussolini y Stalin, que pretendieron someter a sus naciones a los delirios de sus mesianismos, de sus demencias de grandeza, e incluso de nuestro General dictador, Marcos Pérez Jiménez, que inventó un  ¨ Nuevo Ideal Nacional,¨ para tratar de engañar incautos y perpetuarse en el poder, el ¨comandante eterno¨ cuando agredió a la Universidad también fracasó, con su socialismo del siglo XXI, impregnado de un poco de fascismo,  comunismo y caudillismo tropical. Con mayores razones Nicolás Maduro será derrotado por la Universidad que propicia la democracia y la paz, como lo será de una manera rotunda en las elecciones parlamentarias del 6 de
Diciembre.


 

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CAMPAÑA MEDIÁTICA Y ELECCIONES

Juan Páez Ávila

05-11-2015

Ninguna campaña mediática basada en la mentira y la manipulación de los electores, puede garantizar algún triunfo electoral, ocultando la realidad de lo que acontece en el país, cuya inflación liquida sueldos y salarios aunque se aumenten periódicamente, donde predomina el desabastecimiento de alimentos y medicinas, que conduce a colas humillantes de los más pobres e incluso de la clase media, y la inseguridad de las personas y los bienes prácticamente decreta un toque de queda después de las 8 de la noche.  


La campaña mediática instrumentada por el Presidente Nicolás Maduro, realizando cadenas de radio y televisión todos los días y a veces varias diariamente, ha fracasado en sus objetivos de ganarse  la voluntad o el respaldo de la mayoría de los venezolanos, porque no encuentra plena justificación en lo que informa. Por ejemplo, ni su propia gente cree que la oposición está preparando un golpe de Estado, cuando todos saben que ese tipo de golpe sólo lo pueden ejecutar los militares que tienen mando de tropa, capacidad y coraje para que no les pase lo que al extinto Comandante Chávez, que teniendo bajo su mando a los mejores batallones del Ejército de la época, fracasó el 4 de Febrero de 1992. Ningún civil puede disponer de un contingente con alto poder de fuego para intentar un golpe de Estado.

           
Tratar de ocultar las multitudinarias protestas pacíficas de los estudiantes y profesores universitarios, y de casi toda  la oposición, censurando a los medios y acusándolos de conspirar con el Imperio y el ex Presidente Uribe Vélez de Colombia, no sólo es una burda manipulación del gobierno, sino el intento de desviar la atención del pueblo venezolano, en torno a los graves problemas que atraviesa el país, tales como la inseguridad, agravada con la represión criminal de los paramilitares contra los manifestantes, el alto costo de la vida, la escasez, el desempleo y el deterioro de los hospitales 

           
La denuncia del Presidente Maduro acerca de una campaña mediática en su contra, propalada por los principales voceros independientes, para sacarlo de Miraflores, además de cínica, falsa, lo que busca es justificar la censura a los medios, a la libertad de expresión, para ampliar la hegemonía comunicacional que ya ejerce a través de más de 700 medios de comunicación en su poder, pero que apenas es visto u oído por un 11% de la audiencia nacional

           
Los medios de comunicación social privados no realizan  campaña alguna contra el gobierno, porque basta con informar veraz y oportunamente lo que ha hecho y sobre todo  lo que ha dejado de hacer de acuerdo con las atribuciones que le otorga la Constitución Nacional que el Comandante ¨eterno¨ hizo aprobar en 1999.

           
El deterioro de toda la infraestructura vial construida en los últimos 50 años, diez de la dictadura de Pérez Jiménez y cuarenta de la democracia representativa, es algo sobre lo cual sólo hay que preguntarle a los venezolanos que la transitan diariamente, para luego informarle a toda la nación. No es ninguna campaña mediática mostrar en diferentes vehículos de comunicación cómo se cae a pedazos un porcentaje  importante de  hospitales y  escuelas, con algunas excepciones desde luego, construidos antes del ascenso al poder de la revolución bolivariana y militarista. De allí que lo que deslegitima al gobierno del heredero del difunto Presidente Chávez es la incapacidad del  equipo ministerial, gobernadores y alcaldes escogidos a dedo por el propio jefe de Estado para hacerlos elegir por un CNE dependiente también de Miraflores. Proeza que repite con la escogencia de los candidatos a diputados para la Asamblea Nacional en la próximas elecciones del 6 de diciembre, cuando quedarán corroboradas todas la predicciones de las encuestas más importantes, serias e independientes del país e incluso del exterior, que registran un rechazo a la administración de Nicolás Maduro de más del 80%. Lo que demuestra a la vez que de nada le han valido las cadenas diarias de radio y televisión, ni la hegemonía comunicacional que ha logrado expropiando y comprando medios de comunicación social, y amenazando a los periodistas y propietarios de esos medios con la cárcel.

 

 

 

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LA ALTERNATIVA DE CAMBIO

Juan Páez Ávila

29-10-2015

Desde hace más de tres lustros el gobierno de Hugo Chávez, seguido y radicalizado por el heredero Nicolás Maduro, han  implementado diferentas políticas sociales, económicas y represivas con el objetivo de impedirle a la oposición   instrumentar una alternativa democrática que agrupe a todos los sectores de la población que han sido víctimas de esas políticas, y abrirle al país una posibilidad real de cambio, hasta que después de esa larga y negativa experiencia la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)  ha dado los  pasos necesarios  para enfrentar el cerco represivo oficialista y dirigir la sociedad venezolana hacia una factible victoria en las próximas elecciones. 

           
Las últimas resoluciones de la Mesa de la Unidad con la participación de los partidos políticos de la oposición y representantes de diferentes agrupaciones de la sociedad civil, relacionadas con la metodología para escoger los candidatos a la Asamblea Nacional y la garantía de que habrá una mayoría de candidatos unitarios, revelan que después de una prolongada discusión, en la que seguramente predominó la experiencia de diferentes elecciones  realizadas en nuestro país y en otros del continente americano e incluso de Europa, la dirección política, que busca un cambio de rumbo fundamental, puede convertirse en una verdadera alternativa democrática.

           
Esta primera decisión unánime, o mejor mayoritaria, de quienes tienen la máxima responsabilidad en la conducción de la sociedad democrática., comienza a despejar algunas dudas acerca de la capacidad de los venezolanos para comprender el momento difícil, por el cual atraviesa  el país después de más de 15 años de destrucción de las instituciones  de la democracia representativa, sin poder crear otras de carácter participativo y protagónico, como se le ofreció y estampó en la Constitución Nacional de 1999.

           
Las violaciones a la Constitución vigente, por parte del Presidente de la República con anuencia de otros Poderes Públicos que se le subordinan, demuestra la tendencia autoritaria del Jefe del Estado y los peligros que corremos los venezolanos de que se instaure un régimen militarista, que imponga verticalmente un pensamiento único, una voluntad única desde Miraflores, si la misma sociedad venezolana no es capaz de oponerle una alternativa democrática. Por eso la trascendencia de la resolución de la Mesa de Unidad de abrirle a Venezuela una real oportunidad de cambio, presentando candidatos unitarios en las próximas elecciones.

           
Y aunque el mandado no está hecho, no sólo porque se requiere ejecutar esa política en cada Estado del país, donde  algunas aspiraciones individuales, legítimas en muchos casos, no vean con claridad y madurez el problema nacional, que si bien más del 80% de los encuestados manifiesta inconformidad con las políticas del gobierno, Maduro y Cabello  son derrotables, todavía no están derrotados, hasta que se cuenten los votos. Los dirigentes regionales requieren visión de país, unidad y amplitud para el triunfo.

           
Afortunadamente las planchas y los candidatos a los circuitos electorales, además de ser plurales,  reflejan una imagen de unidad, de políticos, empresarios, estudiantes, sindicalistas y académicos, hombres y mujeres de prestigio y reconocida probidad y coraje para enfrentar las amenazas y la represión policial y judicial oficialista.

           
Y aunque las amenazas de Nicolás Maduro están respaldadas por los grupos dogmáticos del viejo estalinismo, armados para reprimir a la oposición e incluso a los disidentes del oficialismo;  los militares y asesores del comunismo cubano, que aunque su gobierno busca entenderse con los Estados Unidos, todavía representan la anacrónica política de pretender imponer por la fuerza sus ideas y mantener sus privilegios al margen del Estado de Derecho, el mundo les ha cambiado sorpresiva e inesperadamente. La Venezuela de hoy no sólo cuenta con un respaldo mayoritario de la población, que aspira a un cambio democrático, sino también con la solidaridad internacional que ha dado manifestaciones de no apoyar un posible fraude electoral, que sería un golpe de Estado, con consecuencias impredecibles. Todo esto –y por muchas otras razones- indica que el cambio democrático, sin retaliaciones políticas y orientado a la reconciliación y convivencia nacional en el que impere la justicia social, el progreso  y el bienestar, sin discriminación, de los venezolanos, se presenta como una real y  optimista posibilidad, en la conciencia del ciudadano que acuda a votar el 6 de diciembre.


 

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La Otra Banda

DEVALUACIÓN DEL SIGLO

Juan Páez Ávila

09-10-2015

           

Para tratar de engañar incautos el Presidente de la República utiliza las plantas oficiales y llama ajuste a lo que en la práctica es  la gran devaluación del siglo XX al estilo neoliberal, del bolívar, que  tendrá repercusiones negativas contra la capacidad de compra de los más pobres, de la clase media y de todas aquellas personas que tengan un ingreso fijo, porque el bolívar ha perdido su valor en más de  un 50% para comprar algunos alimentos.

           
Después de asegurarle a los venezolanos y al mundo que la economía nacional siempre ha estado blindada, gracias a las políticas económicas que el gobierno había implementado, sin que ninguno de los ministros del ramo le haya  explicado, con la excepción del Embajador en Cuba Alí Rodríguez, en varias intervenciones públicas de los últimos días,   la realidad al heredero de Hugo Chávez, porque los miles de millones de dólares que ingresarán al Fisco Nacional por las exportaciones petroleras no alcanzarán para que continúe la regaladora a otros gobiernos y para el gasto público necesario para mantener las misiones viejas y nuevas.

           
Un gobierno socialista o de cualquier otro signo ideológico que tenga como norte la defensa de los intereses de la población de menores ingresos económicos, para  aprobar una devaluación como la anunciada por el Presidente Maduro, tenía que tomar primero un serie de medidas, como aumento de sueldos y salarios, que compensaran en parte, si no en su totalidad, el impacto negativo en el bolsillo de esos sectores populares. Y aunque decretó a partir de enero un aumento del 10% del salario mínimo, ya el mal está hecho, y el nivel de consumo de alimentos y de algunos bienes necesarios como la  ropa de vestir hombres y mujeres, podrá provocar no sólo malestar en la población de menores recursos, sino también hambre y miseria entre los más pobres o marginales,

           
El alto costo de la vida no será evitado ni siquiera entre aquellas familias que hacen largas colas para comprar algunos bienes importados.

           
Y lo más grave del paquete económico aprobado por el Presidente en reunión de gabinete, es que los grandes beneficiarios serán en lo inmediato no sólo  los especuladores, sino también, y entre los fundamentales, los importadores de la boliburguesía, que esconderán mercancías importadas a 6,30 bolívares por dólar, para luego venderla al doble, como si la hubiesen  adquirido a 11 o más, tal como fue establecido por el gobierno.

           
De allí que el bienestar de la población seguirá siendo una esperanza, porque si a los apagones de luz eléctrica, al racionamiento de agua, a la inseguridad que viven pobres y ricos y al desempleo, se le agrega un más alto costo de la vida de los últimos tiempos, la mayoría de los venezolanos podrá constatar que el socialismo del siglo XXI, es el mismo del siglo XX aplicado en la Unión Soviética donde fracasó rotundamente, y en China donde ha sido desechado para buscar una economía productiva que le dé bienestar a sus mil y tantos millones de habitantes.

           
Finalmente, el principal beneficiario será el gobierno que obtendrá más bolívares por cada dólar que venda a los importadores, quienes trasladarán a los consumidores el aumento de sus importaciones, encareciendo el costo de la vida en más del doble del que existe  hoy en el país. Lanzará a la calle más bolívares devaluados para buscar algún respaldo para su estabilidad, pero ya parece demasiado tarde para mantener el engaño: el socialismo del siglo XXI de Chávez, heredado por Maduro  ha resultado un gran fraude, no sólo para quienes le han hecho oposición desde que asumió el poder, porque ya lo sabían y lo habían denunciado, sino para millones de hombres y mujeres humildes que creyeron en las palabras de un Teniente Coronel carismático, pero  incapacitado para gobernar y hasta para escoger a sus ayudantes, que han resultado los más corruptos e ineficientes de nuestra historia republicana. Y para culminar su política destructiva de nuestra economía y de la democracia en general, impuso como su heredero en la Presidencia de la República a Nicolás Maduro, formado en la escuela cubana del centralismo autoritario, del estatismo dogmático que ha conducido al fracaso de todos los gobiernos que lo establecieron en sus países.

 

 



 

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LA INSEG
URIDAD Y EL DERECHO A LA VIDA

Juan Páez Ávila

30-09-2015

 

La inseguridad de las personas y los bienes se ha convertido en los últimos años, según diversas encuestas realizadas por diferentes empresas especializadas, en el problema más grave que confronta el venezolano frente al hampa desbordada y la  incapacidad y, en algunos casos, descomposición de los cuerpos policiales, más los crímenes cometidos por mafias paramilitares, en que han devenido los grupos de defensa de la revolución, creados por el gobierno.           

Las medidas de alta policía anunciadas en varias oportunidades se han estrellado ante una realidad, que les resulta incontrolable, a tal extremo que el Presidente   ordenó la intervención del Ejército para intentar de frenar  los hechos delictivos que afectan a todos los venezolanos. Y aunque el Jefe del Estado ha debido proceder a destituir, y no lo hizo,  a los responsables por la incapacidad demostrada para combatir el delito, el hecho de apelar al Ejército revela que el país ha entrado en una espiral de violencia hamponil, relativamente incontrolable y caótica. Al hampa común se suma el hampa uniformada, verdaderas mafias que manejan armas de guerra, frente a las cuales la policía  se encuentra en situación de inferioridad, con pistolas 9 milímetros. 


En los países con gobiernos democráticos en los que la Fuerza Armada está subordinada al poder civil, el combate al hampa común es una misión de las policías, bien armadas y entrenadas, las que en caso de emergencia, por no poder controlar con sus armas a los grandes capos del crimen, solicitan la cooperación de las Fuerzas Armadas. En Venezuela el Presidente  ha colocado a la cabeza de la ofensiva contra la delincuencia a varios   Generales del Ejército,  Rodríguez Torres y  González López entre los últimos, Ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quienes comandan, según anuncios oficiales, a miles de  hombres de tropa y a todas las policías de la  nación.

                        
La política de seguridad ha venido siendo enfocada equivocadamente por los más altos funcionarios de ese ramo, al atacar las consecuencias y no corregir las verdaderas causas de la proliferación de los actos criminales. Mientras existan millones de desempleados y una burocracia que no oculta su rápido y repudiable enriqueciendo ilegal; mientras no se combinen planes a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pobreza, se eduque para el trabajo a  millones de marginales y se creen las fuentes de empleo respectivas, de nada ha  servido una nueva policía nacional ni la intervención de la Fuerza Armada. Por lo contrario, esa policía y algunos guardias nacionales se han convertido  una fuente más de corrupción, como ha quedado demostrado en la actuación de algunos  de los integrantes de esos cuerpos policiales y militares en el contrabando, la extorsión y la represión a ciudadanos inocentes.           

La utilización de la FANB ha dado lugar a por lo menos dos lecturas. Una que aparentemente esa puede ser una solución, si su actuación se combina con el CICPC y las policías regionales, municipales y con las comunidades. Y otra que los oficiales y soldados del Ejército no han sido preparados para cumplir funciones policiales y se teme el aumento de la violación de los Derechos Humanos de los venezolanos que por una u otra razón sean detenidos, como ha sucedido con muchos jóvenes apresados por la Guardia Nacional Bolivariana.           

Y si a esta descomposición policial y social agregamos la proliferación de armas en manos de delincuentes comunes y políticos, el problema se puede tornar insoluble a corto plazo, si no se procede al desarme de la población civil, que según informaciones oficiales manejan varios millones de armas, incluyendo granadas militares, sin control efectivo de quienes por ley son los únicos que las pueden portar.           

Y como  todos los  ciudadanos se sienten  amenazados por el hampa, no hay dudas de que muchas personas  apuestan por el éxito del último plan de seguridad nacional, denominado Operación por  la Liberación del Pueblo (OLP) después que fracasaron los 20 anteriores, concebidos y dirigidos por 15 Ministros de Interior y Justicia. Todos los ciudadanos de formación democrática esperan que no sea utilizado por reprimir manifestaciones por las reivindicaciones sociales, en momentos en que la inflación ha convertido en sal y agua los precarios sueldos y salarios que vienen devengando los empleados públicos desde hace 3, 4 y hasta más años, durante los cuales no se han firmado contratos colectivos con la Administración Pública. También esperan todos los ciudadanos que este plan no sea utilizados para perseguir la disidencia política, ni para reprimir sus manifestaciones pacíficas, garantizadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.           

De lo contrario estaríamos entrando en un proceso de radicalización de la represión y la violencia políticas, con consecuencias impredecibles, no deseadas para ninguna nación en la tierra, y en particular  para un país democrático y civilizado, como aspiramos a consolidar el nuestro.

 


 

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EL PAPA EN CUBA Y EEUU
Juan Páez Ávila


26-09-2015

El viaje del Papa Francisco a Cuba y a los Estados Unidos de Norteamérica después de visitar a Brasil,  el país con el mayor número de católicos, apostólicos y romanos, ha tenido un impacto trascendental no sólo en el mundo religioso, sino también político, porque su Santidad se ha referido a los problemas espirituales que confronta la Iglesia católica en el mundo de hoy,  a los problemas socio económicos que enfrentan millones de pobres en América Latina y en el universo, y en particular a la reconciliación entre los dos países que durante 50 aproximadamente mantuvieron rotas las relaciones diplomáticas.

           
La palabra del Papa Francisco ratifica, como lo hizo en Brasil, la necesidad de acabar con una iglesia burocratizada que  circunscribe o limita a muchos de sus sacerdotes   a decir o cantar una misa, sin vincularse con los más humildes hombres y mujeres que padecen una inhumana y anticristiana miseria que los induce a toda clase de delitos para sobrevivir. Como en Brasil y otros países como Bolivia, Ecuador y Paraguay reiteró el llamado a sus pastores para que bajen del mundo celestial a que los induce un evangelio divorciado de las nuevas realidades que fenómenos como la globalización y las nuevas tecnologías de la comunicación social crean en la sociedad contemporánea.  Con el rescate  de la Doctrina Social de la Iglesia su Santidad Francisco ha iniciado un profundo cambio en el seno del catolicismo. Quiere que vuelva a sus orígenes de humildad y de práctica de un verdadero apostolado, como la planteó el Papa Juan XXIII en el Concilio Vaticano II.

           
Pero si bien la prédica del Papa Francisco ha estado dirigida en lo fundamental a los sacerdotes que forman parte de la estructura eclesial, como corresponde a su rol de Santo Padre de la Iglesia, la repercusión de sus palabras ha tocado también a los políticos, que aplicando ideologías fracasadas, han engañado, explotado y mantenido en la miseria  humana a millones de seres que no han vivido ni encontrado las condiciones necesarias y favorables  para  superarse.   

           
Para un cristiano con sensibilidad social, cualquiera sea la posición que ocupe en los rangos creados en la sociedad moderna, la presencia y la palabra del Papa francisco en América Latina, debería resultarle una guía para orientar y conducir  sus actividades religiosas, de acuerdo a una nueva prédica que rescata la Doctrina Social de la Iglesia, abandonada por muchos pastores,  más influenciados por la tradición de la inercia y las invocaciones a una fe, sin contenido social. El Papa Francisco exige el riesgo de vivir al lado de los más necesitados, aunque sea en el interior de una favela brasileña o en un barrio pobre de Venezuela.

           
Del contenido de los discursos del Papa Francisco se deduce que estamos en presencia de un gran líder mundial y de la Iglesia Católica, que marca una pauta no sólo para los sacerdotes, sino también para los laicos. El llamado a la paz en Colombia, a la juventud para que  defienda su futuro, para que no se lo deje quitar por parte de políticos inescrupulosos, que buscan el poder para beneficio personal, constituye una nueva doctrina o la reafirmación del pensamiento del autor de la Encíclica Rerun Novarum, León XII, o del más moderno expresado en el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII.

           
Todo indica que el nuevo liderazgo de su Santidad Francisco no sólo va dirigido al rescate de una Iglesia penetrada por la indiferencia ante graves faltas de algunos de sus pastores, sino también a contribuir a un  mundo más humano, al servicio del hombre y no de las ideologías.

           
Los jóvenes cubanos  que  recibieron la bendición y la solidaridad del Papa Francisco, también deben tomar en cuenta las palabras del Papa Benedicto XVI cuando visitó  la Isla, y afirmó: ¨Cuba mira al futuro¨, para participar en los cambios sociales, económicos y políticos, que contribuyan a la creación de una sociedad más justa y libre.

           
El Papa Francisco pretende una mejor Iglesia en una mejor sociedad, en un mundo de paz. De allí su participación en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Su Santidad mira el futuro de la humanidad, la quiere sin guerras, sin odios, reconciliada en el respeto a la pluralidad de pensamiento. Lo veremos actuar con sus bondades y sabiduría, hoy y mañana.



 

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CAMINO A LA BARBARIE

Juan Páez Ávila

13-09-2015

 

El control de los Poderes Públicos por parte del Ejecutivo, y en algunos casos la liquidación, de las instituciones fundamentales de la democracia, la violación frecuente de las leyes, es decir, la inobservancia de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales firmados por la mayoría de los países del universo, colocan a varias naciones, y en particular a nuestro país, en la vía hacia el totalitarismo.


Existen diversas  variantes y modalidades políticas que los partidarios de las dictaduras del caudillismo decimonónico y del capitalismo de Estado del siglo XX, utilizan para intentar liquidar la democracia e imponer la barbarie personalista, militarista y dictatorial. 

           
Sin que sea algo nuevo, porque durante la primera mitad del siglo XX, el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania, emergieron a través de una fachada electoral y un lenguaje democrático, para establecer feroces dictaduras, derrotadas sólo por los Aliados al final de la Guerra Mundial, en América Latina y en el llamado Tercer Mundo se corre el riesgo de una regresión a la barbarie, si las fuerzas democráticas no son capaces de unirse en la defensa del imperio de la Ley nacional y de todos lo convenios internacionales que tienen como mandato el respeto a los Derechos Humanos y en general a la preservación de la democracia.

           
Y aunque  la derrota del fascismo,  del nazismo y del comunismo y su difícil retorno con crímenes masivos y campos de concentración, parecen tragedias lejanas, el gobierno del madurocabellismo ha realizado y realiza diversos intentos de destrucción de las libertades públicas y de la propiedad privada para dar paso a un capitalismo de Estado que no sólo fracasó en la Europa comunista, sino que también llenó de pobreza y miseria a millones de personas, que si no quedaron desempleados, ganaban salarios de hambre.

           
En este aspecto no hay dudas que nuestro país es un claro reflejo. El extinto Presidente de la República, Hugo Chávez, y sus herederos creen que sus políticas económicas y sociales pueden resucitar el socialismo soviético del siglo XX, por lo que han anulado la independencia de los poderes públicos, concentrándolos  todos sus manos, y conformado on capitalismo de Estado, a la cubana, con su secuela de improductividad y pobreza, bajo la égida de una dictadura con más de cincuenta años de persecución, cárcel y exilio.

           
La judicialización de la política, con el enjuiciamiento, persecución, exilio forzoso o la inhabilitación para postularse a algún cargo de elección popular, de los adversarios políticos del  régimen, sobre todo cuando tienen posibilidades de derrotar a los candidatos del oficialismo, son indicadores muy evidentes de la tendencia totalitaria del gobierno de Nicolás Maduro, que además de ser denunciados, deben enfrentarse con coraje y firme decisión democrática.

           
El mundo democrático llama a los venezolanos a actuar unidos alrededor  de una Alternativa Democrática en las elecciones para la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre, especialmente a quienes tienen la responsabilidad de la conducción de la política nacional, regional y local, en estos tiempos turbulentos y decisivos para el futuro de la democracia venezolana, e incluso Latinoamericana.

 El rechazo a las políticas del gobierno, por más del 80% de los venezolanos, son un claro indicador de que existe la posibilidad de derrotar a los candidatos oficialistas, y elegir una Asamblea Nacional que controle a los administradores de los dineros de la nación, legisle para restaurar el Estado de Derecho y crear un clima de reconciliación de los venezolanos, que le abra el camino a la prosperidad, el bienestar y la liberad de todos los venezolanos, y que cancele definitivamente la ruta hacia la barbarie.

 

 

 

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DELITOS EN LA FRONTERA

Juan Páez Ávila

02-09-2015

 

En la frontera colombo-venezolana, desde hace muchos años, se han venido cometiendo todo tipo de delitos, algunos como el contrabando y el narcotráfico con participación de influyentes personeros gubernamentales civiles y militares, que se han enriquecido en tiempo record,  según múltiples denuncias formuladas por periodistas que realizan investigaciones para los medios nacionales y extranjeros en los cuales trabajan, y sobre todo por grupos de inteligencia policiales también nacionales e  internacionales. Al parecer todo conocido por tirios y troyanos.


Pero la emboscada de que fueron víctimas 2 tenientes, un sargento y un civil pertenecientes al Ejército, de la que salieron gravemente heridos, cuando realizaban labores de inteligencia en un sector de la zona,  provocó la movilización de unos 3.000 hombres de tropa, para tratar dar con los criminales: paramilitares o contrabandistas que se disputan el control del comercio ilícito.  Y aunque es casi seguro que los paramilitares son contrabandistas y éstos están armados como los paramilitares, las sospechas y las acusaciones se han hecho, antes de los resultados de la investigación, según intereses políticos.


Y aunque el delito contra los jóvenes oficiales, el sargento del Ejército y el civil que les acompañaba, es absolutamente condenable, para los expertos criminólogos debió actuar primero una comisión de inteligencia militar y civil en la investigación. La movilización de 3.000 hombres de tropa, fundamentalmente del Ejército, revela que sus altos mandos no confían en la labor de la Guardia Nacional, cuerpo que ha estado a cargo de la custodia de la frontera.

           
Es lógico suponer que si se actúa tal como lo sugieren los criminalistas, no hubiera llegado al atropello, a la deportación de familias colombianas humildes y por lo tanto a la violación de los Derechos Humanos, según lo evidencian imágenes de hombres y mujeres del pueblo cruzando a pie el río Táchira con sus pocos enseres en sus espaldas, y a niños abandonados al otro lado de la frontera, separados de sus padres.


Las grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchas, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes  que para perpetuarse en el poder, han violado y violan lo que antes, ejerciendo la oposición, defendían.


La salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, queda en evidencia que tuvo y tiene como objetivo dejar sin protección a los ciudadanos  venezolanos o extranjeros, víctimas de la recurrente violación de sus derechos constitucionales por parte de cuerpos represivos del gobierno, sin percibir que se les pueden convertir en un boomerang, debido a los compromisos que ha adquirido   nuestro país en diferentes tratados  internacionales que ha firmado y ratificado, como miembro la ONU y de la OEA, de MERCOSUR  y UNASUR que exigen su cumplimiento insoslayable.


El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Por diferentes aberraciones humanas,  no lo han podido disfrutar los pueblos donde  la cultura de la violencia  ha  predominado en la conciencia no sólo  de los gobernantes, llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población, o mediante el fraude electoral.


La reacción del  Jefe del Estado y en particular de los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo  a las evidentes denuncias de violación de los Derechos Humanos de humildes colombianos que habitaban en la frontera , y la descalificación a quienes las presentan a partir de informaciones de familiares  o de las propias víctimas, revela la gravedad de lo que está pasando en el país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir sus contenidos para garantizarles la impunidad a los delincuentes.


Existen Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que quedarán en la OEA como testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos,  delitos condenados por El Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela.  Si por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben,  osu impunidad será transitoria y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.

En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que   algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia nacional e  internacional.

 

 

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LA IGLESIA Y LA LIBERTAD
Juan Páez Ávila

31-08-2015

El reciente llamado de los Arzobispos y Obispos de Venezuela a todos los venezolanos y en particular a los católicos, a defender una Constitución Nacional que sea patrimonio de los ciudadanos, sin exclusión alguna, se suma a la decisión de la mayoría de los encuestados que expresan en más del 80%  su rechazo a la tendencia autoritaria y a la ineficiencia de un gobierno que ha dilapidado miles de millones de dólares en la corrupción administrativa, en el reparto de nuestra de nuestra riqueza petrolera a gobiernos complacientes con sus políticas repetitivas del fracasado comunismo soviético, disfrazado de socialismo del siglo XXI, y sobre todo tratando de imponer un capitalismo de Estado, que ha provocado la ruina de la economía nacional.

           
La exhortación de los Arzobispos y Obispos del país a defender la libertad como un derecho fundamental innato en cada ser humano, lleva implícito no sólo la oración cristiana por el favor de Dios, sino también la participación en la lectura y discusión de las políticas propuestas y ejecutadas  por el oficialismo, desde un punto de vista ético y social  para concientizar a los ciudadanos acerca de los peligros de que desaparezca todo vestigio de democracia, si no se produce un cambio fundamental en la conducción del Estado en los próximos meses. Por eso el debate sobre las elecciones parlamentarias  no es de exclusivo interés de los partidos políticos, ni un simple enfrentamiento entre oficialismo y oposición, sino algo de interés nacional, que afecta a todos los venezolanos.

           
La elección de una Asamblea Nacional es un hecho político que concierne a todos los ciudadanos de un país democrático, expresión de un pacto social que garantice la convivencia, la pluralidad de pensamiento y de participación  en el marco de un Estado de Derecho. De allí el  rechazo a las políticas del Presidente de la República de arrogarse  poderes ilimitados, sin contrapeso de otros Poderes Públicos, que dejen abierto el camino hacia el abuso autoritario del Jefe del Estado contra adversarios políticos e incluso contra partidarios suyos que puedan  pensar y expresar alguna disidencia o idea contraria a sus decisiones unipersonales.

               
La conclusión de Arzobispos y Obispos de Venezuela de que el régimen comunista que trata de imponer el gobierno, es moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. La intervención del Presidente de la República descalificándolos y no rebatiendo sus planteamientos, revela que estamos en uno de los momentos políticos trascendentales de nuestro tiempo. La Iglesia Católica por una Constitución para todos los venezolanos, y el gobierno por una política violatoria de la Carta Magna que no le otorga poderes dictatoriales al Comandante en Jefe.

Y aunque los ciudadanos tendrán la última palabra, expresada por cada uno en el ámbito de su circuito electoral, en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, con el respaldo de miles estudiantes y las ONG que vigilarán dicho proceso electoral, para mayor abundamiento y satisfacción del pueblo venezolano católico, el Vaticano acaba de respaldar irrestrictamente la posición de la alta jerarquía eclesiástica de nuestro país, en su llamado a luchar para Vivir en Libertad.

 

 

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¡POR QUÉ VOTAR!

Juan Páez Ávila

14-08-2015

La sociedad democrática venezolana tiene el 6 de diciembre del presente año la extraordinaria oportunidad de propinarle una derrota a un buen número de candidatos oficialistas a la Asamblea Nacional, la mayoría  ineptos y corruptos que han actuado con  servil incondicionalismo a las políticas centralistas y militaristas del fracasado socialismo del siglo XXI, que ha continuado y trata de profundizar Nicolás Maduro.

        
El triunfo de la oposición en los estados  más populosos y de mayor peso político en el país, tal como sucedió en las pasadas elecciones para la Asamblea Nacional se extiende hoy a la mayoría del Estados en los que ganó el chavomadurismo, lo que la convierte en una fuerza  capaz de contener los desmanes políticos y económicos que viene cometiendo el cuestionado  Comandante en Jefe con la anuencia de unos Poderes Públicos controlados desde Miraflores. Si en la mayoría de las principales ciudades del país el pueblo elige diputados  autónomos, que apoyen y contribuyan a cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, el país puede avanzar hacia un cambio importante en lo político, lo económico, social y ético.

        
Las disidencias en importantes sectores. Humillados por las colas para comprar alimentos y medicinas, por la escasez y el alto costo de la vida, sobreviviendo con al desempleo y amenazados por el hampa común y política,  que apoyaron al difunto Comandante, no sólo son evidentes, sino que pueden adquirir una dinámica que los impulse  hasta el rompimiento, si tomamos en cuenta la prepotencia, la soberbia, con que actúan los incondicionales y oportunistas que rodean transitoria y circunstancialmente al  Jefe del Estado. Si la oposición y la disidencia obtuvieron el 50% o más en las últimas elecciones, hoy con una oposición unida, con más experiencia política y una nueva disidencia, hay que votar, para crear un contrapeso político en la Asamblea Nacional,  que fortalezca la democracia social y enfrente el totalitarismo, defienda la propiedad privada al lado de la plural;  la seguridad jurídica de bienes y  personas.

        
En síntesis, votar es un ejercicio democrático que ha servido en el mundo civilizado para consolidar sociedades plurales, respetuosas de los derechos  humanos y ciudadanos en general, y en algunos casos, como el nuestro, evitar la prolongación del autoritarismo por las décadas que  llevan los hermanos Castro en Cuba, y que ya  constataron lo inservible del comunismo, según palabras de Fidel el máximo jefe de esa revolución.

        
Los demócratas no tenemos otra alternativa, debemos acumular mayor respaldo de los venezolanos oprimidos y convencer al sector abstencionista de la clase a que se incorpore a la única actividad civilizada, que es el voto,  para decidir el futuro del país. La experiencia nacional e internacional indica que los autoritarismos son derrotables, aunque transitoriamente se mantengan en el poder mediante la utilización de la fuerza. Su perdurabilidad depende del espíritu y voluntad de resistencia de los hombres y mujeres que creen en las virtudes  del imperio de la ley,  del Estado de Derecho. Cada demócrata en su área de influencia, con su palabra sincera y convincente puede y debe tratar de  persuadir a sus amigos y a familiares acerca de que es posible derrotar el autoritarismo y encontrar medios legítimos y dignos de vivir en libertad y de mejorar su calidad de vida.

        
El balance  realizado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cuyos integrantes, por razones obvias, son los más interesados en ganar y preparar las condiciones para continuar la lucha para derrotar a Maduro y a sus acólitos, debemos reconocerlo como producto de una investigación técnica y sincera, tanto por la confianza que hemos depositado en ellos, como por la experiencia y capacidad de la mayoría de los candidatos a diputados escogidos en elecciones primarias y por consenso. Si no colaboramos ni votamos le estamos entregando el país a los llamados socialistas del siglo XXI, combinación del estalinismo y el fascismo.

           
La victoria debe ser enfrentada con humidad y espíritu de reconciliación de todos los venezolanos, no más discriminaciones, no más odios, no más persecuciones por diferencias políticas,  con la gallardía de Henrique Capriles, que perdió y luego ganó una nueva elección, con el coraje de Antonio Ledezma, quien a pesar de que los despojaron del Presupuesto de la Alcaldía Metropolitana, preservó su legitimidad y se erigió en uno de los principales líderes del país, con la perseverancia de Leopoldo López. María Corina Machado, todos los presos políticos e exilaidos y  los miembros de la MUD, para continuar la lucha por la derrota,  del cuestionado Nicolás  Maduro y sus candidatos incapaces y oportunistas que intentan preservar o ganar algunas curules para aumentar sus privilegios y en algunos casos sus riquezas mal habidas.



 

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LÍMITES DEL TOTALITARISMO

Juan Páez Ávila

08-08-2015

 

Las inhabilitaciones ilegales por parte de los instrumentos represivos del gobierno, de luchadores sociales y politicos de gran prestigio entre miles de electores, como María Corina Machado, los ex alcaldes Ceballos y Sacarano, los jóvenes Baduel y Tirado, más los que pueda sumar la arbitrariedad y el miedo a perder el poder, de los herederos de Hugo Chávez, reflejan sin duda, un avance del totalitarismo que encontrará sus límites en la derrota que les espera en las próximas elecciones parlamentarias.

           
La tendencia totalitaria de un sector del gobierno tendrá que enfrentar a más del 80% de los venezolanos que han manifestado en diferentes encuestas, que prefiere el sistema democrático, lo cual no les hará fácil, a los que aspiran perpetuarse en el poder, la tarea de imponer   una dictadura aún con fachada legal.

           
Ese 80%  de venezolanos se formó en el período democrático mal denominado la IV República, después de derrotar la dictadura del General Pérez Jiménez, quien gobernaba a nombre de las Fuerzas Armadas. Ese mismo 80% también incluye un buen porcentaje de chavistas que votaron por el extinto Presidente, en la  creencia de que la situación personal de  ellos mejoraría en cuanto a bienestar social y económico, preservando las libertades públicas. De allí su respuesta a los encuestadores cada vez que los interrogan en los sondeos de opinión que hacen especialistas en la materia.

           
La tendencia totalitaria es un peligro real porque el Presidente ha concentrado en sus manos y en su voluntad todos los poderes públicos, que en una democracia funcionan con independencia sin dejar de cooperar en la realización o materialización de cada uno. Los pasos que han dado algunos ministerios orientados a la imposición de un pensamiento único, han puesto sobre aviso a importantes sectores de la sociedad. Varios analistas y actores políticos partidarios del sistema democrático- ha denunciado la intervención directa del Estado en el control de actividades como el deporte, la cultura, la educación con especial referencia a la disposición  a liquidar la autonomía universitaria, y la función institucional de la Fuerza Armada, cuyo Alto Mando ha sido convertido en el aparato militar del Partido del Presidente de la República. 

           
Y aunque lo más evidente es el militarismo, contrariando incluso el pensamiento de Bolívar a cuyo nombre dice actuar el Jefe del Estado, porque el Bolívar  civilista creador de constituciones republicanas ha sido anulado, la marcha hacia el control total de la sociedad  comienza a unir a la izquierda y a la derecha democrática, para ponerle un valladar cívico a la hegemonía personalista y a la llamada dictadura perfecta, por su apariencia legal.

           
Después de 16 años de gobierno, las políticas  sociales, económicas y las propiamente  políticas puestas en práctica por orden del Jefe del Estado, han generado mayor pobreza e inseguridad de las personas; escasez y desabastecimiento como nunca se había conocido en el país, con sus secuelas de grandes colas para comprar comida y medicinas, e incluso algunos saqueos e intentos de saqueos en varios establecimientos comerciales, tanto públicos como privados. Para algunos expertos y sobre todo para el pueblo pobre que sufre la desesperación que le provocan tantas desgracias y el alto costo de la vida, la victoria de la Alternativa Democrática le puede poner límites al totalitarismo, ganando una amplia mayoría en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

 

 

 

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LA PROTESTA EN ASCENSO

Juan Páez Ávila

02-08-2015

 

Las protestas que casi todos los días se producen en el país, expresadas por diferentes sectores populares acosados por el desabastecimiento, el desempleo, la inseguridad, la falta de vivienda y de pago de sus prestaciones, algunas acumuladas por varios años, y los bajos sueldos y salarios que devenga la mayoría de los venezolanos pobres, que ya alcanzan a niveles propios de la otrora clase media como médicos, maestros y profesores, enfermeras y  empleados públicos, demuestran el fracaso de una política de dádivas y decretos presidenciales de sueldos, que se los come la inflación en poco tiempo, por lo que cada mes, cada semana e incluso diariamente dichas protestas  ascienden peligrosamente y se pueden convertir  en indetenibles.

 

La sociedad venezolana ha entrado en una etapa conflictiva, que cada día se agrava como consecuencia de unas políticas económicas y sociales que ejecuta el gobierno de Maduro y Cabello, cuyos resultados conforman, para especialistas y simples observadores, una crisis económica que provoca un profundo malestar e indignación en amplios sectores de la población.

           
Pero además, también revela la incapacidad del los gobernantes, en particular del Presidente de la República, para comprender lo errático de algunas políticas económicas y sociales que repite, apegado a viejos esquemas del socialismo autoritario, personalista y militarista, que tirios y troyanos conocen y expresan por distintos vías y medios de comunicación, como fórmulas fracasadas en todos aquellos países, cuyos gobernantes  los pusieron en práctica, y se derrumbaron en años o décadas de obstinación  dogmática, acompañada de duras y feroces represiones policiales. Y lo que queda en pie también lo han señalado como despojos de un régimen que sembró la miseria en países como Cuba y Corea del Norte, sostenidos a base ayudas extranjeras y brutales tiranías.

           
El intento del heredero del Comandante Chávez de insistir en restaurar el régimen soviético, que cobró millones de muertos y exiliados en un país que  no conoció la democracia por siglos, sino el autoritarismo de los Zares, al tratar de imponerlo en nuestro país, después de más de 40 años de gobiernos democráticos y alternativos, si incluimos la forma de llegar al poder de Hugo Chávez con una prédica democrática, ha encontrado una tenaz resistencia, que aumenta cada día en nuestra sociedad. Y si el empleo de su carisma personal y una política demagógica de reparto de los dineros públicos entre los más pobres, le permitió al Comandante eterno ganar varias elecciones, los resultados desastrosos de su administración y lo repetitivo del discurso de Nicolás Maduro, ya toca el agotamiento de su empeño en gobernarnos como a borregos.

           
De allí algunas razones del ascenso de la protesta social encabezada por los que más sufren los efectos de unas políticas inviables, para avanzar hacia el progreso y bienestar, sembrando cada día más miseria, entre quienes seguramente, según todas las encuestas conocidas, pueden y deben cobrar tamaño disparate del gobierno, en las próximas elecciones.    Y si estas protestas se llegasen a encontrar unas con las otras, se pueden hacer incontenibles y el país podría entrar en una etapa de ingobernabilidad, difícil de superar aún cuando el gobierno extreme la represión. De llegar producirse una coordinación de las protestas sociales, daría  paso a una crisis política, que podría cambiar el panorama nacional, con consecuencias impredecibles. Lo único que puede evitar una profunda crisis política es la confianza en las elecciones parlamentarias pautadas por el 6 de diciembre, en las que los electores den una demostración de voluntad, de firme decisión de rescatar la democracia en el marco establecido por la Constitución Nacional de 1999.


 

 

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LA INSEGURIDAD Y LA FANB
Juan Páez Ávila


27-07-2015


La inseguridad de las personas y de los bienes se ha convertido en los últimos años, según diversas encuestas realizadas por diferentes empresas especializadas, en uno de los problemas más graves que confronta el venezolano frente al hampa desbordada, la incapacidad y, en algunos casos, la descomposición de los cuerpos policiales.


En los países con gobiernos democráticos en los que la Fuerza Armada está subordinada al poder civil, el combate al hampa común es una misión de las policías, las que en caso de emergencia, por no poder controlar con sus armas a los grandes capos del crimen, solicitan la cooperación de las Fuerzas Armadas. El Venezuela el Presidente Maduro ha colocado a la cabeza de la ofensiva contra la delincuencia a un General del Ejército, Gustavo González López, Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien comanda, según anuncios oficiales, a miles de hombres de tropa y a todas las policías de la nación.


Las medidas de alta policía anunciadas en varias oportunidades, como planes de Seguridad de la nación, se han estrellado ante una realidad, que les resulta incontrolable, a tal extremo que el Presidente de la República decidió la intervención de la FANB para intentar de frenar los hechos delictivos que afectan a todos los venezolanos. Y aunque el Jefe del Estado ha debido proceder a destituir, y no lo hizo, a los responsables por la incapacidad demostrada para combatir el delito, el hecho de apelar al FANB revela que el país ha entrado en una espiral de violencia hamponil, relativamente incontrolable y caótica.


La política de seguridad ha venido siendo enfocada equivocadamente por los más altos funcionarios de ese ramo, al aprobar la creación de una policía nacional, sin antes establecer y tratar de corregir las verdaderas causas de la proliferación de los actos criminales. Mientras existan millones de desempleados y una burocracia que no oculta su rápido y repudiable enriqueciendo ilegal; mientras no se combinen planes a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la pobreza, se eduque para el trabajo a millones de marginales y creen las fuentes de empleo respectivas, de nada ha servido una nueva policía nacional. Por lo contrario, importantes miembros de esa policía han sido una fuente más de corrupción, como ha quedado demostrado en la actuación de algunos de los cuerpos policiales.


La utilización de la FANB ha dado lugar a por lo menos dos lecturas. Una que aparentemente esa puede ser una solución, si su actuación se combina con el CICPC y las policías regionales, municipales y con las comunidades. Y otra que los oficiales y soldados de la Fuerza Armada no han sido preparados para cumplir funciones policiales y se teme el aumento de la violación de los Derechos Humanos de los venezolanos que por una u otra razón sean detenidos, como sucedió con varios de los jóvenes apresados por la Guardia Nacional Bolivariana en la Cota 905.

Y si a esta descomposición policial y social agregamos la proliferación de armas en manos de delincuentes comunes y políticos, el problema se puede tornar insoluble a corto plazo, si no se aprueba una política de desarme de la población civil, que según informaciones oficiales manejan varios millones de armas, sin control efectivo de quienes por ley son los únicos que las pueden portar.


Y como todos los ciudadanos se sienten amenazados por el hampa, no hay dudas de que hay que apostar por el éxito de este último plan de seguridad nacional, denominado Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), después que fracasaron los 20 anteriores, concebidos y dirigidos por 15 Ministros de Interior y Justicia. Todos los ciudadanos de formación democrática esperan que no sea utilizado para reprimir manifestaciones por las reivindicaciones sociales, en momentos en que la inflación ha convertido en sal y agua los precarios sueldos y salarios que vienen devengando los empleados públicos desde hace 3, 4 y hasta más años, durante los cuales no se han firmado contratos colectivos con la Administración Pública. También esperan todos los ciudadanos que este plan no sea utilizados para perseguir a la disidencia política, ni para reprimir sus manifestaciones pacíficas, garantizadas por la Constitución Bolivariana de Venezuela.


De lo contrario estaríamos entrando en un proceso de radicalización de la represión y la violencia políticas, con consecuencias impredecibles, no deseadas para ninguna nación en la tierra, y en particular para un país democrático y civilizado, como aspiramos a consolidar el nuestro.

 

 

 

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DESCONTENTO INFLACIONARIO

Juan Páez Ávila

18-07-2015

El grave problema que afronta el gobierno es que las medidas económicas que por una u otra razón decide tomar a corto plazo, inevitablemente conducen a mayor inflación y por lo tanto a mayor descontento, de lo que ya no se exceptúan ni las importaciones subsidiadas por los mercales, que no han podido contener el alto costo de la vida, porque el mayor aumento en los precios lo han experimentado los alimentos, que anualizados superan el 100%. Y lo más grave aún es que esas importaciones subsidiadas con dólares petroleros tienen como consecuencia una mayor ruina del aparato productivo del país, seriamente afectado por las ocupaciones de fincas en producción, por campesinos, y sobre todo por desempleados llevados de las ciudades, sin preparación técnica ni administrativa, y que hoy son testimonio de abandono e improductividad.


Nunca la sociedad venezolana, en los últimos 15 años de gobierno "revolucionario" había vivido, con la gravedad que expresan amas de casa y padres sostenes de familia, la espiral de la inflación, que algunos economistas calculan que superará el 100 % en 2015, y la destrucción del aparato productivo privado por autoridades gubernamentales, en un intento de sustituirlo por un capitalismo de Estado que no sólo fracasó en todos aquellos países que trataron de imponerlo o lo impusieron por varios años, sino que también en nuestro país ha convertido en un cementerio de chatarras a las fincas y empresas estatizadas.

Y como la única alternativa frente a la inflación es una mayor inversión de capitales en todos los rubros de la economía, una política justa de precios y una mayor seguridad jurídica y personal para los productores industriales y agropecuarios, el gobierno no garantiza dichas inversiones, por lo que las políticas económicas decididas por Nicolás Maduro, continúan generando menos producción y mayor inflación.


De allí que el más alto costo de la vida lo ha generado el gobierno con unas políticas económicas y sociales contrarias al estímulo al trabajo y a la producción en el campo, para sólo referirnos a la escasez de alimentos y su incontenible subida de precios en los mercados, incluso populares. El elevado gasto público se ha encargado de crear una mayor demanda de bienes y servicios, sin que haya una mayor producción de los mismos, porque el gobierno ha preferido atenderla aumentando la importación, con lo cual beneficia a las economías de otros países en detrimento de la nuestra.


El régimen cabellomadurista se encuentra entrampado, porque si disminuye el gasto público que se expresa en ayudas transitorias a millones de desempleados, aumenta el descontento y la protesta con consecuencias negativas en las próximas elecciones; y si mantiene dicho gasto, sigue subiendo la inflación y los pobres tendrán que comer menos, acrecentándose la crítica y la indignación contra el gobierno. Con la quiebra de la industria y la agricultura privadas, para sustituirlas por empresas colectivas no sólo ha llevado al país a la ruina, sino que ha provocado también una reacción importante y cada día más consciente de la mayoría de la población, que se apresta a cobrar, por la vía democrática, como lo hicieron los rusos y europeos del Este contra sus respectivos gobiernos, después de varias décadas de desaciertos económicos y políticos, tratando de imponerles por la fuerza una economía controlada absolutamente por el Estado. Por los cambios operados en el siglo XXI en la conciencia democrática de los venezolanos, es posible que en más de una década de imitación, del desastre de la política económica de la Unión Soviética, mediante el voto se evite la prolongación de esta increíble reproducción de algo tan conocido, y descalificado por el fracaso, ocurrido en otras naciones durante el siglo XX.


En América Latina son muchos los gobiernos electos que han sido derrocados por la inflación, al convertirse éste en el impuesto más perverso y ruinoso que afecta fundamentalmente a los sectores populares, generalmente los que eligen a los gobiernos creyendo en las promesas en época de elecciones, pero que al no poder ponerle fin al alto costo de la vida, se sienten ahogados y desesperados, como sucede en las colas para comprar alimentos o medicinas, se han lanzado a las calles a protestar por tan inicua situación. Sobran los ejemplos de gobernantes que iniciaron sus administraciones con altos índices de aceptación y apoyo, y que al no poder contener la inflación, también se infló el descontento que los llevó a la pérdida del poder bien por elecciones o por derrocamiento.

 

 

 

 

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CRISIS DEL CABELLO-MADURISMO

Juan Páez Ávila

08-07-2015

La crisis política del cabellomadurismo la generan las políticas equivocadas y las contradicciones de los herederos del Comandante extinto, que han provocado las protestas de amplios sectores  de sociedad civil y de la oposición en general, que sumadas hoy a la crítica de centenares o miles de militantes  que ya no los pueden oír con la fe de los incondicionales de otros tiempos, cuando los arengaba Hugo Chávez y creían en la infalibilidad de su palabra y en el cumplimiento de sus promesas, empujan el país  hacia un abismo.

           
Un porcentaje importante de candidatos a la Asamblea Nacional de los llamados jefes de brigadas chavistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha sido señalado como seleccionados previamente por Diosdado Cabello y el Presidente de la República, para conocimiento de los militantes de esa organización política al momento de depositar su voto en las urnas correspondientes. Esa denuncia  ha provocado la rebelión de algunos que se habían ganado el respaldo de sus compañeros de la base y fueron derrotados por los favoritos de la dupla Cabello-Maduro.

 
Y esa insubordinación podrá tener consecuencias  negativas muy graves para los candidatos impuestos por el dedo de la cúpula Cabello-Maduro, si a ello se agrega la organización y cuestionamiento de dirigentes agrupados en la Marea Socialista y de varios ex–ministros, quienes también, hasta ahora, han sido subestimados y agredidos por los herederos del difunto  Comandante en Jefe.   

           
Y aunque es posible que las intimidaciones o enjuiciamientos de algunos funcionarios públicos que no se sometan a los dictados de los nuevos gobernantes, contribuya a callar algunas voces, pero los sin tierras, sin viviendas, sin empleo, acostumbrados a las amenazas del hampa todos los días, a quienes se les ha dicho que el socialismo es para todos, que tienen derecho a participar y a ser protagonistas de la historia, después de casi 16 años de oír mentiras, se mantendrán protestando en las calles y posiblemente no volverán a votar  por los candidatos que seguramente también  impondrán para las elecciones parlamentarias del 2015, y hasta es factible que sufraguen en contra.

           
Todo indica que estamos en presencia de una crisis política que se origina en las contradicciones de una prédica socialista y una práctica capitalista de Estado, que ha mantenido engañados a miles de venezolanos a quienes no se les han solucionado sus problemas económicos y sociales, pero que ven muy  de cerca cómo muchos de los jerarcas del gobierno, que Chávez llamaba pata en el suelo, se enriquecen de la noche a la mañana. El verbo hipnotizador de los  herederos del Presidente no existe  e incluso su voluntad de hacer algo por su pueblo, se ha estrellado, después de 16 años de gobierno, contra una realidad económica y social que no admite políticas equivocadas que ya fracasaron en otros regímenes totalitarios o de simple tendencia autocrática.

           
En el supuesto de que algunos de los candidatos a diputados que ganen las elecciones en 2015, y los  obliguen a aplicar la misma política de hegemonía de la cúpula Cabello-Maduro, negándole al pueblo el ejercicio de los derechos que la Constitución del 99 les otorga, la crisis política no podrá ser contenida con las dádivas que ya no permiten los bajos precios del petróleo, a las colas desesperantes para conseguir comida y medicinas,  y la inflación incontenible.
           
La mayoría de sus políticas, las más importantes, anunciadas en las últimas Leyes Habilitantes, al ser tomadas sin consultar y menos discutir con su “Estado Mayor” militar y político, ha profundizado seriamente  la crisis del cabello-madurismo, lo que constituye un rotundo fracaso del personalismo, del autoritarismo, también por obsoleto y antihistórico, que lo conducirá a una segura derrota en las elecciones parlamentarias del 2015, si la oposición en general, partidos políticos, candidatos independientes y la sociedad civil, se presentan unidos.

 



 

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NI GOLPE NI AUTOGOLPE

Juan Páez Ávila

02-07-2015

 

A propósito de las amenazas de Maduro

 

Los demócratas rechazamos todo tipo de golpe de Estado, mientras para los golpistas algunos son buenos y otros son condenables, según sus intereses personales y sus ambiciones de poder. Hugo Chávez no sólo encabezó un golpe de Estado fallido el 4 de febrero de 1992, sino que además  convirtió ese día en un fecha patria para sus partidarios, mientras su heredero trata de mover cielo  y tierra  para endilgarle conspiraciones y golpes  militares a luchadores democráticos como Antonio Ledezma y María Corina Machado, e inventa delitos contra Leopoldo López, líder emblemático de la lucha por la libertad y el progreso del país. 


El cinismo del Comandante Chávez y su heredero con relación a los golpes de Estado ya es conocido en nuestro país, cuando para tratar de tapar la crisis económica, social y política que crearon, han acusado a todos sus adversarios de enemigos golpistas, mientras su gobierno viola constantemente la Constitución Bolivariana, porque ya no  le sirve para sus planes autoritarios. El fracaso de  la política de Hugo Chávez, imitado por su sucesor Nicolás Maduro, ya es evidente, de extender su socialismo estalinista a pequeños y pobres países del subcontinente latinoamericano, cuyos pueblos resultan manipulables con ayudas miserables que no les permiten superar la pobreza, sino ser nuevos esclavos de la nueva oligarquía que forman los nuevos ricos, embriagados de poder y de dinero malhabido.

           
Sin embargo, los demócratas debemos reafirmar nuestras convicciones de lucha por la libertad, el bienestar y la paz de nuestras naciones.
Es posible que algunos lectores pudieran pensar que es un exabrupto que en la Venezuela de hoy se pueda llamar a establecer un diálogo civilizado, en medio de una crispación política provocada fundamentalmente por el discurso agresivo y procaz del Presidente de la República y del Presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la experiencia política mundial e incluso nacional indica que la democracia, no obstante   ser el mejor sistema de relaciones creado por el ser humano para convivir en sociedad, pasa por  momentos críticos, conflictivos que la colocan borde del abismo, el camino que ha encontrado hacia el progreso y la libertad ha sido rescatar el entendimiento pacífico. El espejo de la primera y segunda guerras mundiales y de nuestras matanzas fraticidas serían suficientes para ilustrar a los más obcecados partidarios de la violencia, pero también tenemos la reciente lección que ha dado el exitoso movimiento estudiantil con sus luchas por la defensa de la libertad de expresión, enarbolando las banderas de la paz, los partidos políticos y  diversos sectores de la sociedad civil, por la unidad nacional. De allí que la conclusión lógica y racional es que la solución de la presente crisis política se alcanzará mediante la lucha democrática, no mediante  el golpe ni el autogolpe.

           
La consolidación de la democracia en Venezuela requiere desterrar de la mente de los venezolanos la menor intención o idea de golpe o autogolpe militar o cívico militar, para resolver los graves problemas económicos y sociales que confronta nuestra sociedad. La experiencia no sólo de nuestra pequeña historia, si la contamos a partir de la independencia y constitución como república, o de nuestra larga existencia si nos referimos a  la época precolombina y posterior presencia u ocupación del territorio por  los españoles con todas sus instituciones –políticas, sociales y económicas- del momento, y su prolongado mestizaje con indígenas y africanos,  nos enseña que 1a violencia únicamente ha servido para  destruir la economía creada por nuestros antepasados, profundizar la desigualdad social y hacer más incierto el futuro de libertad, progreso, desarrollo y bienestar de la población.
         
Y aunque la violencia generalmente comienza con la muerte, casi siempre termina con la paz, mediante el diálogo entre los adversarios o enemigos que tienen u ostentan el poder, convencidos de que ninguno puede liquidar al otro por la fuerza. Para rescatar la democracia chilena, los demócratas que negociaron el retorno a la libertad, tuvieron que pasar el trago amargo, por decir lo menos, de nombrar a Pinochet Senador Vitalicio y Comandante del Ejército, después de haber dirigido un golpe militar sangriento, asesinado a miles de chilenos y exiliado a otros miles. Los chilenos disfrutan la libertad y consolidan sus instituciones, a las que en mucho contribuyó a crear el venezolano Andrés Bello.

 



 

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PERIODISTAS EN SU DÍA

Juan Páez Ávila

23-06-2015

                                                                                 

                                                                         El periodismo es el mejor oficio del mundo

 

                                                                                                    Gabrel García Márquez

 

La convocatoria de Periodistas por la Libertad de Expresión a todos los comunicadores sociales sin distinción de ideologías políticas, a marchar por la defensa de las libertades públicas establecidas en la Constitución Nacional Bolivariana, es en principio una demostración de que en el colectivo de los periodistas, como en el de los estudiantes, existe un potencial de disidencia que puede y debe contribuir a elevar el nivel de oposición a la tendencia autoritaria del régimen del heredero del Presidente Chávez. Lo expongo en condicional porque es necesario  confirmar, en los próximos días o meses, que la marcha no será la única forma de protestar por las violaciones a la libertad de expresión con motivo los múltiples atropellos que han sufrido centenares de periodistas en diferentes ciudades del país

           
El cerrojo político que le han puesto a la mayoría de los medios de comunicación social impresos y radioeléctricos, ha afectado a densos sectores populares que disfrutaban de una programación libre y podían seleccionar los programas de sus preferencias,   y a los jóvenes estudiantes  universitarios de comunicación social, que ven nublado su futuro sin libertades para ejercer sus profesiones y sometidos a una hegemonía comunicacional,  que tiende a derivar en un pensamiento único. El protagonismo libertario de los periodistas está a la vista del país y del mundo, y todo parece indicar que será histórico.

           
El gremio de  periodistas tiene tantas o más razones para asumir una actitud de lucha permanente por la defensa de las libertades ciudadanas. Según estadísticas que rigurosamente llevan varios directivos y ex directivos del CNP, en el gobierno del Presidente Chávez y en el de su sucesor se han abierto aproximadamente 300 juicios a periodistas y medios de comunicación social. 10 periodistas han sido asesinados y varios tienen hasta 3 juicios abiertos. Al vespertino Tal Cual le han abierto decenas de procedimientos en los tribunales, le impusieron una multa de más de 100 millones de bolívares con la evidente intención de quebrarlo económicamente y existe un acoso policial y judicial contra numerosos periodistas y medios de la capital, como es el caso de El Nacional y del portal web La Patilla, a los que habría que agregarles la negativa del gobierno a venderles papel a varios periódicos  del interior de Venezuela.

           
De allí que las marchas el  Día del Periodista en Caracas y otras ciudades del país, con la presencia de otros gremios puede ser el inicio de la convergencia de diversos sectores sociales en defensa de las libertades constitucionales  y en general del Estado de Derecho.  

           
La directiva Nacional del CNP y las regionales han asumido con valentía la defensa de sus agremiados y requieren el apoyo de todos los demócratas del país y del mundo que disfruta de una libertad fundamental, como la libre expresión y difusión del pensamiento, esencia de la democracia y de la convivencia pacífica de ser humano, en un universo apuntalado por la globalización de las nuevas tecnologías de la comunicación, motor del progreso humano material y espiritual.


 

 

 

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EL GOLPE ELECTORAL

Juan Páez Ávila

20-06-2015

El heredero de  extinto comandante en jefe y cuanto adulante se acerca a un micrófono, cargado de miedo por lo que indican las encuestas en torno a la derrota que les espera en las elecciones parlamentarias, inventan conspiraciones, en las cuales Hugo Chávez fue un gran planificador durante 10 años antes del intento de golpe de Estado en 4 de febrero de 1992. Esta farsa le sirve para acusar a la oposición de estar tramando la desestabilización de su régimen, y  pedir a los Poderes Públicos que controla, como el llamado Poder Moral y el Legislativo, que abran sendas investigaciones, para buscar culpables, que de antemano saben que sólo existen en su entorno de oportunistas, que consideran que está llegando el final  de su mandato y de su vida política en las próximas elecciones.   


Lo que desestabiliza al Presidente de la República y en especial a los chavistas duros que no creen en la alternabilidad en el poder, es la proximidad de un inevitable golpe electoral que a finales del 2015 le propinará la mayoría de los venezolanos.

           
El golpe electoral parece ineludible porque después de 16 años de gobierno del Chavomadurismo y en particular de sus gabinetes y sus gobernadores y alcaldes,  quienes en su mayoría, según todas las encuestas conocidas, son repudiados por su ineptitud para administrar los dineros públicos y por su corrupción inocultable y en muchos casos ostentosa.

           
E incluso, aunque trataran de convertir las elecciones parlamentarias  en un plebiscito, el golpe electoral tendrá una contundencia similar, porque la administración central también ha sido y es cuestionada por la incapacidad y la corrupción que se eleva a la enésima potencia, al extremo de quedar al desnudo hasta fuera de nuestras fronteras. Esa misma administración centralista ocupa uno de los últimos lugares en el mundo en materia de eficacia y transparencia, y uno de los primeros en el manejo inescrupuloso de más de 2 billones  de dólares durante los 16 años de gobierno. No hay mayores posibilidades de que los estrategas electorales del madurismo logren ocultar el fracaso de una revolución de papel sustentada en un discurso demagógico y populista, que consiguió engañar por varios años a un buen sector depauperado de la población, asustar a la clase media dirigente con el exterminio y a los productores con la confiscación o expropiación de sus bienes, pero que hoy Leopoldo López, Ceballos, Ledezma y demás presos políticos lo enfrentan con coraje y decisión.

           
El discurso incendiario, “antiimperialista” del heredero del Comandante Chávez ha perdido gran parte de su conexión con los sectores populares, que en poco tiempo descubrieron la manipulación de que son objeto y hoy protestan casi todos los días en las colas para comprar comida, en diferentes ciudades del país, y por el incumplimiento de sus promesas. El discurso nacionalista se ha agotado con el empobrecimiento de la clase media, víctima de la inflación y los bajos sueldos, y por la quiebra de más de la mitad de las industrias que existían para 1998 cuando ascienden al poder.

 
En síntesis, la delincuencia organizada desde las alturas del poder y la acusación, aún por probar desde luego, de tráfico de drogas de algunos altos jefes de inteligencia del régimen, hacen indetenible el GOLPE ELECTORAL  del 2015. Por eso la Mesa de la Unidad Democrática debe continuar siendo  muy contundente al rechazar todo nexo con los supuestos conspiradores entre los que tienen las armas legal o ilegalmente, la Fuerza Armada Nacional por mandato constitucional y las Milicias chavomaduristas por abuso de poder y miedo  a que la oficialidad institucionalista se niegue a obedecer órdenes violatorias de la Carta Magna, como sería el desconocimiento de los resultados electorales, proclamado por algunos de sus altos jefes militares identificados con su proyecto político y con el comunismo Castro madurista.

           
Por tales razones el gobierno no ha podido probar ninguna investigación sobre  la supuesta conspiración de los partidos, grupos independientes y personalidades que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Éstos han dado demostraciones, como lo ha ahecho Antonio Ledezma, de que ningún demócrata auspicia aventuras golpistas, no sólo porque saben que todas estarían condenadas al fracaso como la que comandó Hugo Chávez el 4F, si no también por la sólida convicción democrática de que la mayoría de los venezolanos quieren paz, reconciliación y progreso. De allí la realización de las  elecciones primarias para escoger los candidatos de la Unidad Nacional y  prepararse para ganar las elecciones en el último semestre de 2015.

 

 

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AUTORITARISMO Y DIÁLOGO

Juan Páez Ávila

09-06-2015

 

El ex Presidente de España, Felipe González, que estuvo de visita en nuestro país con la firme y sincera voluntad de un demócrata, que defiende los Derechos Humanos, y aspiraba ver a todos los presos políticos, ha debido regresar al continente europeo, con la convicción de que en Venezuela el diálogo entre el gobierno y la oposición, por ahora, se hace imposible, porque existe un régimen autoritario, que concentra todos los Poderes Públicos en el Ejecutivo, y considera que sus políticas, a pesar de la crisis económica, social y política que han generado, pueden y deben ser impuestas mediante la manipulación de las leyes y de ser necesario apelando a la violencia.


En el gobierno del extinto Presidente Chávez, y en los primeros meses del de su heredero,  se dieron algunos pasos para el diálogo con el sector empresarial estableciendo mesas en las que se sentaron algunos empresarios y representantes oficialistas, con el sector gremial al convocar el Ministro de Educación Superior, a los profesores, estudiantes y autoridades de las Universidades Autónomas para la discusión y posible solución a la recurrente crisis universitaria, y con la Alta Jerarquía de la Iglesia Católica solicitando su mediación para enfrentar el problema del desarme,  pero siempre se  negó a establecer un diálogo con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que representaba y representa el 50% o más del electorado nacional.

           
El autoritarismo de su heredero Nicolás Maduro le ha dado un giro a la política oficial, a tales extremos que no sólo no se reúne con la oposición política, sino que  rompió todo diálogo con el mundo económico y social, y se ha limitado a dirigirse a los suyos para exigir obediencia a sus políticas desastrosas.

           
Estos hechos revelan lo complicado y difícil que es  creer en la voluntad del gobierno para dialogar, así el llamado provenga del  cuestionado Presidente, que busca su legitimación en el exterior, desconociendo el factor político, sin el cual no se podrá resolver la presente crisis.  

           
En nuestro país, afortunadamente no estamos en guerra, pero existen peligrosas manifestaciones  de violencia en los barrios populares entre bandas armadas de diferentes signos, aunque con predominio del hampa común que también amenaza a la clase media y a toda la población. Sin embargo existe un estado de permanente violación de la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en nuestra opinión requiere un diálogo de interés nacional, para restablecer el Estado de Derecho.

           
La  violación de la Carta Magna ha sido una práctica  frecuente, antes y después  de la decisión del Presidente de la República extinto, de designar al Vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, como su sucesor, incluso como se dice en corrillos políticos, con la intervención de los hermanos Castro, hoy la crisis de la nación se ha agravado, por el predominio, en el verdadero ejercicio del poder, de un grupo de generales cuestionados internacionalmente por la supuesta violación de los Derechos Humanos.

           
Y aunque más de 30 ex Presidentes y Jefes de Estado del mundo democrático  han llamado a un diálogo nacional, y  han dado algunos pasos para que se produzca la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados, todavía existe un largo trecho por transitar para que se vean los frutos de la aspiración de muchas familias venezolanas de recibir en sus hogares a sus seres queridos, que están tras las rejas o en el ostracismo.


Por tales y muchas otras razones, para evitar males mayores resulta imprescindible, en nuestra opinión,  iniciar cuanto antes un gran diálogo constitucional, entre representantes del gobierno, disidentes, independientes  y miembros de la oposición, para restablecer el Estado de Derecho. Para ello es necesario dejar de lado a los talibanes y extremistas del oficialismo y de la oposición, que desde posiciones muy  cómodas, por lo general exclusivamente teóricas, les piden a los líderes que conducen la administración pública y la lucha por un cambio democrático, que radicalicen sus enfrentamientos. Cualquiera sea la conducta del cuestionado Presidente y de su incapacidad para seguir al frente de la  nación y resolver los problemas fundamentales que afectan a la mayoría de los venezolanos, los demócratas debemos seguir indisolublemente vinculados y apegados al texto de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

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LA BRÚJULA DEL COMANDANTE

Juan Páez Ávila

08-06-2015

           
Después de varias victorias electorales a lo largo de sus primeros 8 años de gobierno, al sufrir su primera derrota el 2 de diciembre del 2007 el Presidente de la República perdió el norte de la brújula que mantuvo en sus manos exitosamente con la ayuda de su carisma, de su discurso populista y la cooperación de algunos veteranos operadores políticos que lo  abandonaron o los echó de su entorno, cuando creyó que su proyecto de revolución del socialismo del siglo XXI, sólo lo podía dirigir y ejecutar él, en Venezuela y en toda América Latina.

           
Todas sus decisiones orientadas a recuperar el terreno perdido y avanzar en la materialización de su revolución, lo alejan cada día más de la realidad nacional e internacional, donde había logrado un importante apoyo con los aportes de su chequera de petrodólares. Son tantas las resoluciones que ha tomado el Comandante en Jefe que lo han colocado en las encuestas en una estrepitosa caída, que es imposible referirse a todas en un breve artículo. Pero 3 ó  4 son suficientes para determinar el rumbo de su proyecto, que resulta indetenible hacia una derrota definitiva.

           
El cambio de gabinete, primera y gran oportunidad para dar señales de cambio en las políticas públicas que el momento le exigía para tratar de superar la inflación que agrava los niveles de vida de los más pobres, la inseguridad que azota a toda la sociedad, el desabastecimiento que llena angustias a la mayoría de los venezolanos que no consiguen alimentos de primera necesidad, la falta de viviendas que ya produce visibles protestas de los propios chavistas engañados. Nada de eso lo podrá lograr con el enroque o el ascenso que hizo de algunos de sus amigos y subalternos, la mayoría militares educados para obedecer lo que se les ordene.

           
La rendición de cuentas a la Asamblea Nacional, otro momento importante para explicarle al país que lo oía en cadena, los logros de su proyecto político, dedicó a increpar a sus ministros y  otros colaboradores, por qué después de 8 años de revolución no había leche, pollos, ni carne; por qué la inseguridad, la falta de control de la inflación, la poca construcción de viviendas, como si las políticas públicas no las hubiese ordenado él.

           
La celebración de 4 de febrero en una guarnición militar, cuyo discurso estuvo orientado a comprometer a todos los militares con las sinrazones de su intento de golpe de Estado, y a señalarles a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes, cuyos territorios ocupados limitan con Venezuela. Lo primero es un peligroso ejemplo para golpistas, y lo segundo una exaltación del terrorismo que expone a nuestro país a enfrentamientos militares internacionales.

 

 

 

 

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PRESOS Y EXILIADOS

Juan Páez Ávila

 

04-06-2015

El sucesor del Presidente Chávez no tiene justificación política para mantener en prisión a Leopoldo López, al Alcalde Ceballos y a más de 80 presos políticos, en la casa por cárcel al Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma,   y en el exilio a centenares  de venezolanos que piensan distinto a él, ni siquiera porque las encuestas que ha mandado a realizar desde Miraflores y se han filtrado al público, le hayan ratificado que lo más probable es  que pierda las próximas elecciones, porque la Constitución Nacional Bolivariana establece la alternabilidad en el poder.

           
En la tradición política latinoamericana y venezolana en particular, en  momentos críticos o difíciles de nuestras naciones, la amnistía y la reconciliación en el mundo político han estado presentes como símbolos de grandeza humana y de espíritu americanista de  gobernantes y gobernados, que buscan crear un clima de paz y sosiego sin dejar de pensar distinto. La iniciativa generalmente la toman los gobernantes victoriosos, cuando consideran que sus regímenes gozan de estabilidad debido a la fortaleza de las instituciones y a la legitimidad de sus mandatos.

           
Cuando el Presidente Caldera en su primer mandato pacificó al país, garantizándole a los guerrilleros que podían ejercer sus derechos constitucionales, sin dejar de pensar distinto a él, si abandonaban la violencia; y en su segundo ejercicio presidencial liberó al difunto Presidente y a los oficiales y suboficiales presos por golpistas, lo hizo no sólo como buen cristiano, sino también seguro de que la democracia en vez de debilitarse se fortalecería.

           
La negativa presidencial de liberar a los presos políticos, revela que el verdadero mando lo tienen los militares cuestionados internacionalmente por violación de los Derechos Humanos, que aspiran perpetuarse en el poder, para lo cual la garantía es que  la mayoría de los presos políticos siga ente rejas y otros en el exilio, quienes tendrán que  esperar del triunfo de la oposición en las próximas elecciones parlamentarias, para iniciar un período de diálogo  y entendimiento para fortalecer las instituciones de la democracia, aprobar una Ley de Amnistía y crear las condiciones para un gobierno sin perseguidos ni perseguidores. Una razón más para que los demócratas sufraguen por los candidatos de la Alternativa Democrática, para que el país  pueda  encontrar un rumbo de paz y reconciliación, para comenzar a transitar caminos de entendimiento y progreso de la mayoría, hoy seriamente afectada, descompuesta, por la aplicación desde el poder de una política sectaria, discriminatoria e irresponsable, de un gobernante que se considera eterno, pero cuyo mandato pude ser revocado mediante un Referendo, según todas las encuestas realizadas en los últimos meses.

 
La decisión  de liberar a los presos políticos y permitir el regreso de los exiliados, no sólo será una de las más sencillas y magnánimas a tomar, sino también la demostración de la creencia y confianza de la nueva Asamblea Nacional, en la consolidación de la democracia apoyada por una amplia mayoría de venezolanos civiles y militares. Únicamente la amenazará  una minoría de resentidos y cómplices de irregularidades en el manejo de los fondos públicos durante los 15 años del mandato del Chavomadurismo. Incluso es de esperar que una mayoría de chavistas no comprometidos en delitos de lesa humanidad, se acoja a la política de la Alternativa Democrática, de paz y reconciliación de los venezolanos, para poder avanzar hacia un país de progreso, desarrollo sostenido y bienestar de la población.

 

 

 

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LA BRÚJULA DE MADURO

Juan Páez Ávila

29-05-2015

Todas sus decisiones de Nicolás Maduro orientadas a recuperar el terreno perdido y avanzar en la materialización de su revolución, lo alejan cada día más de la realidad nacional e internacional, donde su comandante supremo había logrado un importante apoyo con los aportes de su chequera de petrodólares. Son tantas las resoluciones erradas que ha tomado el heredero del Comandante en Jefe que lo han colocado en las encuestas en una estrepitosa caída, que es imposible referirse a todas en un breve artículo. Pero 3 ó  4 son suficientes para determinar el rumbo de su proyecto, que resulta indetenible hacia una derrota definitiva.

 

Después de 2 años de gobierno el Presidente de la República perdió el norte de la brújula que su extinto comandante mantuvo en sus manos exitosamente con la ayuda de su carisma, de su discurso populista y la cooperación de algunos veteranos operadores políticos que lo  abandonaron o los echó de su entorno, cuando creyó que su proyecto de revolución del socialismo del siglo XXI, sólo lo podía dirigir y ejecutar él, en Venezuela y en toda América Latina.

           
El cambio de gabinete es el mismo reciclaje de su antecesor, que no da señales de cambio en las políticas públicas que el momento le exige para tratar de superar la inflación que agrava los niveles de vida de los más pobres, la inseguridad que azota a toda la sociedad, el desabastecimiento que llena angustias a la mayoría de los venezolanos que no consiguen alimentos de primera necesidad, la falta de viviendas que ya produce visibles protestas de los propios chavistas engañados. Nada de eso lo podrá lograr con el enroque o el ascenso que hizo de algunos de sus amigos y subalternos, la mayoría militares educados para obedecer lo que se les ordene.


Ningún ministro rinde cuentas a la Asamblea Nacional, ni al pueblo en general, para explicarles  por qué después de 15 años de revolución no hay leche, pollos, ni carne; por qué la inseguridad, la falta de control de la inflación, la poca construcción de viviendas.

           
La celebración de 4 de febrero en una guarnición militar, cuyo discurso estuvo orientado a comprometer a todos los militares con sus políticas y  las sinrazones del golpe de estado, constituyendo primero es un peligroso ejemplo para golpistas, y  segundo una exaltación de la violencia  que expone a nuestro país a enfrentamientos no sólo entre venezolanos,  sino también con sectores democráticos  internacionales.

           
Al perder el norte de la brújula el timonel Nicolás Maduro ha agravado la crisis económica y social, que ha levantado un conjunto de rumores, entre los que sobresale una mayor crisis política que puede conducir a una transición de gobierno, con la participación de importantes sectores del chavismo democrático y descontento y de grupos de la oposición. Amanecerá y veremos.

 



 

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LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

Juan Páez Ávila

19-05-2015

 

Frente al cerco económico por parte del gobierno contra las universidades autónomas que las puede conducir a un cierre técnico y a la emigración de su personal docente altamente calificado, por los bajos sueldos asignados a dedo por el Ministro de Educación Universitaria, resulta imprescindible rechazar y condenar la permanente agresión a las primeras casas de estudios del país.


En la totalidad de los países donde se han instaurados regímenes totalitarios, mediante golpes de Estado o a través de elecciones, que una vez en el poder lo utilizan para liquidar las instituciones de la democracia, una de las  primeras medidas represivas las han dirigido contra las universidades, especialmente contra aquellas que disfrutan de autonomía. Y en algunos casos como el que estamos viviendo en nuestro país, cuando  se pretende imponer un régimen de pensamiento único,  pero como no  las pueden controlar desde adentro, tratan de ahogarlas económicamente restringiéndoles el presupuesto que por ley les corresponde, o interviniéndolas por la fuerza para someterlas a los planes dictatoriales del gobierno.

           
La suma de agresiones a las principales  casas de estudios superiores sin lugar a dudas que responde a una política, por demás equivocada, del gobierno del heredero del Comandante Hugo Chávez para tratar de someterlas y obligarlas a ponerse al servicio de su  proyecto revolucionario, que denomina Socialismo del siglo XXI, a pesar del fracaso que el mismo  experimentó en todos los países del este de Europa y en otras naciones del mundo, donde regímenes tiránicos intentaron implantarlo.

           
La utilización de grupos paramilitares para aterrorizar a estudiantes y profesores y crear las condiciones de anarquía provocada por la violencia, para después  acusar a las autoridades de ser las responsables de una supuesta  ingobernabilidad, posiblemente esté dirigida para luego propinarles el zarpazo definitivo, utilizando la Asamblea Nacional para que modifique la Ley de Universidades o de Educación en general, para destituir a las autoridades electas democráticamente y proceder a su intervención militar. Y aunque el dogmatismo estalinista les haga creer que poseen la única verdad que existe en el mundo,  para imponerla a los centros de la inteligencia, donde no sólo se cultiva la ciencia, la tecnología y el saber humanístico, sino también el pensamiento crítico, la paz y la democracia, podrán ocuparla militarmente y atropellar estudiantes y profesores, pero no lograrán ponerla al servicio del atraso, del personalismo y del militarismo.

 
En una época en que el conocimiento se duplica  cada dos años, el grupo de dogmáticos formados en los manuales del estalinismo, que asesora al  heredero del difunto Comandante en Jefe, lo empuja cada día más hacia un desastre, aprobando políticas económicas y sociales que profundizan la recesión económica, la inflación, el desempleo y la inseguridad de las personas y los bienes, liquidando paulatinamente la propiedad privada. Y como la Universidad Autónoma sigue siendo el centro crítico de la política y de la cultura en general, contrariando la verdad única que creía poseer el extinto comandante supremo, y también  quienes le acompañaron en el gobierno, y  hoy controlan el país, no encuentran otra forma de enfrentar la inteligencia que dirige la Universidad, que la utilización del cerco económico.


De allí las múltiples agresiones de que han sido víctimas las Universidades Autónomas, desde que Hugo Chávez decidió radicalizar su proyecto político dirigido a controlar todos los Poderes Públicos y las instituciones de la ciencia y la cultura, históricamente llamadas a enfrentar la barbarie del caudillismo militarista, disfrazado de socialismo del siglo XXI, que el Presidente desaparecido  pretendió, y hoy  sus herederos pretenden, imponerle a los venezolanos. Pero como lo indica la experiencia, todavía reciente, del fracaso de los tiranos que trataron someter a sus naciones a los delirios de sus mesianismos, de sus demencias de grandeza, e incluso de nuestro General dictador, Marcos Pérez Jiménez, que inventó un  ¨ Nuevo Ideal Nacional,¨ buscando engañar incautos y perpetuarse en el poder, cuando agredió a la Universidad también fracasó. El Comandante Chávez ayer, y hoy Nicolás Maduro, con su socialismo del siglo XXI, impregnado de fascismo,  comunismo y caudillismo tropical, también serán derrotados por la Universidad que propicia la democracia y la paz, entre los venezolanos.

 



 

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EL SALARIO MÍNIMO

Juan Páez Ávila

15-05-2015

El decreto por parte de Nicolás Maduro de un aumento del 30 %, pagadero en dos parte, e incluso el correspondiente a sueldos de empleados de la Administración Pública central y descentralizada, provocó diversas reacciones en contra que se expresaron en las dos manifestaciones que  con motivo del día internacional del trabajador convocaron los representantes del oficialismo y los de la Alternativa Democrática.

 

Una resolución unilateral, poniendo de  lado la contratación colectiva sobre el aumento del salario mínimo y el sueldo de los empleados públicos, ratifica la permanente denuncia de la oposición acerca del carácter personalista y autoritario del heredero de Hugo Chávez, que sólo piensa en cómo mantenerse y perpetuarse en el poder, sin importarle la opinión de la sociedad venezolana. 

           
Mientras el oficialismo, con la presencia de Nicolás Maduro, justificaba los porcentajes de los aumentos de sueldos y salarios, como una máxima expresión de la justicia social concebida por la revolución del socialismo del siglo XXI, en la marcha de los factores disidentes destacó la consigna: ¨!Y cuál revolución… si este gobierno es hambre, miseria y corrupción!¨.

           
Mientras Nicolás Maduro llamaba a defender la revolución porque sólo en el socialismo se puede disfrutar de las prestaciones sociales que dignifican la vida del trabajador y su familia, pero se niega discutir los contratos colectivos, los trabajadores constatan cuando van al mercado que el aumento del salario mínimo de 30%, no les alcanza  cuando existe una inflación que en los últimos 2 años sobrepasa el 90%.

           
Nunca como en este 1º  de Mayo de 2015 había quedado tan claro, tan nítido, el rompimiento de los trabajadores con el gobierno que se hace llamar obrerista, cuando el jefe del socialismo del siglo XXI, no atendió sus justos reclamos por salarios y sueldos  acordes con el alto costo de la vida.

           
Nunca como en este 1º de Mayo había quedado tan patente no sólo la unidad, en los planteamientos reivindicativos del movimiento sindical venezolano, sino también la solidaridad de los Partidos Políticos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y de la sociedad civil, a los trabajadores que laboran en la empresa pública y privada, acusando a este gobierno de ser el peor patrono contra quien hayan tenido que luchar a lo largo de la historia contemporánea del país. Un patrono que se ha propuesto destruir los sindicatos de los trabajadores y los gremios como los de los profesores universitarios, en nombre de un socialismo autocrático al estilo soviético y cubano, que niega los derechos de obreros y profesionales al servicio del Estado el derecho constitucional a organizarse para defender sus reivindicaciones económicas y sociales.

           
Hasta estos momentos, 2 años después de su asunción al poder, Nicolás Maduro no ha podido acabar con las organizaciones sindicales ni gremiales, porque una mayoría de los trabajadores ha consolidado su conciencia democrática y creado un nuevo sindicalismo, con respaldo de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) los estudiantes y otros sectores de la sociedad civil, muchos de los cuales apoyaron en principio el gobierno del extinto Comandante Presidente, en la creencia de que profundizaría la democracia y acabaría con la corrupción.

           
Pero aunque Maduro ha utilizado sin escrúpulos los resortes del poder para aplastar al movimiento sindical y gremial de los venezolanos, desde la oferta engañosa, la permisividad de la corrupción a sus más cercanos colaboradores, oportunistas de ocasión, el soborno, las dádivas, hasta la represión, se ha encontrado con una nación, que si bien en su mayoría sigue viviendo en la pobreza, también vivió largos períodos democráticos, durante los cuales se cometieron muchos errores, pero se construyeron las principales obras de la infraestructura física y económica del país que dio trabajo a millones de venezolanos, que hoy defienden sus derechos con clara conciencia antidictatorial.  Por eso el desengaño de chavistas democráticos y honestos es cada día mayor, y una evidente mayoría  puede acudir a las Elecciones Parlamentarias  para provocar la derrota del gran impostor, que trató y todavía pretende consolidar un socialismo autoritario, que ya fracasó en todos aquellos países que trataron de  imponerlo por la fuerza y contra la voluntad ciudadana.

 



 

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LAS  PRIMARIAS DE LA MUD

Juan Páez Ávila

08-05-2015


Aunque las elecciones primarias en la totalidad de los circuitos pareciera ser lo más democrático y así lo han planteado destacados dirigentes independientes de la oposición, con la inscripción de 120 candidatos unitarios, que participarán en las elecciones primarias, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se  alcanzó o produjo  uno de los hechos políticos más importantes del momento crítico que atraviesa el país, y le abre un claro camino a la victoria de la Alternativa Democrática en las elecciones de finales de este año, según políticos y analistas de gran experiencia en este tipo de contienda electoral.


El éxito de las elecciones primarias para escoger 42 candidatos a diputados a la Asamblea Nacional, de la Alternativa Democrática, se puede considerar no sólo como el primer paso importante para que el electorado participe directamente en la selección de sus candidatos, sino también como un ejemplo de que la Mesa de la UNIDAD DEMOCRÁTICA acertó al aprobar unas reglas en las que se contemplan varios  métodos o formas de  elección, para consolidar la unidad de decenas de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales (ONG)   y gremios estudiantiles y profesionales.

           
Las reservas de muchos observadores e incluso veteranos de otrora frustraciones en disputas internas, para escoger candidatos  por el método de las primarias, no sólo por el costo de las mismas, sino también, y esto era lo más grave, por la descalificaciones de los candidatos entre sí, que al final los resultados dejaban ciertas heridas y resentimientos políticos, que ponían en peligro la Unidad de los partidos, fueron disipadas. Y aunque es posible que las  primarias  dejen alguna estela de disgustos en aquellos que no resultaron ganadores, el objetivo de la Unidad para concurrir a las elecciones convocadas por el CNE para este año, obligará a superar los momentos difíciles que conlleva toda derrota.

           
Este importante eslabón en lo que debe ser una cadena de éxitos en el futuro inmediato, requiere de una profundización de la conciencia  democrática, que se extienda a otros sectores de la sociedad que históricamente se han negado a votar, y que convenza a importantes grupos e individualidades del chavismo, acerca de la sinceridad y firmeza para defender una política de reconciliación nacional, de respeto a los derechos del adversario y de búsqueda de un clima político para trabajar juntos por el bienestar de la mayoría  de la población, golpeada por la inflación, la inseguridad, el desempleo y la falta de vivienda, y de todos los derechos individuales y sociales que establece la Constitución de 1999.

           
Y como la democracia se construye todos los días, con el ejemplo y el actuar políticos, la mesa parece servida, pero el mandado no está hecho todavía, se requiere consolidar la unidad, en un sistema de relación civilizada, como el que ha imperado en la oposición, que la ha convertido en Alternativa Democrática. Los inevitables descontentos individuales porque perdieron en las primarias o no fueron seleccionados por consenso, deben incorporarse a la campaña por el triunfo de los candidatos ya elegidos mediante las reglas aprobadas por unanimidad de los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática. Si alguien se postula por iniciativa propia, por ambición personal, podría ser duramente castigado por los electores.

 



 

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INFLACIÓN HACIA  EL BARRANCO

Juan Páez Ávila

01-05-2015

 

Por todas las políticas económicas y sociales que viene ejecutando el gobierno, cuyos resultados son evaluados por especialistas para medir su impacto en la inflación, el alto costo de la vida, en la recesión económica, la liquidación del aparato productivo del país y por lo tanto el desempleo, la inseguridad y la criminalidad entre los más pobres con saldo de decenas de muertos y heridos todos los días, el deterioro de la salud y la ineficiencia administrativa unida a la corrupción generalizada, con grave incidencia en los últimos días  con el descubrimiento de miles de  millones de dólares sacados de contrabando del país, por la valija diplomática, parecen indicar que el Presidente Maduro va camino hacia un barranco político. Importantes sectores populares, hoy duramente golpeados y desencantados por los efectos de la crisis económica y social que diariamente toca las puertas de sus hogares humildes y desabastecidos, difícilmente lo defenderán rodilla en tierra, como suelen amenazar los inquilinos de Miraflores.


Después de 15 años durante los cuales tanto  Hugo Chávez como su heredero Nicolás Maduro se han negado a dialogar con la oposición política, con los empresarios y trabajadores sindicalizados, excepto en algunos momentos cruciales por los que ha atravesado el gobierno, la sociedad venezolana ha sido dividida y cargada de tensiones, de odio, como consecuencia de un discurso virulento, lleno de amenazas contra el adversario político, al que ha convertido en su enemigo. Los ataques han sido permanentes, una y dos veces a la semana cuando  encadena la radio y la televisión, en los que además anuncia al país sus cambios de ministros y sus políticas públicas en general.

           
Y aunque resulta insólito, que conocido el fracaso de esas mismas políticas, en todos aquellos países que las aplicaron durante décadas, asesorado por algunos militantes y dirigentes  de la extrema izquierda, que todavía manejan los esquemas del estalinismo, el Comandante Chávez trató de imponerlas, con el nombre de socialismo del siglo XXI, lo cierto es que a Maduro  estos expertos en manuales de la extinta Unión Soviética, lo empujan   hacia un despeñadero político, al que pueden arrastrar a todo el país, salvo que  la mayoría de los electores acudan a votar por una alternativa democrática en las próximas elecciones.

           
Entre el barranco, que lo puede llevar  a un juicio nacional o internacional, y el diálogo que lo puede preservar como jefe de la oposición, reconciliado con sus enemigos, que pasarían a ser simples adversarios, podría estar la única alternativa de la posible vigencia política de Nicolás Maduro. Para reconciliar el país, el Presidente  tendría que sacudirse los dogmas supuestamente revolucionarios, que lo inclinan creer que inexorablemente está llamado a restaurar el comunismo que ya no le sirve ni a Cuba, como la afirmara el propio Fidel Castro. Hoy en la era de la globalización y de la consolidación de la democracia en occidente, y de la búsqueda de la misma en aquellos países en los que imperó el estalinismo, nuestro país no merece más atraso, ni más miseria ni más muertos. Y en la época de la guerra electrónica, sería importante que el  Presidente, reúna a su Estado Mayor de la FAN y evalúe con sus integrantes, cuáles fueron las consecuencias del enfrentamiento del 5º. Ejército del Mundo que comandaba Sadam Hussein, con el imperio, al que el Comandante en Jefe insultaba y ahora Nicolás Maduro repite los insultos  y desafía  cada vez que tiene un micrófono por delante, y le evitaría más sufrimiento al pueblo venezolano, del que él y su familia también forman parte. Y si consulta con la Presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, podría preguntarle por qué negocia con, y no desafía al,  imperio, si ella dirige la novena u octava economía del mundo, y  sus reservas petroleras no son tan abundantes, ni corren peligro, como decía el propio Chávez y repite  Maduro, que pasa en Venezuela, a pesar de que han  vendido el 40% de los yacimientos petroleros a las transnacionales y venden casi un  millón de barriles de petróleo diarios al imperio.

           
Finalmente, la Alternativa Democrática tiene que prepararse para ganar las próximas elecciones y defender los resultados electorales, como dispone la Constitución Nacional vigente.

 

 

 

 

 

 

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TOTALITARISMO COMUNICACIONAL

Juan Páez Ávila

22-04-2015

Las demandas del Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra los directivos de Tal Cual, El Nacional y la Patilla  podría ser el paso final para pasar de la política de hegemonía  que ejerce el gobierno sobre los medios, al totalitarismo comunicacional cuyas consecuencias políticas tendrán repercusión nacional e internacional.

           
Todos los gobiernos totalitarios tienen entre sus objetivos fundamentales el control de la opinión pública y de todos los aspectos relacionados con la educación y la cultura de la sociedad, incluyendo el deporte, para lo cual se les convierte en imprescindible imponer un totalitarismo comunicacional. Fue lo que hicieron Stalin en la Unión Soviética y todos los regímenes comunistas en aquellos países cuyos gobiernos respondían a los lineamientos del dictador ruso de entonces, y lo que queda en Cuba y Corea Norte como los últimos vestigios del pensamiento único.

           
Y  aunque el  Presidente de la Asamblea trate de justificar jurídicamente, con alguna decisión de algún tribunal de la República, el cierre de varios medios de comunicación social e incluso la prisión de sus directivos, tendrá claros efectos políticos sin descartar que los interesados apelen a otras instancias jurídicas en el país, lo que les permitirá acudir a organismos internacionales en concordancia con acuerdos firmados por Venezuela y que son de obligatorio cumplimiento, salvo que el Gobierno del heredero del extinto Presidente Chávez decida violarlos y retirarse de dichos organismos.

           
Si no hay una solución en los tribunales venezolanos el caso no se cerrará jurídica ni políticamente, porque como sucedió con la no renovación de la concesión a RCTV, el cierre de 33 emisoras de radio, no fueron una simple medida administrativa de CONATEL, sino una resolución política con el evidente objetivo de lograr la hegemonía comunicacional para controlar la opinión de la sociedad venezolana y amedrentar a otros medios y a periodistas que no compartan  las políticas gubernamentales. De allí que el enfrentamiento tenderá a agudizarse en los próximos días y meses, porque un importante sector de la sociedad se verá afectada, que incluye a chavistas y no chavistas, con el cierre de cerca  del 80% de los medios radioeléctricos, quienes  en sondeos de opinión anteriores, rechazan que el gobierno le ponga un cerrojo a centenares de emisores en todo el país, con cuya programación en  general se sienten identificados.

           
Como muchas de las políticas del difunto Presidente de la República, seguidas por Nicolás Maduro, la confiscación, expropiación compra a través de testaferros, de  varios medios de comunicación ha sido coreada por representantes de  los demás Poderes Públicos, como una demostración de que el Ejecutivo tiene todo el poder necesario para ordenar que se haga lo que la voluntad de su jefe decide. Posiblemente Diosdado Cabello no consultó, porque no tiene a quién o por subestimación a sus colaboradores, y la medida tendrá un alto costo político al ser rechazada por un importante porcentaje de los chavistas, que no ven los medios públicos por mentirosos e insultantes. Lo que viene no es fácil de predecir, pero si surgen  protestas y se mantienen en la calle y en los medios el costo le será mayor y la crisis política se agravará.

           
Y si a esto agregamos el posible cierre de otros importantes periódicos como El Impulso, El Carabobeño y El Correo del Caroní, por falta de papel controlado por el gobierno, la mayoría de la sociedad democrática debe consolidar su unidad para enfrentar el totalitarismo que el cabellomadurismo  trata de imponer, y abrirle un rumbo de libertad y progreso al país.


 

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DE LA VI A LA VII CUMBRE

Juan Páez Ávila

16-04-2015

 

La VI Cumbre de las Américas convocada fundamentalmente para discutir la creación de empleos, el combate a la pobreza, el tráfico de drogas, la inequidad, la defensa del medio ambiente y acceso a las nuevas tecnologías, culminó sin consenso, por la no convocatoria a Cuba, la inasistencia de Ecuador, Venezuela y Nicaragua, pero con Declaración  final en la que se expresó la esperanza de que en la próxima Cumbre estaría presente Cuba y posiblemente ya no existiese la dominación de las Islas Malvinas por parte de Inglaterra. La VII Cumbre convocada para discutir sobre Prosperidad y Equidad: El Desafío de la Cooperación de la Cooperación en las Américas, contó con la presencia de Cuba, también terminó sin consenso, porque el gobierno de Nicolás Maduro pretendió incluir en la Declaración final, un párrafo condenatorio de una supuesta amenaza de los Estados Unidos a Venezuela, por eliminarle las visas y congelarles las cuentas en territorio norteamericano a 7 altos funcionarios gubernamentales, acusados de violación a los Derechos Humanos.

           
Sucedió lo que ya es tradicional, hasta hoy, que toda Cumbre que reúna Jefes de Estado y de Gobierno del Continente, aunque no  logre consenso en todos los temas que se presentan en cada Agenda para su discusión y aprobación, siempre deja algunos resultados positivos para aquellos países que tienen intereses comunes que defender, y desde luego deja una estela de frustración en los gobernantes que aspiran imponer sus ideologías fracasadas en diferentes partes del mundo, como guía para salvar a las naciones.

           
Lo positivo de esta VII Cumbre, celebrado en todo el mundo democrático,  fue el encuentro de Estados Unidos y Cuba en un diálogo histórico que inicia una nueva etapa en las relaciones norte-sur en el continente americano. Es inevitable que habrá dificultades y que el avance

en la normalización total de esas relaciones será lento, pero de indudables progresos para todos los pueblos de América.

           
El fracaso compete a la política fantasiosa y antidemocrática de Nicolás Maduro, de pretender imponer la ideología autoritaria de su gobierno, conocida por sus fracasos en todos aquellos países, como la Unión Soviética, que la impusieron en su territorio y la extendieron a otras naciones.

 

Y aunque este enfrentamiento ya forma parte del debate en el continente americano, no ha tenido la  trascendencia, hasta el momento, para desplazar los objetivos iniciales de la Agenda de la VII Cumbre y convertir ésta en una nueva decepción, se dialogó con respeto y firmeza entre el Sur y el Norte, y los países de Hispanoamérica hablaron con más autonomía frente a los Estados Unidos, sin afectar las relaciones de interés mutuo.

           
Sin embargo, y a pesar de los pocos avances que se han logrado en anteriores Cumbres de las Américas, la experiencia mundial indica que ese es el único camino que pueden transitar con éxito las naciones civilizadas. Teniendo como factor determinante los intereses económicos de cada país, el diálogo resulta irrenunciable para buscar el equilibrio, la complementariedad de las economías y preservar la democracia.

           
Lo que contribuyó a salvar la realización de la VII Cumbre de las Américas, fue la Cumbre paralela en la que las organizaciones civiles expresaron libremente sus ideas democráticas y condenaron a los regímenes autoritarios, lo que seguramente tendrá mayor participación y repercusión en las próximas reuniones que contribuyan a la unidad del continente.   

Europa se unió, a pesar de las diferentes lenguas y concepciones de la política, atendiendo a los intereses de la mayoría de sus ciudadanos. Asia se unió y creó una de los grandes conglomerados del mundo con un desarrollo extraordinario. Ambos bloques establecieron el libre comercio entre sus integrantes y se abrieron a los mercados mundiales. Eso es lo que nos espera y conviene a nosotros.

 

 

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REPRESIÓN SIN PRECEDENTES

Juan Páez Ávila

10-04-2015

La tendencia autocrática y personalista de Nicolás Maduro, real o producto de la imitación al extinto Presidente Chávez, sólo le ha permitido iniciar su gestión con un aparente apego a la legalidad del país, después que el CNE lo proclamó ganador en unas elecciones cuestionadas por la oposición, y le   otorgó  el derecho  a ejercer  funciones de gobierno. En la medida que considera que pierde esas facultades, comenzó a restringir los derechos de la oposición hasta llegar una represión sin precedentes en el país, ordenando la detención del líder fundamental de Voluntad Popular, Leopoldo López, y de los Alcaldes Antonio Ledezma, Ceballos y Scarano –este último hoy en  libertad después de cumplir una condena arbitraria e ilegal-  y hasta ha terminado persiguiendo a quienes le apoyaron para ascender al poder, si tratan de disentir de algunas de sus decisiones unilaterales.

           
La represión en el ejercicio del poder  rompe las reglas que caracterizan a un régimen democrático, de una forma abrupta y violenta o con aprobación de una legislación especial que le ha permitido gobernar sin impedimento alguno, sin descartar la violación de la legislación vigente.        En una época como la actual, en la que las naciones democráticas han creado organizaciones multinacionales y han hecho aprobar una legislación respetuosa de los derechos humanos y de las instituciones y poderes públicos independientes, el camino hacia la tiranía se dificulta y obliga a los autócratas a preservar cierta apariencia de legalidad. De allí la condena, por parte del gobierno de los Estados Unidos, de 7 altos funcionarios del gobierno venezolano, acusados de violar los Derechos Humanos de centenares de ciudadanos detenidos y torturados en las sedes de los cuerpos policiales.


La crisis política, económica y social que atraviesa el país requiere que el gobierno ponga en práctica un diálogo sincero, que comience con la libertad de los  presos políticos,  porque la represión policial y la intervención de los grupos paramilitares afectos al régimen, fotografiados por miles de personas que asisten a las marchas y por los organismos de inteligencia civiles y militares, no puede conducir a una solución a corto plazo, y si se prolonga las consecuencias son impredecibles, pero de ninguna manera convenientes para la estabilidad del régimen.

           
El repudio a los colectivos armados por el gobierno con armas de guerra,  violando el texto constitucional que establece que las armas de guerra sólo las pueden tener y portar los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, ha colocado la vida de la nación en una seria encrucijada, porque  dichos colectivos son considerados por altos representantes del gobierno, como el baluarte que garantiza  la revolución socialista y bolivariana. ¿Quién garantiza la vida de los venezolanos, la soberanía nacional y el orden público nacional, si estos grupos paramilitares son utilizados para reprimir y asesinar a estudiantes y ciudadanos pacíficos que manifiestan contra algunas políticas gubernamentales? La respuesta debería estar en manos o en poder de las autoridades nacionales, pero si el Poder Ejecutivo controla a los demás Poderes Públicos y, además, arma grupos paramilitares represivos y criminales, el pueblo queda indefenso, porque ante la actuación de esos grupos la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional también denominada Bolivariana, se hacen la vista gorda, es decir, no protegen a la población desarmada.
           
Crisis mayor por su gravedad y repercusión nacional e internacional no se ha conocido en la historia contemporánea del país. Si no es posible establecer un diálogo sincero, patriótico, de interés venezolano, el futuro es incierto.

 

 

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LA POBREZA INDETENIBLE
Juan Páez Ávila

04-04-2015

El aumento de la pobreza durante los dos años de gobierno del Presidente  Nicolás Maduro, al pasar del 25 al 32%, según cifras publicadas y refrendadas por economistas independientes, qe investigan día a día la marcha de la economía nacional, se agrava por las consecuencias de una política económica oficial que se viene aplicando desde los tiempos del mandato del difunto eterno  Hugo Chávez Frías, y todo para indicar que se hará indetenible mientras no cambien las políticas equivocadas que vienen aplicando.

Esas políticas, aunque son conocidas por la mayoría de los lectores y particularmente por los empresarios de la ciudad y de campo que sufren directamente las consecuencias desastrosas de las expropiaciones, confiscaciones de industrias y fincas agropecuarias en plena producción, con la supuesta justificación de que hay que luchar contra el latifundio. Con la aplicación de dichas políticas no sólo arruinaron a los propietarios de haciendas e industrias que las venían trabajando durante toda sus vidas e incluso por generaciones anteriores de quienes las heredaron, sino que las convirtieron en chatarra y campos desolados, porque las pusieron en manos de militantes políticos sin ninguna preparación para el trabajo, que actualmente requiere de gerencia y tecnología para ser productivos y poder concurrir al mercado internacional.

Y si a estas políticas erradas le agregamos el desestímulo a la inversión tanto nacional como mundial, la conclusión no exagerada al afirmar que la pobreza se hacer indetenible en el futuro mediato e inmediato. Pero hay más, con la política de las misiones sociales que la convirtieron en dádivas para crear una clientela política que les dio resultados favorables por varios procesos electorales, con la caída de los precios del petróleo el gobierno se ha visto obligado disminuir la cantidad de dinero que regalaban, con lo han convertido a los que ya no reciben dichas ayudas, en pobres de solemnidad. Y ello porque en vez de crear fuentes de trabajo, preparar a los pobres y darles empleo, los corrompieron social y sicológicamente, porque no han aprendido un oficio y se acostumbraron a la vagancia remunerada.

Y lo más graven en perspectiva es  que si no hay un cambio de gobierno, cuyos sucesores apliquen un conjunto de medidas de orden progresista, que impulse la industria, la agricultura, y cree un poderosa infraestructura material, más un proceso de educación  y salubridad para la mayoría de los venezolanos, no solo pobreza continuará por un tobogán sin resistencia alguna, sino que podría producirse una explosión también indetenible.

La alternativa a semejanza panorama desastroso es la unidad de la mayoría de los ciudadanos de la oposición, que incluya a un amplio sector del chavismo descontento con el gobierno de Maduro y obtener una contundente victoria en las elecciones parlamentarias, para desde la Asamblea Nacional concertar una solución definitiva a toda la problemática nacional.



 

jpaezavila@gmail.com




CORRUPCIÓN SIN FRONTERAS

Juan Páez Ávila

27-03-2015

C
ada año, cada mes, cada semana y cada día que transcurre en nuestra accidentada historia contemporánea, los herederos del  Presidente Chávez se empantana en un sistema de corrupción sin precedente alguno, y como en un tremedal de inmoralidades se hunden irremediablemente, del que sólo se salvarán los ingenuos votantes y los disidentes que  creyeron en un cambio pregonado por el discurso altisonante del comandante ¨supremo¨, y que han comenzado a abandonar a los cómplices del engaño ante el increíble desnudo en que los dejan las corruptelas que salen a la luz  pública, a escala internacional.

Aunque son muchas las investigaciones y su correlativa denuncia que han realizado numerosos periodistas y medios de comunicación, sobre casos de corrupción que han cometido altos funcionarios públicos amparados en la indiferencia o complicidad de los Poderes Públicos, lo que se ha descubierto en los bancos de Andorra, Madrid, Panamá y Estados Unidos, unido a lo que han denunciado ex –altos funcionarios y otros disidentes del chavomadurismo, como el saqueo a la nación a través de Cadivi, por empresarios de maletín, sin responsable alguno, colma los extremos de la corrupción.

Si para algunos esto no fuese suficiente para condenar a altos funcionarios del gobierno de madurocabellismo, en el Senado del Congreso de los Estados Unidos acaban de denunciar supuestos nexos y complicidad de algunos militares y civiles que constituyen la cúpula gubernamental, con el terrorismo, el narcotráfico y el lavado de dinero, que ponen en peligro la seguridad del mundo democrático. Y todo indica que las investigaciones continuarán y las sanciones se extenderán hacia todos los funcionarios que aparezcan vinculados al crimen organizado en perjuicio de la sociedad democrática universal.

Transcurrido ya  15 años de un ejercicio de gobierno entre promesas para unos y amenazas para otros, entre pasos atrás y luego adelante según los indicadores del dogmatismo estalinista, el país ha comenzado a evaluar a Nicolás Maduro, más por los resultados de su gestión administrativa, que por su verbo violento y mentiroso, cada vez menos convincente. Más del 80% de los venezolanos piensa que la crisis económica y social que viven los venezolanos  es responsabilidad de Maduro y sus colaboradores, y además el Presidente no tiene capacidad para resolver dicha crisis.

La mayoría de los pobres, a quienes el difunto  logró sacar del clóset, siguen siendo pobres, con la excepción de los que Dietrich, el creador del socialismo del siglo XXI y antiguo asesor ideológico, ha señalado como la boliburguesía  que surgió al amparo de la corrupción, y que constituye una burla a ese pueblo que creyó en las promesas de cambio.

Y el otro sector de los venezolanos que temió la llegada del comunismo y por lo tanto la confiscación  de sus propiedades, ha sufrido los embates de la arbitrariedad y del militarismo, que desde el poder  que hoy ejerce Nicolás Maduro, para obligarlos a vender sus bienes personales, para fortalecer un Estado capitalista y la nueva oligarquía del dinero formada por amigos y partidarios del Presidente, que se burlan del socialismo del siglo XXI que les permite enriquecerse rápida e ilegalmente.

Entre los pobres de siempre y los nuevos ricos, el discurso de Maduro se desvanece por fantasioso y demagógico. Los primeros lo abandonan  cuando perciben que no les alcanzan las ayudas cuando les llegan, o los sueldos y salarios que se los traga la inflación. Los segundos, los boliburgueses,  alistan sus maletas, aunque algunos ya están en el exterior tratando de disfrutar su riqueza mal habida, hasta que los descubra justicia internacional que puede actuar contra delitos que no prescriben.

 

 

 

 

 

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DESAFÍO Y PROVOCACIÓN
      

Juan Páez Ávila

22-03-2015

Para una mayor concentración de poder en su persona, la aprobación de una nueva Ley Habilitante,  otorgada al Presidente de la República por la Asamblea Nacional, para legislar ejecutivamente, constituye no sólo una violación a disposiciones expresas de la Constitución Nacional vigente, sino también, y como consecuencia de esta trasgresión, un desafío y una provocación a la oposición democrática que se prepara para concurrir pacíficamente a las elecciones parlamentarias de finales de este año 2015, y en las que el chavismo sin Chávez, descontento con el gobierno de Nicolás Maduro, puede  abstenerse o votar en  contra de sus candidatos y provocarle una contundente derrota.

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En la proximidad de unas elecciones parlamentarias en las que el Presidente escogerá a la mayoría de los candidatos del PSUV, que posiblemente concurran a unas elecciones primarias férreamente controladas,  la aprobación de la nueva ley habilitante es también un desafío a los electores para que le otorguen  más poder, particularmente los incondicionales u obedientes a su mandato. Maduro desafiante se juega su aspiración de un futuro continuista,  porque la sociedad civil saldrá a votar masivamente en su contra. Si todo transcurre, como es de esperarse, pacíficamente, Nicolás Maduro sabe, por las encuestas que ha mandado a realizar, que  puede ser derrotado y generar una impredecible desestabilización de su régimen, que lo obligue a rectificar o a renunciar antes de someterse a un referendo.


El otro objetivo de la aprobación, aparentemente  improvisada, de esta  ley habilitante  puede ser provocar una reacción violenta de algunos sectores de la sociedad, que desesperados llamen a la abstención electoral y al desconocimiento del gobierno, lo cual le permitiría al heredero del extinto  Comandante profundizar la represión. Y de allí en adelante aplicar su ley habilitante violando la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, contra toda la oposición y los disidentes del chavismo sin Chávez.


Por la experiencia nacional e incluso mundial, la protesta debe mantenerse en el marco de la legalidad, porque esos decretos leyes que puede aprobar Maduro, afectarán a la mayoría de la población, que tiene la oportunidad de derrotar al maduro-cabellismo en las urnas electores en noviembre o diciembre cuando convocan las parlamentarias, modificar  la correlación de fuerzas y provocar un cambio significativo que neutralice y anule su tendencia autoritaria y militarista.


El gobierno atraviesa su peor momento, cuando el mundo democrático condena la violación de los Derechos Humanos, el Presidente de los Estados Unidos,  Barack Obama,   sanciona a 7 altos funcionarios acusados de atropellar y torturar a centenares de estudiantes y ciudadanos que les acompañaban en sus protestas pacíficas, solicitando, como la establece la Constitución la renuncia de Maduro. Cuando el universo democrático también condena la utilización de grupos parapoliciales y paramilitares armados para reprimir y disparar contra manifestantes pacíficos. Y para agravarle la crisis al gobierno se destapa la olla podrida del robo a Cadivi y el lavado de dineros públicos por parte de PDVSA en bancos europeos y latinoamericanos, cuyas consecuencias son difíciles de prever, porque son decenas o centenares de altos funcionarios corruptos los descubiertos, más los protegidos por la DEA, quienes acusan de tráfico de drogas al llamado Cartel de los Soles. Todo parece indicar que estamos frente a una peligrosa bomba de tiempo.   

 

 

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LA ONU Y LOS DERECHOS HUMANOS

Juan Páez Ávila

12-03-2015

V
enezuela ha firmado todos los Convenios Internacionales que se han aprobado bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, sobre cuyo tema hemos escritos varios artículos, pero la persistente manipulación que hacen los voceros del gobierno, para tratar de hacer aparecer contra Venezuela, las sanciones que aprobó el Presidente norteamericano contra varios funcionarios gubernamentales acusados de violación de los Derechos Humanos de centenares de estudiantes y otros venezolanos, detenidos durante las protestas sociales que comenzaron el 12 de febrero del año 2014, solicitando la renuncia del Presidente Nicolás Maduro, tal como está establecido en la Constitución Nacional Bolivariana, más la incomunicación y los atropellos en general de que son víctimas los presos políticos de la prisión militar de Ramo Verde, encabezados por Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos,  nos obliga no solo a volver sobre el tema de los Derechos Humanos, sino también a dejar testimonio de nuestra protesta contra cualquier invasión militar, incluyendo la cubana,  contra nuestro país.


El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Sin embargo,  la cultura de la violencia gubernamental ha  predominado en la historia de nuestra nación, con mayor gravedad en los últimos años.


Nicolás Maduro hace llamamientos a la paz y al diálogo, pero   el mundo democrático ha constatado la manipulación que hace del poder judicial para llevar a  prisión de Leopoldo López y de los Alcaldes Antonio Ledezma del Área Metropolitana de Caracas y  Daniel Ceballos,  de San Cristóbal, Estado Táchira,   imputar a María Corina Machado, primero de magnicidio y después de conspiración, y la persecución a los principales dirigentes de Voluntad Popular, un  Partido Democrático al que pretende ilegalizar y extinguir

 
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA ha recibido varias  denuncias,  que prueban centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas,  víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces hayan presentado pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.


El gobierno no ha permitido la visita de algunos representantes de la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA, porque saben que podrían  comprobar la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, condenada por El Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela.  Si por ahora estos violadores de los derechos humanos no pueden ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad, deben averiguar que éstos no prescriben y osu impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.


De allí que   algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional.



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ELECCIONES PRIMARIAS DE LA MUD
Juan Páez Ávila

04-03-2015

E
l acuerdo mayoritario que lograron los partidos y otros grupos políticos e independientes que conforma la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para realizar elecciones primarias en la mayoría de los circuitos electorales creados por el CNE, y la elección por consenso de los candidatos de las listas, constituye un acierto importante para satisfacer las aspiraciones de los electores, que exigen participar en la escogencia de sus candidatos. Y aunque casi nunca es posible lograr unanimidad en este tipo de elección, porque son muy diversas y hasta contradictorias las opiniones de los integrantes de la MUD, seguramente habrá algunos tropiezos difíciles de evitar, pero que deben ser resueltos inteligentemente, porque lo que está planteado es la recuperación de un sistema democrático, que ha sido violentado por una élite autoritaria de militares y civiles, que el extinto presidente Hugo Chávez contribuyó a encumbrar en el poder violando la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela.

Si la alianza de los distintos sectores políticos que hacen oposición al gobierno autocrático de Nicolás Maduro, es capaz de entender que las aspiraciones políticas legítimas de cada uno en particular, deben colocarse en un segundo plano o  posponerlas en lo inmediato, la crisis que atraviesa el régimen en lo económico, político y social le puede facilitar un triunfo contundente en las elecciones parlamentarias de este año 2015. Todas las encuestas indican que más del 80% de las personas consultadas acerca de la conducción del país por Maduro y sus colaboradores, opina que no sólo  lo están haciendo mal, sino que tampoco  tienen capacidad para superar la crisis en la cual han metido a la nación.

En estos momentos la política del gobierno se concreta a profundizar la represión selectiva contra la oposición, con el objeto de tratar de atemorizar a la población e inclinarla a no votar, porque saben que les espera una segura derrota, y una mayoría parlamentaria de la oposición puede y dar comienzo a una transición hacia la democracia, respetando a la minoría oficialista, pero obligándola a  cumplir lo establecido en la Constitución Nacional. Por ejemplo, la independencia de los Poderes Públicos, el control de la Administración de los dineros de la nación, la libertad de expresión del pensamiento de todos los ciudadanos, la aprobación de una Ley de Amnistía para liberar a todos los presos políticos y permitir el regreso de los exiliados, que dé comienzo a un verdadera reconciliación de los venezolanos.

De allí que el entendimiento de la Alianza mayoritaria de la oposición en estas elecciones primarias resulta vital para recuperar el imperio de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela. De no ser así continuaríamos hacia un despeñadero, empujados por la inseguridad de las personas y de los bienes, la escasez, el desabastecimiento, la inflación y el desempleo, la obra magna del cabello madurismo, que supera con creces a la herencia caótica que recibieron del difunto comandante.

Estamos presenciando que el gobierno vive sus momentos más críticos, desfavorables, difíciles de superar porque sus políticas responden a un modelo mundialmente fracasado. Y la oposición, unida al chavismo descontento, atraviesa su mejor momento para ganar ampliamente las elecciones parlamentarias, reconciliar a los venezolanos, sin odios, sin venganzas, con justicia, con la grandeza de un pueblo civilizado.

 

 

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ANTONIO LEDEZMA
Juan Páez Ávila

24-02-2015

La detención  del Alcalde Mayor del Área Metropolitana de Caracas, además de arbitraria e inconstitucional, sin una orden de un tribunal competente, constituye una provocación a la Mesa de la Unidad Democrática, para tratar de inclinarla a realizar protestas violentas que justifiquen una mayor represión y un decreto, por parte del gobierno, de un Estado de Excepción, que impida la realización de las elecciones parlamentarias, en las que se sabe derrotado por una amplia mayoría, con la cual debería entenderse como sucede en todos los regímenes democráticos.

La arbitrariedad es ya un procedimiento característico del gobierno de Nicolás  Maduro, en lo que supera a su mentor el extinto Presidente Hugo Chávez y lo acerca a la dictadura cubana de los hermanos Castro, de la época de los peores momentos de la represión contra el pueblo de la Isla de Martí. Por eso Antonio Ledezma presentía una detención de naturaleza brutal, por lo que estaba preparado para enfrentarla con el coraje y la di